La Delegación Asturiana de Derechos Humanos destaca el impulso al proceso de paz en Colombia

Señala en positivo el avance de la reforma agraria, pero advierte de la persistencia de la violencia contra los líderes sociales.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

“Alentamos al gobierno nacional a persistir en la búsqueda de la Paz Total a pesar de las dificultades. Reconocemos su esfuerzo por cumplir el Acuerdo de Paz suscito por el Estado y las FARC y el renovado propósito del gobierno y del ELN por avanzar en los diálogos respondiendo al llamado de una población cansada de la guerra de la que sacan dividendos los sectores más reaccionarios de la sociedad”. Este es uno de los mensajes de la Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia, recién regresada a casa tras 15 días recorriendo el país latinoamericano.

La 20 misión asturiana, formada por integrantes de ONG´s, sindicatos y partidos de izquierdas, destaca que haya “avances significativos en el presupuesto para comprar tierras con destino a la reforma agraria, la puesta a disposición de activos incautados a las mafias, el impulso a la zonas de reserva campesina y la entrega de fincas cañeras a los pueblos indígenas, todo ello supone medidas efectivas y visibles para desactivar el núcleo histórico de la guerra, la desigualdad en el campo, y un incentivo para poner en cumplimiento el Acuerdo de Paz”.

La delegación ha constatado sin embargo con preocupación el aumento de la actividad armada por parte de grupos mafiosos y disidencias de las FARC-EP, las malas condiciones en las cárceles, la violencia contra mujeres y personas LGTB, los problemas de vivienda y la persistencia de los asesinatos de líderes sociales: 51 en lo que llevamos de año.

La misión se entrevistó para elaborar sus conclusiones con organizaciones indígenas, sindicatos, partidos, movimientos estudiantiles, la embajada de España, la ONU, la Ministra de Agricultura, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.

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