El Conceyu contra la Incineración ha solicitado que se cumpla la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre La Pereda y que se anule la resolución del Gobierno de Principado que ha permitido a Hunosa retomar las obras.
Según informó el jueves la empresa pública, los trabajos de construcción de la central de biomasa de La Pereda, en Mieres, avanzan “al ritmo previsto” tras la recepción de la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción concedida a Hunosa por parte de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.
El Gobierno del Principado otorgó a la empresa a finales de marzo la autorización para seguir adelante con el proyecto de La Pereda, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulase en enero la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permitían a Hunosa transformar la central.
A este respecto, el colectivo ecologista ha denunciado que el Gobierno del Principado haya decidido que las obras sigan adelante “pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló decisiones clave sobre el proyecto de La Pereda”.
Para ello, el Ejecutivo asturiano “se apoya en elementos ya anulados por el tribunal, como la Declaración de Impacto Ambiental, lo que resulta incompatible con el cumplimiento de la sentencia dictada”, ha subrayado el colectivo.
Ante esta situación, el Conceyu Contra la Incineración ha acudido de nuevo al TSJA para solicitar la ejecución provisional de la sentencia y la nulidad de la resolución del Principado que permite a Hunosa “continuar con un proyecto cuya legitimidad ya ha sido cuestionada judicial y socialmente”.
En opinión de este colectivo, “seguir adelante con las obras sin aclarar los aspectos señalados por el tribunal carece de lógica y puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva”.
La organización ha reclamado que se suspendan las autorizaciones ambientales en los aspectos que la sentencia considera “insuficientemente definidos”, para “no avanzar en lo que aún no está bien explicado ni evaluado” y que se aclaren “qué partes del proceso pueden mantenerse y cuáles deben revisarse”.
Además, han solicitado que se inicie una nueva evaluación ambiental completa, “con un proyecto revisado que cumpla lo dictado por el tribunal”, en vista “de las dudas sobre la legalidad de la nueva resolución tomada por la Consejería de Ciencia”.
