Desde el año 2006, con el gobierno de Felipe Calderón y la puesta en marcha de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las violaciones a los derechos humanos se vieron
fuertemente incrementadas en México, país con una larga tradición de terrorismo de Estado, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas, tanto a manos de policía y Ejército como de grupos paramilitares.
De 1964 a 2022 desaparecieron 100.000 personas en México según datos de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que destacó que “el 97% de las desapariciones cuya fecha se conoce sucedieron a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asumió el poder y el país instauró un modelo militarizado de seguridad pública”. Según el mismo informe de la ONU sólo en 35 casos se sentenció a los perpetradores de secuestros y desapariciones forzosas.
Calderón que el próximo 22 de mayo participará en Oviedo/Uviéu en Encuentro Ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo, fue el responsable de una controvertida militarización de la vida pública mexicana. Durante su mandato, miles de soldados fueron sacados a las calles bajo el pretexto de combatir a grupos de la delincuencia organizada, lo cual trajo como consecuencia mayores índices de violencia, y casos de violaciones a derechos humanos.
Durante su gobierno, del derechista Partido de Acción Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 9.228 quejas y 142 recomendaciones contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos, así como 2.126 casos de desapariciones forzadas.
Las cifras en todo caso no están claras, ya que por su parte, organizaciones de familiares de víctimas, de derechos humanos y organizaciones populares, denunciaron que durante el período de Calderón se registraron hasta 30 mil desapariciones forzadas.
Según un informe del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “la mayoría de las víctimas de desaparición forzada fueron jóvenes, trabajadores, migrantes y mujeres, personas que no pertenecían a movimientos sociales o a organizaciones políticas, y cuya desaparición fue justificada por el Estado como parte de la guerra contra el narco”.
Solo una minoría de estos “desaparecidos” fueron liberados con vida, otra parte fueron encontrados muertos y en su mayoría siguen en paradero desconocido.
