La catedrática de Derecho Mercantil Marina Sáenz estuvo este viernes en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo como invitada del acto Por la Ley LGTBIQA+, un encuentro que reunió a referentes del activismo y del ámbito académico en torno a los retos actuales de las políticas de igualdad. Presidenta del Consejo de Participación de las Personas LGTBI, vocal de la Comisión General de Codificación y coordinadora regional de Sumar en Castilla y León, Sáenz combina la reflexión jurídica con una larga trayectoria de defensa de los derechos humanos.
Con ese bagaje profesional e institucional, conversa con Nortes sobre la aplicación de la Ley 4/2023, las desigualdades aún persistentes entre comunidades, el uso político de las identidades y los retrocesos que amenazan el marco de derechos.
Su nombramiento como vocal en la Comisión General de Codificación este año ha tenido un valor simbólico evidente. ¿Cómo se vive ese papel entre la normalidad profesional y la carga de representar a un colectivo?
Estoy encantada con el nombramiento porque es un reconocimiento a una vida de desempeño profesional en el ámbito del Derecho Mercantil. En mi departamento ya hubo otros catedráticos que formaron parte de la Comisión, así que de algún modo doy continuidad a esa tradición. Es, ante todo, un reconocimiento estrictamente profesional, algo que valoro y agradezco mucho.
Han pasado dos años desde la aprobación de la Ley 4/2023, la llamada Ley Trans y LGTBI. ¿Qué ha funcionado y qué sigue atascado cuando una persona intenta ejercer sus derechos en una ventanilla o en un hospital?
Hay avances evidentes, pero también desarrollos que van demasiado lentos. El Ministerio del Interior no ha resuelto todavía los problemas de identificación de personas extranjeras que no pueden cambiar su sexo registral en sus países. Falta actualizar la instrucción de la Dirección General de los Registros sobre el procedimiento de cambio registral, y seguimos viendo desigualdades entre comunidades autónomas. No puede ser que los servicios sanitarios o de apoyo varíen tanto entre Baleares, Madrid o Andalucía. Y hay cuestiones que quedaron fuera, como el reconocimiento de las personas no binarias o el registro de bebés intersex, que necesita una reforma más razonable.
“Antes o después, alguien acudirá a los tribunales, como ocurrió en Alemania o en Nueva Zelanda, donde los jueces reconocieron la imposibilidad de forzar un registro binario.”
Identidades y marco jurídico
La propuesta para reconocer el género no binario en el DNI está sobre la mesa. ¿Qué implicaciones jurídicas reales tendría y cómo se evita que se convierta en un nuevo laberinto burocrático?
Tenemos un ordenamiento jurídico construido sobre un esquema binario y eso plantea dificultades. El reto no es solo cultural, sino técnico: ¿qué régimen jurídico se aplica después a las personas no binarias? Habrá que definir criterios interpretativos que permitan su inclusión sin romper la coherencia del sistema. Antes o después, alguien acudirá a los tribunales, como ocurrió en Alemania o en Nueva Zelanda, donde los jueces reconocieron la imposibilidad de forzar un registro binario. España llegará también a ese punto y conviene prepararse. Es una cuestión de tiempo. La jurisprudencia acabará abriendo esa puerta.
Desde abril de 2025 las empresas deben contar con protocolos LGTBI. ¿Qué diferencia a una empresa que cumple de verdad de otra que solo pone una bandera el 28 de junio?
La diferencia se nota en los hechos. Las empresas con más de 50 trabajadores ya deberían tener sus medidas implementadas; y las que están realmente comprometidas lo hacen aunque no estén obligadas. Cumplir es ofrecer igualdad efectiva, no marketing. En un momento en que algunos líderes internacionales arremeten contra las políticas de diversidad, estamos viendo qué compañías se mantienen firmes y cuáles se esconden. Ahí se mide la autenticidad del compromiso.
Leyes autonómicas y desigualdades territoriales
En Castilla y León avanza la ley autonómica LGTBI+ y en Asturias el Gobierno prepara la suya. Desde su experiencia, ¿qué debería copiar Asturias y qué debería evitar?
Las dos comunidades viven momentos distintos. En Castilla y León el Partido Popular lleva cuatro legislaturas dilatando la aprobación de la ley, y probablemente volverá a quedar pendiente. Asturias, en cambio, tiene la oportunidad de sacarla adelante. Además, cuenta con las estrategias nacionales LGTBI y Trans aprobadas en 2025, que ya marcan un camino claro. Si sigue esa guía, la ley asturiana puede salir sólida y bien articulada.
El itinerario sanitario sigue siendo desigual entre comunidades. ¿Qué medidas urgentes hacen falta para que el acceso a tratamientos sea equitativo y seguro en todo el país?
La primera ya está en marcha: la creación de los Centros Nacionales de Referencia (CESUR) para personas trans e intersex, que permitirán derivaciones cuando las comunidades no ofrezcan determinados servicios. La segunda es definir con urgencia qué incluye la cartera general de servicios del Sistema Nacional de Salud, porque algunas autonomías niegan coberturas como mamoplastias, foniatría o reproducción asistida. Necesitamos un criterio común o, al menos, un mecanismo de recurso frente a interpretaciones restrictivas. La igualdad sanitaria no puede depender del código postal.
“El problema es que la exclusión deportiva se usa como símbolo para excluirnos también de la vida social.”
Deporte, sociedad y exclusión
El deporte sigue siendo un terreno de controversia. ¿Existe un punto de equilibrio entre la igualdad competitiva y el respeto a las identidades?
Claro que existe. Lo primero es distinguir de qué deporte hablamos. En el deporte escolar o de base, no tiene ningún sentido excluir a una niña trans. En la alta competición ya existen protocolos claros. Se controlan los perfiles hormonales y fisiológicos como en cualquier atleta. En Tokio compitieron 32 deportistas trans y no hubo incidentes. El problema es que la exclusión deportiva se usa como símbolo para excluirnos también de la vida social: de los vestuarios, de los espacios comunes. Ese es el verdadero peligro.
El año pasado circuló un bulo sobre unas supuestas declaraciones suyas. ¿Cómo se combate la desinformación sin quedar atrapada en el barro?
Con dificultad, porque la legislación actual no protege lo suficiente. Ese bulo lo vieron cientos de miles de personas, mientras que los desmentidos apenas tuvieron difusión. Las redes no eliminan los contenidos falsos, y la ley no ofrece una vía eficaz para perseguirlos. En mi caso, el origen era un bot vinculado a una organización política, pero no se puede demostrar. Al final, lo único que puedes hacer es no entrar en el fango, abandonar espacios como X, que son pozos sépticos, donde el algoritmo está manipulado, y seguir trabajando desde la seriedad.
“Nada me hace pensar que los derechos sean irreversibles. Los derechos se defienden o se pierden.”
Trabajo, política y desafíos
Como catedrática de Derecho Mercantil, ¿qué ha aprendido sobre la discriminación en el mercado laboral?
Sin autonomía económica no hay igualdad real. Durante años, el gran reto de las personas trans fue el acceso al empleo. Aunque las generaciones más jóvenes empiezan a incorporarse mejor al mercado laboral, muchas personas mayores trans viven hoy en condiciones muy duras. Es un problema ya casi de asistencia social. Además, la discriminación se agrava cuando confluyen otros factores, como la migración. Por eso es tan importante mantener políticas activas de inclusión laboral.
Ha dicho alguna vez que “nos han usado como arma arrojadiza”. ¿Cómo se desactiva esa lógica en un país tan polarizado?
No es un fenómeno solo español. Ocurre en Estados Unidos, Hungría o el Reino Unido. Las personas trans nos hemos convertido en la primera trinchera de una batalla ideológica. Algunos partidos piensan que atacándonos ganan votos. Y no, nuestras vidas y nuestros derechos no son un debate. La respuesta debe ser más democracia, más normalidad y más sensatez. Los políticos deben dejar de comprar discursos antiderechos fabricados en redes y en laboratorios de odio.
Después de tantos años defendiendo la igualdad desde el Derecho y la vida, ¿qué le hace pensar que el cambio cultural es ya irreversible… y qué le sigue preocupando?
Nada me hace pensar que los derechos sean irreversibles. Los derechos se defienden o se pierden. Si la sociedad no permanece activa, la democracia también se erosiona. Las mujeres de la República pensaron que su derecho al voto y al divorcio estaban consolidados, y después vinieron cuarenta años de retroceso. Así que no demos nada por sentado. Hay que defender cada día, desde cada trinchera personal, los derechos humanos.
