La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia Casocia recurrirá ante los tribunales, si no se modifica, la normativa que pretende aplicar el Gobierno asturiano para regular los pisos turísticos, que incluye requisitos “que nunca antes se han exigido en España”, como la recepción presencial obligatoria en las primeras 24 horas o la prestación de servicios propios de hotel, incluida la limpieza.
Según esta asociación, el Ejecutivo asturiano “continúa avanzando en sentido contrario a la mayoría del país” con un borrador que también “genera una gravísima inseguridad jurídica” ya que no distingue entre zona urbana y rural, “impone criterios uniformes para realidades completamente distintas” y modifica de forma retroactiva normas y licencias otorgadas por la propia administración.
El borrador del decreto elaborado por el Gobierno asturiano fija estándares de calidad y seguridad en las viviendas turísticas, entre ellos, un baño por cada cuatro plazas, un sistema de monitorización de ruido, un plano de evacuación y señalización de salidas al exterior, conexión a internet o teléfono, salvo zonas sin cobertura, un extintor de 6 kilos polvo ABC por planta y botiquín y un límite de ocupación por superficie y máximo de ocho plazas.
Estos requisitos tienen plazos de adaptación diferenciados: de doce meses para cumplir la ratio de baños y las superficies mínimas y de seis meses para el resto de requisitos.
El decreto establece por primera vez para este tipo de alojamientos la recepción presencial dentro de las 24 horas siguientes a la entrada y la oferta de servicios turísticos, como reparaciones y mantenimiento o limpieza diaria.
Las viviendas deberán incluir su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado y localización exacta en cualquier tipo de publicidad o plataforma de comercialización.
También deberán facilitar información de normas internas, accesos, condiciones de uso, contacto de emergencias (112, Policía y Bomberos), horarios de entrada y salida y precios.
Para Casocia, es “preocupante” que el borrador no haya incluido modificaciones sustanciales pese al “elevado volumen de alegaciones” remitidas por profesionales, empresas y propietarios, y que exija requisitos únicos en el país que suponen elevar “los costes operativos a niveles propios de un gran hotel” pese a que el sector está integrado en su mayoría por pequeñas empresas, autónomos y familias.
La asociación ha advertido también que, si el decreto sigue adelante en los actuales términos, solicitará que se apliquen los mismos requisitos hoteleros a los establecimientos con menos de 15 habitaciones, apartamentos turísticos, casas rurales y de aldea, hostales, cámpings, albergues y pensiones en cuanto a sensores de ruido, recepción presencial o mínimo de dimensiones y ocupación.
Mayor control de los ayuntamientos
La propuesta de decreto desarrolla la capacidad de los ayuntamientos prevista en la Ley de Turismo y regula el informe municipal preceptivo y vinculante, que deberá determinar si la vivienda tiene carácter residencial, si la actividad de alojamiento turístico que se propone es conforme con el uso urbanístico previsto por la normativa municipal, la ocupación máxima y las condiciones medioambientales.
La norma “refuerza” la función de los concejos, a los que el Principado ofrece colaboración para el cumplimiento de la normativa mediante la suscripción de convenios para facilitar su implantación.
Además, el texto detalla los plazos de suspensión que pueden aplicarse en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, que van desde un período mínimo de seis meses a un máximo de cuatro años.
Entre esos incumplimientos figuran la falta del certificado de la comunidad, la inexistencia de seguro de responsabilidad civil, el incumplimiento de habitabilidad o seguridad o falsedad en la declaración responsable.
Las viviendas ya inscritas dispondrán de seis o doce meses, según el tipo de requisito, para adaptarse a la nueva regulación una vez entre en vigor.
La vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, ha destacado la utilidad de la norma en una comunidad que necesita “un turismo responsable, capaz de convivir con los vecinos y vecinas”.
Tras su paso por el Consejo Asesor de Turismo, el decreto continuará la tramitación por la Comisión Asturiana de Administración Local y el Consejo Consultivo para finalmente ser aprobado en Consejo de Gobierno.
