La gestión del agua se ha convertido en uno de los debates políticos más relevantes del actual mandato en Siero. El gobierno municipal defiende un cambio de modelo que supondría entregar el servicio a una empresa privada durante varias décadas, alegando la situación crítica de la red y la necesidad de acometer inversiones millonarias. Desde la oposición, Podemos denuncia que se trata de una privatización encubierta, fruto de años de falta de inversión y de una estrategia sostenida de debilitamiento de los servicios públicos. Silvia Tárano, concejala de Podemos Siero, explica por qué su formación rechaza la medida, alerta de sus consecuencias sobre el control democrático y el recibo del agua, y llama a la movilización ciudadana para frenar una decisión que, asegura, condicionará el futuro del concejo durante generaciones.
El gobierno municipal habla de externalización del servicio de aguas, pero ustedes hablan de privatización. ¿Por qué utilizan ese término? ¿Qué se privatiza exactamente y durante cuánto tiempo?
El término externalización es un eufemismo que se utiliza cuando da vergüenza lo que se está haciendo. Esto es una privatización en toda regla, porque se pretende entregar el servicio municipal de aguas a una empresa privada durante los próximos 30 años. No es una decisión puntual, sino una medida que condiciona el futuro de Siero durante décadas y que incluso ata de manos a futuros gobiernos municipales.
¿Qué cree que pierde el Ayuntamiento con este modelo?
El Ayuntamiento pierde la capacidad de gestionar el agua, pero quien más pierde es la ciudadanía. Lo que está reconociendo el actual equipo de gobierno es su incapacidad para gestionar un servicio básico, después de al menos diez años en el poder sin realizar las inversiones necesarias en la red. A pesar de presumir de una economía saneada, renuncian a gestionar el servicio y prefieren entregarlo a una empresa privada, perdiendo el control sobre un suministro que debería estar garantizado para toda la población.
Años sin inversión y deterioro del servicio
El PSOE justifica esta decisión por el mal estado de la red. ¿Quién es responsable de haber llegado a esta situación?
Ellos mismos. Durante los últimos diez años no se han realizado las inversiones necesarias en la red de agua, y eso se nota en las averías constantes. Es raro que pase una semana sin que reviente una tubería en algún punto del concejo. Además, la falta de personal, provocada por la amortización continuada de puestos de trabajo, hace que haya pueblos que se pasan dos o tres días sin agua cada vez que ocurre una avería. Esto es consecuencia directa de la inacción del gobierno municipal.
¿A qué atribuye usted el deterioro del servicio en los últimos años?
En primer lugar, no hablaría de falta de planificación. Llevamos mucho tiempo advirtiendo de que esto iba a ocurrir. Se han aprobado presupuestos claramente privatizadores, que recortan empleo público y precarizan los servicios, con el objetivo final de justificar la privatización. No solo ocurre con el agua: el servicio eléctrico está muy precarizado, el Patronato Deportivo Municipal tiene partes privatizadas, se acaba de licitar por más de 500.000 euros la atención al público de la Fundación Municipal de Cultura, se han privatizado servicios como nóminas, parques y jardines. No hay nada casual, es un plan deliberado y sostenido en el tiempo.
Un expediente que no acredita mejoras
¿Qué conclusiones extraen ustedes de los informes que acompañan al expediente?
Los propios informes municipales lo dicen claramente. Los informes de Secretaría e Intervención, elaborados tras analizar la memoria presentada por una auditoría externa, señalan que no existe ningún problema para continuar con la gestión directa del servicio. Ambas opciones, pública y privada, son económicamente viables. Por tanto, optar por la privatización es una decisión puramente política, no técnica, y no hay nada en esos informes que la justifique como inevitable.
¿Se han hecho comparaciones reales entre la gestión pública y la privada?
Sí, se han hecho, y el resultado es que mantener la gestión pública es perfectamente viable. Los informes desmontan el argumento de que no haya alternativa. Elegir la privatización responde únicamente a la voluntad política de renunciar a gestionar el servicio.
¿Qué dudas les genera el sistema de control previsto en el contrato?
En este momento lo que se pretende aprobar es la privatización del servicio. Los mecanismos de control se dejan para después, en un proceso largo y complejo. La experiencia en otros municipios demuestra que este modelo genera graves problemas. Ahí están los casos de Lanzarote o Lora de Río, en Sevilla, donde las privatizaciones han derivado en situaciones muy complicadas para la ciudadanía. Se pone en marcha el proceso sin tener claro quién va a controlar a la empresa concesionaria ni con qué medios, y eso es muy preocupante.
¿Qué ocurriría si la empresa incumple el contrato?
No podemos obviar que una empresa privada entra a gestionar un servicio público para ganar dinero. No actúa por altruismo. Un contrato de 30 años es muy atractivo económicamente, y el objetivo será obtener beneficio. Por eso defendemos que la única manera de evitar estos riesgos es mantener el servicio en manos públicas, algo que es perfectamente viable.
Tarifas al alza y beneficio empresarial
El informe habla de un 112% de incremento del precio ¿Cómo interpretan ustedes las previsiones de subida recogidas en el informe?
La subida no se explica solo por la privatización, sino por el estado de la red tras años sin inversión. La diferencia es cómo se afronta. En el modelo privado, la empresa recupera la inversión a través del recibo y añade su beneficio, lo que empuja las tarifas al alza. En una gestión pública, el Ayuntamiento puede financiar las obras a largo plazo y evitar que todo el impacto recaiga directamente y de forma inmediata sobre la ciudadanía.
Entonces, ¿quién acaba pagando las inversiones anunciadas?
La ciudadanía. Puede hacerlo a través de tarifas fijadas por la empresa concesionaria o mediante un plan público de inversiones. El Ayuntamiento presume de tener una economía saneada y capacidad de endeudamiento, por lo que debería explorar esa vía y garantizar que la inversión la haga el propio Ayuntamiento y no una empresa privada.
El gobierno sostiene que no hay otra opción para afrontar las inversiones. ¿Qué alternativa proponen ustedes?
Proponemos que la inversión se realice desde lo público. El Ayuntamiento de Siero tiene un remanente cercano a los 20 millones de euros y capacidad de endeudamiento, como reconocen los informes municipales, incluido el de Intervención. Además, si fuese necesario ajustar la tasa, se pueden aplicar mecanismos progresivos según ingresos, en lugar de repercutir el coste por igual a toda la ciudadanía, como ya hacen otros ayuntamientos.
Mayorías políticas y responsabilidad compartida
La privatización sale adelante con el apoyo de Vox. ¿Qué lectura política hacen de eso?
No nos sorprende. Vox lleva tiempo mostrando sintonía con el equipo de gobierno y ya había planteado que había que hacer algo con el servicio de aguas, incluyendo la privatización. Pero hay más responsables: el PSOE por gobernar y también Izquierda Unida, que ha apoyado durante años unos presupuestos privatizadores que recortan empleo público. Desde Podemos advertimos de que esto acabaría así, mientras se nos acusaba de hacer ruido por no apoyar esos presupuestos.
¿Qué papel puede jugar esa movilización ciudadana?
Es fundamental. El proceso es largo y no sería efectivo hasta 2027 o 2028. Confiamos en que la movilización ciudadana deje claro que Siero no quiere esta medida y que se pueda frenar. No ha habido ningún proceso de participación ciudadana, como viene siendo habitual en este Ayuntamiento. No se escucha a la gente y se anulan los espacios de participación. Una decisión de este calado debería someterse incluso a consulta. Si no se hace desde la institución, la respuesta tendrá que estar en la calle.
¿Se plantean acciones legales o administrativas?
Es algo que iremos valorando a medida que avance el proceso. No hay una decisión tomada todavía, pero analizaremos todas las vías posibles para defender el interés público.
