En un mercado inmobiliario cada vez más tensionado y con los precios de compra y alquiler al alza en Asturies, la gestión de patrimonio de la Seguridad Social mantiene cientos de pisos cerrados en la comunidad. El número exacto es desconocido, ya que no existe un censo público, pero fuentes consultadas por NORTES apuntan a que el número de viviendas podría sobrepasar las 200 entre edificios históricos y propiedades que pasan a manos del Estado tras el fallecimiento de sus moradores.
Parte de ese stock se está vendiendo a través de subastas que son presentadas por el Ministerio dirigido por Elma Sainz, como “oportunidades” para compradores y pequeños inversores. Y es que el catálogo de activos que la Seguridad Social ha puesto a la venta este otoño en toda España incluye 359 viviendas que en medios generalistas se publicitan, sin ningún tipo de pudor, como “gangas” y “oportunidades de inversión”.
Una política de vivienda contradictoria
La esquizofrenia de las políticas de vivienda en España lleva a situaciones tan contradictorias como que mientras el Ministerio de Vivienda anuncia por un lado la creación de la inmobiliaria pública Casa 47, para así ofertar alquileres baratos, por otro el Ministerio de Seguridad Social retiene pisos o los vende en subastas, desprendiéndose de patrimonio del Estado que podría ser susceptible de integrarse en la propia Casa 47, o en programas como el Alquilámoste. Este último recientemente impulsado por el Gobierno asturiano, y diseñado para captar viviendas vacías y destinarlas al alquiler asequible a cambio de seguridad y garantías para los propietarios.
La ausencia de una gestión orientada al interés público ha tenido consecuencias humanas palpables. Si en época de José Luis Rodríguez Zapatero algunos de estos edificios fueron rehabilitados para vivienda asequible, a través de la efímera Sociedad Pública de Alquiler, desde 2012, año en que el PP disolvió esta empresa pública, la tendencia de la Seguridad Social ha sido a tratar de desprenderse de los inquilinos heredados del periodo “zapaterista”. Así por ejemplo, en 2017 el Ministerio apostó por el vaciamiento de un edificio completo en la calle Jovellanos de Oviedo/Uviéu a través de la no renovación de los alquileres a sus últimos inquilinos. El método usado fue ofrecer contratos de un solo año de duración. La totalidad de los inquilinos optaron por abandonar. Desde entonces el edificio sigue vacío.
En Madrid 29 familias se enfrentan ahora a una situación similar en diferentes barrios de la capital española. Sus contratos han ido venciendo y la Seguridad Social no quiere renovarlos. Desde el Sindicato de Inquilinas se denuncia que el Estado se está comportando como un “fondo buitre”.
Volviendo a Asturies, no se conocen por ahora iniciativas del Ministerio para transformar su abultado patrimonio inmobiliario en vivienda pública de alquiler. El antiguo HUCA, donde la Seguridad Social es propietaria de 30.444 metros cuadrados de terrenos y edificios, entre ellos la Residencia, es por ahora la única excepción, ya que ya se ha anunciado su transferencia a Universidad y Principado. Eso sí, la fecha en la que podrán verse los primeros inquilinos de vivienda pública en los edificios del antiguo HUCA, es, hoy por hoy, absolutamente incierta.
