En la Asturias de posguerra, el crimen de Estado más infame del aparato franquista se perpetró durante la primavera de 1948 en el Pozu Funeres (Laviana), una remota torca calcárea de la sierra de Peñamayor. La primera versión de aquella obscena matanza fue elaborada el 11 de junio de 1948 por Luis García Martínez (a) el del Cantu y por José Mata Castro, dos socialistas que no habían depuesto las armas y subsistían huidos por el alto Nalón desde el final de la Guerra Civil. A partir de la información que proporcionaron se sostuvo que, entre marzo y mayo de 1948, habían sido arrojados a la sima 22 mineros de “San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Infiesto y otros pueblos colindantes”, sin más cargo que “estar fichados como militantes del Partido Socialista”. El relato fue remitido al cónsul inglés en Gijón y, a través de Teodomiro Menéndez –dirigente socialista asturiano, diputado y subsecretario de Obras Públicas durante la República-, a la embajada británica en Madrid. De su difusión fuera de España se ocupó, en primer término, la Comisión Socialista Asturiana, quien lo envió a los órganos de dirección del PSOE y logró que, el 1 de julio de 1948, la descripción de la masacre enlutara la primera plana de El Socialista.
Caínes de la lluz y de la paz
El alegato reelaborado en el exilio fue remitido a los gobiernos de Francia y Gran Bretaña, quienes movilizaron sus legaciones diplomáticas en España para que se cercioraran sobre el terreno de los hechos denunciados. En consecuencia, el premier británico, Clement Attle, instó a que se constituyera una comisión de verificación, cuya inmunidad garantizaba personalmente, y el también laborista Ernest Bevin, ministro de Asuntos Exteriores, se mostró dispuesto, una vez comprobada la denuncia, a exigir las responsabilidades “posibles dentro de las circunstancias en que se encuentra el mundo”. Algunos cargos públicos franquistas cuya conciencia no se consideraba “tan saturada de intenciones diabólicas”, como José Suárez, vicepresidente de la diputación de Oviedo, también fueron interpelados mediante misivas personales remitidas por socialistas exiliados, como Amador Fernández, para que pusieran coto “al impulso carnicero de las hienas desalmadas que integraban las brigadillas especiales”. En efecto, el crimen colectivo fue atribuido a “la Brigadilla”, un cuerpo represivo parapolicial integrado por guardias civiles desprovistos de uniforme y sicarios captados entre la población franquista más fanatizada para, sin reglamentismo ni formalismos legales, acabar con los opositores activos e intimidar a sus partidarios mediante la aplicación de los métodos más abyectos de la guerra sucia.
Su reconfiguración precisamente en 1948, así como la reactivación de los anómicos procedimientos de exterminio esgrimidos tras el triunfo de la sublevación militar de 1936 para rematar al vencido, genéricamente denominados “represión en caliente”, no fue una iniciativa unilateral de subalternos venáticos y vengativos, ajenos al control de las autoridades franquistas, como el sargento Modesto García Fernández, los cabos Artemio y Amador Salvador Peón, El Maño o Gabino el de la Brigadilla, sino que fue promovida y supervisada por pulcros dignatarios del régimen, como el ferrolano José Blanco Novo, coronel de la Guardia Civil y jefe de Orden Público, y el laureado general Francisco Hidalgo de Cisneros y Manso de Zúñiga, gobernador militar de Asturias. Contaron para ello con la aquiescencia de Camilo Alonso Vega, Don Camulo, otro condecorado general ferrolano, sin duda de porte menos aristocrático, quien, desde la Dirección General de la Guardia Civil, y entre 1948 y 1951, durante el denominado “trienio del terror”, impulsó el repertorio de prácticas de contrainsurgencia que anegó en un devastador charco de sangre a las comarcas españolas en las que subsistían vestigios de resistencia armada al régimen, unos procedentes de la Guerra Civil, otros promovidos por antifascistas regresados del exilio y otros, como en el caso asturiano, de composición mixta.
En la sima “onde los güesos suañen”, se perpetró entre marzo y abril de 1948 un horrendo crimen colectivo de Estado porque las fuerzas vivas de la región atribuían la “persistencia del bandolerismo en Asturias”, no a la sagacidad, valentía y respaldo social de “un puñado de descarriados”, como despectivamente denominaban a los guerrilleros, sino a la lenidad y complacencia de los tribunales militares, tanto a la hora de dictar sentencias como de garantizar el cumplimiento íntegro de las penas, así como al pusilánime conformismo de la Guardia Civil, que prefería la seguridad de los cuarteles a la incertidumbre de las batidas, y, sobre todo, a la actitud indolente de las autoridades políticas y militares, a las que atribuyeron nada menos que veleidades demagógicas y “falta de energía en la represión” de la resistencia armada y sus adláteres.
El gobernador militar de Asturias reconoció que el “recrudecimiento de los atentados personales y los atracos, así como la intensificación de anónimos y cartas conminatorias para la entrega de dinero”, conductas que proliferaron en 1947, aunque no siempre auspiciadas por los guerrilleros, suscitó una “verdadera psicosis de miedo” entre las autoridades locales y los falangistas asturianos, que llegó a adquirir tintes rayanos en la paranoia entre los residentes en Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio, cuyo ánimo se vio afectado, a su entender, por “una fuerte depresión”. La angustia contenida eclosionó en forma de blasfemias e improperios dirigidos contra los principales jerarcas del régimen cuando la guerrilla abatió a Alfredo Iglesias Suárez, falangista y jefe de la contrapartida en Santa Bárbara, a Mohamed Ben Yilali, cabo de Regulares y su escolta personal, y, de forma inopinada, a un niño que transitaba por la zona, triple atentado perpetrado el 17 de agosto de 1947 en el Regueru de Cantulesmates (San Martín del Rey Aurelio). Catalizada la indignación por el pánico colectivo, durante el entierro se vertieron, ya sin sordina, todo tipo de improperios contra las autoridades regionales, acusadas nada menos que de “impotencia e ineptitud” por su incapacidad para dispensar protección “a las personas de orden”. La corporación municipal de San Martín del Rey Aurelio, con Félix Rodríguez Bada, su alcalde, a la cabeza, dimitió en pleno porque “no podía mantenerse ni un segundo más dentro de la atmósfera general condenatoria”, al tiempo que advirtió que la vida municipal quedaría paralizada porque “nadie quiere cargos de responsabilidad en una situación tan grave y vergonzosa”.
“De la consternación que planeó sobre los asistentes al sepelio se hizo velada alusión en la prensa de la época.”
El malestar existente también hizo mella entre propietarios y directivos de las principales empresas mineras, aunque en este caso emanó tanto de la amenaza guerrillera como de una supuesta merma de su autoridad y quiebra de la disciplina, en principio atribuida a las concesiones populistas incluidas en la Reglamentación de Trabajo y a la infiltración de “elementos completamente desafectos al régimen en los organismos sindicales”. Cundió el desánimo entre ellos tras el secuestro de Aurelio Fernández Antuña, gerente de la mina Coto Musel (Laviana), quien fue liberado en agosto de 1947 tras el abono de 700.000 pesetas, pero el desasosiego adquirió insólitas cotas de tensión y contestación interna durante el entierro de Ildefonso Borro Miguel, director de Mosquitera. Aunque este ingeniero no fue abatido el 27 de diciembre de 1947 por una partida guerrillera, sino por Marino Montes Ferrera, un minero de Suares (Bimenes) cuyos derechos legalmente reconocidos habían sido conculcados por el directivo, Antonio Lucio Villegas, director de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, aseveró que “la política laboral” alentaba los “instintos de criminalidad”. De la consternación que planeó sobre los asistentes al sepelio se hizo velada alusión en la prensa de la época, pero no se mencionó que los compañeros de profesión expulsaron violentamente de las exequias al delegado de Trabajo, a quien le correspondía la presidencia del duelo en representación de José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo. De esta explosiva combinación de latente insubordinación laboral y explícita impunidad guerrillera se quejó Lucio Villegas ante Blas Pérez González, ministro de Gobernación, quien reconvino al gobernador militar de Asturias por este motivo.
Tras procesar a Félix Rodríguez Bada por desacato -el magnate de la industria era intocable-, el gobernador militar de Asturias reafirmó su autoridad con la deletérea redada perpetrada entre el 27 y 28 de enero de 1948, que se saldó con la muerte de 14 guerrilleros y 4 enlaces, y con el despliegue de las medidas incluidas en los capítulos más sórdidos del manual de la guerra sucia. Para salir al paso de las críticas recibidas, durante 1948 los revitalizados cuerpos parapoliciales de la Brigadilla y la contrapartida segaron la vida impunemente, sin luz ni taquígrafos, de 42 guerrilleros o supuestos colaboradores, casi siempre asesinados de forma solapada. Con este proceder no solo se pretendía circunscribir el sentimiento de pánico colectivo únicamente al perímetro de solidaridad de las partidas armadas, sino también reconfortar a los partidarios mediante la exhibición de una inmediatez y contundencia represiva muy superior a la guerrillera. Reconoció Francisco Hidalgo de Cisneros, muñidor de la política del ojo por ojo, que procedieron con “extremado rigor”, pero no admitió que actuaran “con espíritu sanguinario”, basando su matización en que realizaron “una magnífica labor llena de penalidades, peligros y sacrificios, poco agradecida y sin estímulo alguno de la población”, a cuya incívica falta de colaboración atribuía que su actuación “no fuera más definitiva”. Casi a la par, desde el exilio, su hermano por parte de padre, Ignacio Hidalgo de Cisneros, pionero de la aviación, general republicano y dirigente comunista, utilizaba su tribuna en Ejército Nacional Democrático para recomendar a los militares franquistas que no mancillaran el uniforme con este tipo de conductas, una paradoja más de aquella España por la que campaba “errante la sombra de Caín”.
“El diabólico quid por quo que ensombreció la cuenca del Nalón durante la primavera de 1948 fue iniciado por Manuel Rodríguez, un somatenista de El Ciacal (Langreo) que figuraba en el centro de la diana de la guerrilla.”
Genealogía de una matanza
En “Pozu Funeres, la revisión de un mito”, publicado en el número 39 de Atlántica XXII, trazamos una reconstrucción verosímil de la matanza, a la que nos remitimos, y convenimos en que los inmolados en la torca no fueron 22, sino 9 –José Ramón Gómez Fouz, en La brigadilla, los redujo a 8-. Sin embargo, en el artículo citado no se examinaron los motivos esgrimidos por el aparato represivo franquista para seleccionar a cada una de las víctimas, laguna que debe ser subsanada para establecer la genealogía del terror y, además, descartar que esta maquinaria, incluidos sus engranajes más anómicos y subrepticios, se lubricara con la arbitrariedad o el capricho. Esta perspectiva nos permite establecer que, en la matanza colectiva de Funeres, confluyeron tres reacciones vengativas, no siempre coincidentes en escenarios y protagonistas, pero incardinadas en el principio común de desplazar la actividad contrainsurgente al marco de la guerra sucia.
El diabólico quid por quo que ensombreció la cuenca del Nalón durante la primavera de 1948 fue iniciado por Manuel Rodríguez, un somatenista de El Ciacal (Langreo) que figuraba en el centro de la diana de la guerrilla. Este confidente policial dejó dicho quiénes deberían perecer en el caso de que sufriera un atentado, todos ellos enlaces de Manuel Fernández Peón (a) Comandante Flórez, José Mata Castro y Rafael Rodríguez Fernández (a) Faelón. No bien fue asesinado el 19 de marzo de 1948, la Brigadilla atendió a su señalamiento y, en primer término, llamó a la puerta de Silvino Díaz Menéndez, un minero de La Rina y vecino de Ximiniz (San Martín del Rey Aurelio) que, además de representar al PSOE en su ayuntamiento durante la II República, había participado en el asalto de los cuarteles de la Guardia Civil en octubre de 1934, había sido teniente del Ejército Popular y, una vez terminada la guerra, tras permanecer por breve tiempo oculto en el monte, había ingresado en un campo de concentración y en un batallón de trabajadores, donde permaneció hasta 1940.
En Les Felechoses, otra aldea del mismo concejo, la caravana de la muerte se detuvo ante dos domicilios: los de Enrique Suárez Fernández y Jesús García Iglesias. A ambos se les atribuyeron análogos antecedentes, pero en el caso del citado en primer término, minero y chigrero, se añadió que había alojado “a la contrapartida creyéndoles bandoleros, indicándoles las personas a las que debían asesinar”. En el caso de Jesús no se consideró necesario concretar justificación alguna porque a su hermano José lo habían asesinado el 28 de julio de 1938 en la matanza colectiva de La Bornaína (San Martín del Rey Aurelio) y otro hermano, Ramón el Ganga, también huido, pereció tiroteado por la Guardia Civil el 3 de diciembre de 1940 en la cantera de Bahoto en Frieres (Langreo). La cuarta víctima propiciatoria de la venganza post mortem urdida por el somatenista fue Ramón Rodríguez Argüelles (a) Costazos, un minero de La Vara (Bimenes) que había subsistido huido durante dos años por los montes de su concejo, periodo durante el que, según la Policía, “perpetró atracos”, por los que fue condenado a pena de muerte, conmutada por la inferior en grado.
La inserción de la respuesta institucional a la actividad guerrillera en una asfixiante espiral de acción-reacción quedó inequívocamente retratada en la tríada de inmolados en la torca que referiremos a continuación. En este nuevo intercambio de golpes la primera vuelta de tuerca tuvo por escenario una vivienda de El Felguerón (Laviana) y fue protagonizada por un comando de la Brigadilla encabezado por el sargento Aureliano Varela Ferreiro. La madrugada del 6 de marzo de 1948 sitiaron y asaltaron una vivienda de El Felguerón (Laviana) porque habían recibido la confidencia de que en ella se guarecía Luis el del Cantu, sentimentalmente unido a la hija del dueño de la casa. Como el huido pudo burlar el cerco, colgaron de una higuera al dueño de la residencia, el sexagenario Juan Otero Rodríguez, al que apalearon hasta la muerte, y, previamente encadenados a un pesebre, infligieron todo tipo de torturas a sus dos hijos, José Amalio y Oliva, que pudieron huir con vida aprovechando un descuido de sus captores. La réplica guerrillera no se hizo esperar: el 19 de marzo ametrallaron, en un mismo domicilio de La Capilla de la Rebollá (Laviana), a los hermanos Justo y Honorina Noriega Alonso, así como a sus respectivas parejas, Remedios Criado Castañedo y Manuel Eugenio Fernández Álvarez, todos ellos considerados delatores.
Para rematar el pulso con una coda apoteósica a tono con el estruendo de los movimientos precedentes, la Brigadilla seleccionó a tres supuestos enlaces de la partida de Los Caxigales, los cuales también acabaron despeñados en la sima. El ornado con mayores merecimientos para este abrupto descenso a los infiernos fue Erasmo Alonso Martínez, un joven minero de La Castañal (Laviana), aunque residía en Barredos, cuya familia estaba inequívocamente comprometida con la causa republicana y proporcionaba todo tipo de auxilios a los huidos. Integrado en la partida guerrillera de Aladino, su hermano Saturnino falleció el 17 de junio de 1948 cuando realizaban una incursión en Soto de Agues (Sobrescobio) para represaliar al contrapartidista Alfonso González Concheso. Más duradera fue la trayectoria entre las partidas guerrilleras de otro hermano, Paulino, cuya vida se apagó definitivamente el 4 de noviembre de 1949 en Moñes (Piloña), tras una agónica persecución que se saldó con la muerte de dos guardias civiles. No se consideraron inferiores los méritos acumulados por Fermín Concheso Alonso, un carpintero de Soto Llorío (Laviana), para compartir tan siniestro sino. Revolucionario en 1934, miliciano en 1936 y rebelde huido tras la derrota republicana, durante su etapa de emboscado compartió vicisitudes con su hermano Daniel y asistió a la muerte de otro hermano, Alberto, al que el 15 de julio de 1942 le propinó un tiro en la nuca el capitán Manuel Brabo Montero, burdamente escenificado como un frustrado intento de fuga. Al lote se añadió un tercer componente, Fernando Carrio Martínez, un lampistero que residía en el Retorturiu, entre Laviana y San Martín del Rey Aurelio, al que se atribuía, entre otros servicios proporcionados a la guerrilla, que había entregado dos cajas de munición a la partida de Aladino.
La aldea de La Ferrera (Laviana) completó el cupo de los inmolados en la torca aportando dos vecinos: Ceferino González Concheso y Antonio González García. Sobre ambos pesaron los mismos cargos: antecedentes revolucionarios, activa participación en defensa de la República, encierro y deportación por responsabilidades políticas y, sobre todo, acreditada colaboración con la partida encabezada por los hermanos Manuel y Aurelio Díaz González, Los Caxigales, de los que Antonio era primo carnal. De hecho, con el asesinato de ambos vecinos y enlaces se pretendió estrechar el cerco sobre Manuel Caxigal, el único guerrillero carismático que había salido indemne de la redada del 27 y 28 de enero. También se les atribuyó, pero por el mero hecho de criminalizar a la víctima, que habían colaborado en el asesinato de Jesús Huerta Morán, un turbio y bronco contrapartidista de Les Quintanes (Laviana) abatido por la guerrilla el 4 de abril de 1948. En su caso, dado su carácter pendenciero y que tenía descendencia con tres solteras del pueblo, no se descartó que en el crimen hubieran concurrido otros móviles, como el pasional o el ajuste de cuentas entre vecinos.
Aunque Luis el del Cantu, uno de los redactores del informe inicial, precisó que los arrojados al pozo fueron nueve, el exilio socialista, a instancias de José Barreiro, optó por completar la relación inicial con otros represaliados en circunstancias análogas para conmover la conciencia de las cancillerías europeas y la opinión pública internacional. Incluyeron, entre otros, a Emilio Rubiera Moro y sus dos hijas, Carmina y Asunción Rubiera Álvarez, cuyos cadáveres fueron calcinados en su propio domicilio de Quintes (Villaviciosa) la madrugada del 28 de enero de 1948; a Olegario Laviana Montes, de la Llonga, al que le aplicaron la ley de fugas en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) el 2 de febrero de 1948; al guardia jurado Aladino Ordiz Alonso (a) el de la Rebollá -en el informe de la FSA de 12 de septiembre de 1948 figura con los apellidos Ortiz Fernández- y a Nicanor García González (a) el de la Cayá, represaliados en El Escubietu (San Martín del Rey Aurelio) el 6 de abril de 1948; o, en fin, a José Llaneza González (a) Barlombán, hallado en el paraje denominado La Generala de Tetuán (San Martín del Rey Aurelio) el 23 de julio de 1948 con el cuerpo cosido a machetazos.
Guerras de la memoria
Bajo “la murnia del texu namoráu” enraizado a la entrada de la sima fueron despeñados, así pues, cinco comunistas (Erasmo, Fernando, Fermín, Ceferino y Antonio) y cuatro socialistas (Silvino, Ramón, Enrique y Jesús), pero la matanza ha sido, desde su origen, patrimonializada por el PSOE, quien la ha elevado a la categoría de “galardón enlutado”, toda vez, se sostuvo desde el principio, que era “nuestro querido Partido quien derrama su sangre al cebarse en él los vampiros del franquismo”. Pese a que sus fuentes de información en el interior, José Mata y Luis el del Cantu, fueron honestas y nunca ocultaron que entre las víctimas había “varios comunistas”, sus interlocutores en el exilio, por cálculo político, creyeron conveniente omitir toda referencia a su verdadera adscripción ideológica. En el contexto de división en bloques y polarización política de la Guerra Fría, los socialistas exiliados coligieron que, a los destinatarios de la denuncia, principalmente Gran Bretaña, les resultaría perturbadora la presencia de comunistas entre los inmolados. A su parecer, si transcendía que la mayoría de los muertos estaba vinculada al PCE, las potencias democráticas, no solo renunciarían a utilizar la masacre como instrumento de presión contra el régimen de Franco, sino que incluso desestimarían la opción de proporcionar algún auxilio económico a los familiares de las víctimas.
Aunque por motivos menos bienintencionados que los iniciales, esta apropiación partidista del espacio más emblemático de la resistencia antifranquista en Asturias se mantuvo inalterada tras la muerte de Franco. Como en la nueva etapa se puso en entredicho la aportación de la militancia socialista al magma de la actividad opositora a la dictadura, así como su contribución al cambio político, el PSOE lo elevó a la categoría de símbolo exclusivo de su sacrificio mediante un proceso de ritualización ceremonial que, hasta el presente, se escenifica cada año. Sabido es que los espacios revestidos de aura simbólica, sostenidos por relatos mistificados del pasado y ritualizados mediante ceremoniales conmemorativos de esta índole se incrustan de forma acrítica en el imaginario colectivo y, si cuestiona sus dogmas, son refractarios a la revelación historiográfica, pero ya va siendo hora de que la verdad de los hechos sea restaurada y, en consecuencia, se resignifique al Pozu Funeres como lo que realmente fue: el más conmovedor símbolo de la resistencia de los asturianos al régimen de Franco.
Además de ser objeto de patrimonialización partidista, pende sobre los inmolados en la torca como amorfa nebulosa el pecado original de estar vinculados a la actividad guerrillera, aunque fuera como meros colaboradores, estigmatizada por la criminalización realizada por la propaganda franquista y, sobre todo, por el consenso actual en torno a la deslegitimación de toda expresión de violencia política. Por eso, al balizar nuestro tortuoso itinerario en el peregrinaje hacia la libertad, no tenemos inconveniente en identificar antecedentes remotos, como el lugar de nacimiento de Rafael del Riego, o hitos más cercanos, como establecer en La Camocha la cuna de Comisiones Obreras, pero nos resultan indigestos los precursores relacionados con activistas cuyas manos se mancharon de sangre, aunque fuera en el marco de una lucha desesperada por la supervivencia en un contexto político totalitario. En la etapa más destructiva del franquismo, los muertos de Funeres, como epígonos del movimiento obrero de preguerra, sostuvieron la antorcha de la dignidad humana y encarnaron la lucha por la libertad cuando ambos principios fueron aherrojados a punta de pistola. Por no arriar esas banderas fueron objeto de un crimen de Estado que nunca ha sido reconocido ni reparado, incluso en términos simbólicos. En toda España no existe otro espacio que ostente más méritos para presidir la relación oficial de “lugares de memoria”, porque, con reconocimiento institucional público, o sin él, Funeres ha sido, es y será siempre, el epicentro del memorialismo asturiano. No sé a qué estamos esperando para encumbrarlo a la condición de lugar de memoria por antonomasia.
