El pasado viernes fue presentada en la sede del Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies (CMPA) la guía titulada Acogidas que cuidan y fortalecen. Sus autores son Andrea Galán y Álvaro Villegas, dos psicólogos jóvenes pero con una trayectoria consolidada en el activismo social. En el evento les acompañaron, presencialmente o por vía telemática, representantes de programas de acogida de defensores de derechos humanos de diferentes lugares de España (incluido el programa asturiano, con el que ambos colaboran) y de América Latina. Además, también intervinieron en la presentación Javier Roura, jefe de programas y alianzas de Protect Defenders, la organización europea de referencia en este ámbito; Beatriz Coto, Directora General de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y Juan Ponte, Director General de la Agenda 2030. Este último organismo es el que ha financiado la realización de la guía, cuya versión digital está publicada en abierto.
¿Cómo llegáis desde vuestra formación académica como psicólogos a involucraros en este tipo de iniciativas sociales?
AG: En los dos casos fue a través de la beca de universitarios cooperantes, que antes organizaba la Universidad de Oviedo y ahora la Agencia de Cooperación Asturiana. Los dos tuvimos la oportunidad de ir a Colombia con la beca en años diferentes. Ese fue el punto de inflexión para ampliar la mirada de cómo poder aplicar la psicología en otros ámbitos como el de la cooperación y los derechos humanos.
AV: Una vez que vuelves de esa experiencia, ves también lo que puedes hacer, no solo como profesional, sino también como activista. Aquí rápidamente pudimos conectar con el programa de acogida temporal de líderes sociales colombianos, que tiene una larga trayectoria de 25 años en Asturias. En un primer momento nos vinculamos a través de nuestro activismo en el movimiento estudiantil de la Universidad de Oviedo, recogiendo fondos para sus desplazamientos, organizando charlas en las diferentes facultades y rompiendo esa barrera informativa que nosotros habíamos detectado sobre Colombia. A ciertos poderes les interesa que de algunos países se conozca hasta cómo se llaman las mascotas del presidente, pero en otros países se dan episodios graves y terribles como violaciones de derechos humanos, asesinatos de líderes sociales, torturas o desapariciones forzadas, y no se conoce absolutamente nada.
Intentamos conectar la realidad de las personas que venían aquí a través del programa de acogida (defensoras de derechos humanos, líderes sindicales, ambientales, indígenas) con nuestra realidad concreta. Poco a poco fuimos generando un vínculo y eso derivó en la participación en la delegación de verificación de derechos humanos en Colombia a través de la Asamblea Moza de Asturias (AMA). Esa relación se fue fortaleciendo hasta que Soldepaz Pachakuti, que es la organización que gestiona el programa de Asturias, nos encargó hacer una evaluación del impacto psicosocial de los veinte años del programa. Fue nuestro primer trabajo juntos y ahí empezó el periplo profesional con este ámbito de la acogida temporal.
La guía está pensada desde un enfoque psicosocial que también tiene en cuenta factores sociales o contextuales que suelen ser excluidos por los enfoques psicológicos tradicionales. Incluso hacéis mención a la psicología social de la liberación, inspirada, supongo, por la teología de la liberación.
AV: Ambas vienen de la misma tradición epistemológica, sobre todo de América Latina en los contextos de dictaduras en los años sesenta y setenta. Es una visión de la espiritualidad o de la religión donde muchos curas que trabajan en comunidades con personas pobres y sujetas a violencia política se involucran en las demandas sociales del pueblo. De ahí también se deriva una rama de la psicología social. En la práctica con comunidades oprimidas de América Latina se desarrolla un tipo de psicología donde se intenta no descontextualizar los impactos de la violencia política en las comunidades y en las personas y también entender el contexto, para no verlo desde un punto de vista individual. Muchas veces la psicología peca de eso, sobre todo en un contexto neoliberal o capitalista: se va al síntoma, a lo que le pasa a esa persona o a lo que tiene que hacer para ser feliz. Aquí estamos tratando de violencia política, de condiciones estructurales de violencia que hay que tener en cuenta también desde la psicología.
AG: Además, un punto diferencial que le aporta a ese enfoque psicosocial la psicología de la liberación es el papel que tiene el psicólogo o la psicóloga. No consiste en acompañar para que la persona pueda lidiar con sus impactos y mantenerse en esas mismas condiciones, sino para que tome conciencia de las condiciones en las que está y pueda, desde ahí, con ese acompañamiento psicosocial, intentar cambiar. No se trata de que el psicólogo le explique técnicas de relajación para vivir en la precariedad, sino para atender a esas causas estructurales y que la persona se pueda fortalecer para luchar colectivamente contra ellas.
AV: Una de las características innovadoras de esta guía, donde ponemos más énfasis respecto a otras publicaciones que hay previas en este ámbito, es incluir el enfoque psicosocial, que implica que no solo debe haber presencia de psicólogos en los programas, sino que todas las decisiones que se toman y todas las personas que trabajan en ellos estén atravesadas por ese enfoque, igual que debería estar el enfoque de género, étnico o antirracista. Las personas que trabajamos en estos programas estamos sometidas a una serie de factores de riesgo y de impactos también a nivel individual, organizacional y personal. Este enfoque de la guía pretende generar las condiciones para que no solo las personas que están acogidas, sino las personas que trabajan con esas personas lo hagan de la forma más cuidadosa y más enfocada al fortalecimiento de esas luchas posible. Que ese cuidado y ese fortalecimiento también sirvan para las personas, para la sociedad y para las organizaciones que acogen.
AG: En ese sentido, las mujeres feministas y los colectivos feministas de Latinoamérica han cuestionado un modelo de activismo bajo lógicas sacrificiales, en el que no hay espacio para el cuidado propio y todo tiene que ser sufrimiento y heroicidad. Han empezado a formular propuestas alternativas de cómo poder participar en los espacios políticos y defender los derechos humanos teniendo en cuenta el autocuidado y el cuidado colectivo como una estrategia política fundamental. No el autocuidado desde un punto de vista individualista y alienante, sino como algo que me va a permitir que los procesos en los que estoy participando sean sostenibles a nivel personal y colectivo. Esto es algo esencial, que igual ahora empieza a parecer más lógico, pero que no estaba en muchos modelos de militancia y de participación política. Incluso muchas de las defensoras que nosotras acompañamos en los programas de acogida temporal tienen mucha dificultad para permitirse descansar, tienen mucha culpa por estar aquí, por no estar con sus compañeros o con sus familias. Es muy importante incorporar esta mirada dentro de las estrategias de acompañamiento y de la organización de los propios colectivos sociales.
En el caso del programa de acogida asturiano, que es el que mejor conocéis, ¿qué tipo de perfiles tienen las personas que participan en él? ¿Cuál es su labor como defensores de derechos humanos y a qué amenazas se enfrentan?
AG: El programa asturiano tiene ya 25 años de historia, con lo cual es un programa muy experimentado, de los más veteranos de España y de Europa, y es referente a nivel internacional. Son periodos de acogida de seis meses y se acoge a personas que ejercen liderazgos sindicales, de movimientos campesinos, feministas, indígenas, afrodescendientes, que por esa tarea de defensoría de derechos humanos están siendo perseguidos. Las personas acogidas vienen durante seis meses para intentar, lo primero, proteger su vida, porque están bajo situaciones de amenaza muy grave. Incluso hay personas que han sufrido atentados. Lo primero es intentar salvaguardar la vida durante esos meses que están fuera del territorio; poder, durante ese tiempo, replantearse las medidas de seguridad que tenga que tomar la persona y el colectivo al que pertenece. También se sabe que generar redes organizativas con otras organizaciones en Europa, España y Asturias es un elemento que ayuda a proteger a las defensoras de derechos humanos. Cuanta más red tiene una defensora y más se internacionalizan sus casos, mayor es la protección. Durante el tiempo de acogida la persona puede hacer todo eso y, además, descansar, cuidarse y bajar los niveles de estrés. Luego, a los seis meses, poder volver a retomar el proyecto político por el que estaban siendo perseguidas, tal vez de maneras más seguras, habiendo podido estructurar un poco más cómo posicionarse públicamente o cómo reorganizar las portavocías en las organizaciones a las que pertenecen. En algunas ocasiones pueden tener que volver a España y solicitar protección internacional para protegerse por otras vías de manera más permanente.
Supongo que el hecho de que el programa de acogida asturiano se mantenga en el tiempo y lleve tantos años haciéndose indica que, por desgracia, sigue siendo necesario.
AV: Los motivos que originaron su creación siguen existiendo. Actualmente Colombia sigue siendo el país donde se asesina a más líderes sociales. En el 2024 fueron 157 personas. Por mucho que haya en estos momentos un gobierno favorable a los movimientos sociales y a los propios liderazgos que están siendo asesinados, hay poderes en sus territorios, muy vinculados al paramilitarismo, al narcotráfico, a grandes empresas que tienen muchos intereses sobre los recursos naturales, que hacen que las personas que defienden sus comunidades de este modelo extractivo y depredador del territorio sigan exponiéndose a muchos riesgos. El panorama general del mundo no avanza ahora mismo hacia un horizonte más halagüeño en el sentido de defensa de los derechos humanos.
Los participantes en el último programa de acogida asturiano viajaron en diciembre y hace pocos días acabamos de tener la noticia de que una de las personas que estuvo aquí ha sufrido un atentado. Su coche ha sido abaleado en una zona bastante complicada, pero está bien. Actualmente son 152 personas las que han sido acogidas, incluyéndose este año. Dos de ellas fueron asesinadas a su regreso, Luciano Romero (cuyo nombre adopta el programa de acogida) y Henry Ramírez. Muchas de ellas siguen en contextos de riesgo, otras han tenido que abandonar el país.
Mencionáis la situación de los derechos humanos en Colombia y cómo la llegada al poder del gobierno progresista de Petro no ha tenido un impacto positivo tan grande como podría haberse esperado. ¿Cómo analizáis la situación?
AG: Los acuerdos de paz de Colombia, que eran una propuesta bastante legítima para intentar resolver la violencia estructural que viene sufriendo el país, fueron completamente saboteados por los gobiernos inmediatamente posteriores. Esa falta de responsabilidad con el cumplimiento de los acuerdos ha permitido también que cuando los grupos armados, las FARC, abandonaban un territorio, si el Estado tampoco asumía las responsabilidades, se generaban espacios donde era muy fácil que la violencia se reprodujera, que entrasen otros actores armados con otras premisas, ya no tanto políticas sino mucho más vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Cuando el gobierno de Petro entra en el poder, de alguna manera tiene que intentar reconducir este proceso de desestructuración de los propios acuerdos de paz, siendo una tarea muy complicada y llevando muy poco tiempo. Es la primera vez que Colombia tiene un gobierno progresista en su historia democrática. También ha habido muchos procesos de difamación y de sabotaje al propio proceso político de estos años y ahora la situación está recrudeciéndose aún más porque estamos ante las próximas elecciones que serán en marzo y esto siempre es un momento de mucha incertidumbre política.
AV: Una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder y controlar todo lo que pasa en un país que es tremendamente extenso, difícil de controlar y donde el Estado no ha llegado jamás a ciertas zonas en cuestión de infraestructuras, de carreteras o de servicios públicos. Lo que se establece a nivel internacional es que los principales responsables de garantizar que los liderazgos comunitarios, sociales o sindicales ejerzan su labor en condiciones seguras son los Estados. No solo los Estados, también las empresas. En muchos casos las multinacionales vinculadas al control y extracción de recursos naturales de los territorios también están vinculadas a grupos paramilitares que son los que ejercen esa violencia. También se está viendo ahora que muchos de los grupos que han quedado en algunos territorios, algunos de ellos disidencias de las propias FARC u otros grupos, son quienes están ejerciendo esas violencias, aparte del paramilitarismo y del narcotráfico.
También se ven algunas cuestiones positivas, como el mayor reparto de tierras o reformas estructurales en cuestiones como pensiones o una reforma laboral ambiciosa, cosas en las que se ha podido avanzar. Hay otras que están paralizadas. También cuestiones políticas que el propio Congreso ha impedido realizar al poder ejecutivo, como la reforma de la salud, la reforma de la educación, la reforma de la justicia o la reforma de la política, muchas cuestiones que no están proporcionando ese cambio estructural que es el que permite que deje de haber esa violencia política.
La presentación de la guía está a punto de comenzar y se nos echa el tiempo encima. ¿Queréis añadir alguna reflexión final?
AV: Creemos importante, en este contexto donde ya nos vamos olvidando de un mundo basado en reglas, que los presupuestos públicos de los países en teoría más avanzados se dediquen a promover los derechos humanos o a promover un enfoque de cooperación internacional, y no, como estamos viendo ahora, que muchos países, sobre todo de las supuestas democracias liberales más avanzadas, pasen mucha carga presupuestaria hacia aspectos de control migratorio, rearme y otras cuestiones que van en la dirección opuesta de dedicar el dinero público a mejorar la vida de la gente. Nos parece muy positivo que haya instituciones, como la Dirección General de la Agenda 2030, que apuesten, aunque sea a nivel micro, por iniciativas como esta guía. El ámbito de la acogida temporal abarca una gran cantidad de países. Solo en España son diez programas, nosotros hemos hablado con programas de seis países diferentes, pero hay decenas y podríamos decir que cientos de estas iniciativas. Una inversión o una apuesta muy pequeña como esta puede implicar un apoyo importante a la hora de desarrollar o mejorar la atención a cientos de personas a lo largo del mundo. Que haya instituciones que apuesten por eso siempre es una buena noticia.
Y no deja de ser un aporte más a todo lo que se está moviendo y a todo el trabajo en red que se está realizando porque es un ámbito relativamente nuevo, también desde el punto de vista de la psicología. La parte de que tiene que haber psicólogos en estos programas se ha asumido ya hace un tiempo, pero el siguiente paso sería transversalizar ese enfoque donde no solo tenga que haber psicólogos, sino que todas las fases del programa, todas las decisiones alrededor del mismo y todas las personas que trabajan en él tienen que adoptar ese enfoque para ofrecer acogidas que pongan el cuidado en el centro y logren fortalecer a las personas acogidas y sus luchas, así como a quienes les acompañan.
