El abogado Javier Gómez Bermúdez ha presentado en un juzgado de Valencia un requerimiento en nombre de Teodoro Obiang, dictador de Guinea Ecuatorial desde hace 46 años, contra Orlando Cartagena, líder del partido Ambo Legadu, crítico con la dictadura y defensor de la independencia de Annobón-la isla de la “conservera fantasma” del empresario gijonés detenido en 2024.
Este martes 18 de febrero tendrá lugar un acto de conciliación, acto previo a la presentación de una querella criminal, en el que el abogado del tirano le exige a Cartagena que se retracte y disculpe por sus afirmaciones sobre Obiang; que le abone un millón de euros que, según el escrito, “serán destinados a mejorar la vida de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial”; y que se haga cargo de los 5.000 euros de costas.
Según el escrito de Gómez Bermúdez al que ha tenido acceso NORTES, Cartagena habría “proferido toda clase de expresiones calumniosas que exceden con creces del derecho a la libertad de expresión”. En concreto, el letrado incluye en su escrito una serie de declaraciones en las que el dirigente político acusa al dictador ecuatoguineano de practicar la brujería y el canibalismo. Gómez Bermúdez lamenta que “tales falacias pretenden deshumanizar y criminalizar a mi mandante”, y lesionan su honor y su dignidad “máxime en una nación de profundas raíces y valores católicos como es Guinea Ecuatorial”.
Cartagena, exiliado en España desde hace décadas, anuncia que no va a doblegarse a las peticiones y que se trata de un “procedimiento que tiene una motivación estrictamente política y constituye una forma de intimidación judicial ejercida por un dirigente que permanece en el poder desde 1979, al frente de una de las dictaduras más prolongadas, feroces y criminales del mundo”.
Gómez Bermúdez, abogado de la pastelería La Suiza en el proceso que ha llevado a seis sindicalistas de CNT a prisión, es uno de los letrados de referencia del régimen africano en España. El exmagistrado y socio de Ramón y Cajal Abogados es el letrado que ejerce la defensa de los altos cargos guineanos-uno de ellos el hijo del dictador, y sobre los que pesa una orden internacional de busca y captura- acusados de secuestro y tortura de cuatro disidentes exiliados en España. A comienzos de este mes de febrero, sus defendidos dieron plantón por segunda vez a la Audiencia Nacional y se negaron a declarar ante el juez.
