Un supermercado puede parecer solo un supermercado. Pero a veces revela algo más: el modelo comercial y territorial que defiende un gobierno. El desembarco de Costco en Asturias permite comparar dos maneras de regular las grandes superficies desde posiciones políticas similares. Mientras el Gobierno del Principado ha decidido acelerar la implantación del proyecto declarándolo estratégico, Navarra, también con un Ejecutivo de izquierdas, con mayoría socialista y apoyo externo de Bildu, lleva años aplicando un modelo territorial que ata en corto a este tipo de establecimientos.
El contraste resulta llamativo. Ambos territorios están gobernados por coaliciones progresistas —en el caso navarro con la participación de PSN-PSOE, Contigo Navarra (Podemos, IU y Batzarre), y Geroa Bai, donde se integra el PNV—, pero el marco regulatorio que aplican a los grandes equipamientos comerciales responde a lógicas bastante distintas.
En febrero de 2026 el Gobierno del Principado aprobó, con la oposición de Ovidio Zapico, único consejero de IU-Convocatoria por Asturies, declarar Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) la inversión de la multinacional estadounidense en el polígono de Bobes, en Siero. El proyecto prevé una inversión mínima de 45 millones de euros y unos 170 empleos en un plazo de tres años.
La decisión permite agilizar la tramitación administrativa, así como saltarse unas directrices autonómicas de comercio, de 2010, que impiden el desarrollo de grandes superficies en polígonos, y que en general ponen barreras al desarrollo de este tipo de establecimientos. Las directrices, muy criticadas por la Cámara de Comercio, y el alcalde socialista de Siero, han servido para contener la expansión de las grandes superficies. Asturias es de hecho la quinta comunidad autónoma española con mayor densidad de centros comerciales por habitante.
Comerciantes, CCOO, ecologistas, y partidos de izquierdas han criticado que se utilice una figura excepcional, pensada para proyectos innovadores y con alto componente tecnológico, para acelerar la implantación de una gran superficie comercial. Para el sector del comercio, el PIER podría convertirse en un “atajo” que altere las reglas del planeamiento comercial y urbanístico.
Navarra: el filtro territorial antes que la vía rápida
La comunidad foral mantiene desde hace años una regulación específica basada en la Ley Foral de Comercio y el llamado Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales. Este instrumento fija criterios vinculantes para autorizar o denegar proyectos de gran tamaño y obliga a evaluar su impacto territorial, comercial y de movilidad antes de conceder licencias.
En la práctica, cuando un proyecto comercial supera los 2.500 metros cuadrados, se considera un gran establecimiento y su implantación queda sujeta a una evaluación territorial específica que coordina planificación urbana, comercio y movilidad.
Pero la restricción más significativa es espacial. La normativa navarra establece que estos equipamientos deben ubicarse en suelos urbanos o urbanizables con uso residencial dominante, lo que limita la proliferación de grandes superficies en polígonos aislados o áreas periféricas.
La filosofía, similar a la de las vigentes directrices asturianas de comercio, busca evitar que los grandes centros comerciales funcionen como polos aislados dependientes del coche, así como mantener la actividad comercial integrada en la estructura urbana. En marzo de 2025, el Gobierno de la comunidad foral denegó la ampliación de un centro comercial en Ardoi (Zizur Mayor) tras estimar alegaciones de comerciantes locales, que planteaban entre otras objeciones el fomento de los desplazamientos en automóvil. Asimismo este 2026 Navarra solo permitirá cinco aperturas en festivos. Asturies en cambio autorizará diez días.
