Cada cierto tiempo reaparece el mismo lamento: las luchas feministas, LGTBIQA+, ecologistas o antirracistas estarían corrompiendo la cohesión social, debilitando la unidad de acción de las izquierdas, sustituyendo la contradicción principal capital-trabajo por catálogos estéticos, desplazando la centralidad de la economía hacia la obsesión por cuestiones identitarias. Es exactamente la misma retórica que reprocharía al feminismo, entre los años setenta y ochenta, el dividir a la clase trabajadora; como si dicho movimiento estuviera rompiendo una armonía previa, y no, más bien, manifestando las fracturas constitutivas de la dominación patriarcal. Por supuesto, como advirtió Monique Wittig, en ese contexto, exigir a las mujeres que subordinasen sus reivindicaciones a la “unidad de clase” equivalía a pedirles que aceptaran su propia subordinación.
Hoy, la vieja acusación de “divisionismo” reaparece reciclada como crítica al “wokismo”, relevo semántico del fantasma del “marxismo cultural” agitado por la extrema derecha estadounidense desde los años noventa; heredero directo, a su vez, del “bolchevismo cultural” con el que el nazismo señalaba a su enemigo interno. La idea es tan sencilla como demencial: las injusticias sociales serían provocadas por colectivos minoritarios que, pese a haber sido históricamente excluidos, habrían conseguido imponerse. Bajo este prisma, las mujeres estarían perpetrando una terrible dictadura feminista, las personas trans integrarían un lobby todopoderoso y la población migrante sería una fuerza invasora que vendría a reemplazar al hombre occidental, cristiano, blanco, urbanizado y heterosexual…[chupito, y añada aquí el lector su predilecto delirio]. La inversión es impecable: quienes soportan la humillación aparecen como sus beneficiarios.
Ante esta diarrea conceptual, conviene decirlo sin rodeos: la “minoría” que rompe la convivencia no la encarna la Agenda 2030, ni el feminismo, ni el ecologismo, ni las personas LGTBIQA+, ni las migrantes. Son los millonarios que parasitan los bienes comunes y los recursos públicos, fabricando guerras culturales para ubicar a los colectivos agraviados en la diana fascista. En este sentido, cabría aquí recuperar las palabras del comunista italiano Palmiro Togliatti, cuando señalaba que “no somos nosotros [los comunistas] quienes dividimos la sociedad en ricos y pobres; es la sociedad capitalista la que contiene en sí misma esa ruptura”. Porque, en efecto, no son quienes denuncian y se organizan para hacer frente a la explotación económica, el extractivismo, el racismo estructural o las violencias machistas quienes quiebran los lazos sociales, sino aquellos que se sirven de tales mecanismos para seguir acumulando riqueza y privilegios. Cuando se recrimina el resquebrajar el cuerpo social a quienes denuncian su opresión, lo que se está haciendo —consciente o inconscientemente— es validar el marco del adversario.
¿Redistribución o reconocimiento? Una falsa disyuntiva
Toda identidad está incrustada en una estratificación social determinada. Como argumentó Hegel, el reconocimiento no es un capricho subjetivo o una concesión sentimental, sino un proceso constitutivo de la autoconciencia que se materializa en las relaciones sociales existentes: familiares, profesionales, estéticas, etc. Así, las identidades son siempre procesuales, relacionales, inestables y están sacudidas por la fantasía. Básicamente, no hay reconocimiento simbólico que no esté atravesado por la división social del trabajo y la propiedad. A su vez, el salario, la deuda o el acceso a la energía no existen al margen de las categorizaciones por razón de sexo, género, raza o capacidades que organizan asimétricamente quién trabaja, quién cuida, quién migra o quién da la muerte.
Al arremeter contra el pueblo palestino, el Estado genocida de Israel no escinde lo material de lo simbólico
Refiriéndose a lo que posteriormente- -durante la segunda mitad de los noventa y los primeros años de la década de los dos mil- sería conceptuado como el debate entre redistribución o reconocimiento, Ralph Miliband expresó este nudo borromeo con nitidez: la opresión de mujeres, personas negras o LGTBIQA+ está crucialmente conformada por su posición en el proceso productivo. Pero no porque estas personas sean “además” trabajadoras; es que su forma específica de explotación está moldeada por relaciones de género y racialización. No existe, por tanto, un parteaguas entre las reivindicaciones laborales, el derecho a la vivienda o la defensa de los servicios públicos, de un lado, pongamos por caso, y la oposición al racismo, la misoginia o la violencia machista, de otro. No se trata de dos agendas yuxtapuestas, sino de dimensiones co-constitutivas de un mismo campo antagonista. Por eso, la praxis política no consiste en elegir entre clase o identidad, sino en articular frentes de lucha diversos, sin reducir los unos a los otros ni dispersarlos.
Al arremeter contra el pueblo palestino, el Estado genocida de Israel no escinde lo material de lo simbólico. El exterminio étnico se ejecuta mediante la demolición sistemática del tejido social y ecológico, puesto que no hay genocidio sin ecocidio. La aniquilación de una población exige la devastación de su entorno biológico. Destruir la flora, envenenar los acuíferos o calcinar los campos agrícolas no es un efecto secundario de la guerra, sino una técnica de borrado ontológico: hacer la tierra inhabitable para que el pueblo palestino deje de existir.
Por un universalismo concreto
El error simétrico al economicismo no es la defensa de la diversidad tout court, sino el archipiélago de identidades inconexas que renuncia a la totalidad. Pero la historia de los movimientos emancipatorios desmiente esa tendencia constante a la fragmentación que atacan los detractores de lo “woke”. Mucho antes de que la academia canonizara la “interseccionalidad” —término acuñado por Kimberlé Crenshaw en 1989—, el Combahee River Collective ya había politizado la identidad, entendida esta no como un refugio clausurado, sino como una palanca de transformación universal. Porque, como apunta Nicola Field, ”ningún movimiento, sea cual sea el horror de la opresión que lo hace nacer, es revolucionario si piensa con la perspectiva de una comunidad limitada”.
Al postular la “política de la identidad”, el Colectivo Combahee River no estaba trazando con una cuchilla una separación entre economía política y estéticas del reconocimiento; estaba afirmando exactamente lo contrario: que una revolución socialista, si ha de ser tal, debe ser simultáneamente feminista y antirracista. Así, su propuesta política no se confundía con una concepción liberal basada en declarar la igualdad abstracta mientras se tolera el oprobio y la miseria, sino que representaba —dicho nuevamente con Hegel— una forma de universalismo concreto: la liberación de las mujeres negras (o de todo agente social arbitrariamente sojuzgado) conlleva abrir la posibilidad de emancipar a cualquiera, independientemente de sus particularidades culturales. Donde el reconocimiento falta, no se busca adaptación o capacidad de autoafirmación- siendo como este es un paso o momento imprescindible para la toma de conciencia de un colectivo vulnerabilizado-; el objetivo es subvertir radicalmente la estructura social que lo niega.
¿Minorías o estrategias de minorización?
En la contienda política, las nociones de «mayoría» y «minoría» no son neutrales: se afilan ideológicamente. La «mayoría» no remite a una suma aritmética, sino que define, bajo la forma del cálculo estadístico, un modelo ideal de ciudadanía —blanco, europeo, heterosexual, urbano, etc.— utilizado para minorizar sus “desviaciones” o “anomalías”. Así, las minorías no se cuentan, se producen. La diferencia con la mayoría no es numérica, sino de orden y jerarquía. Por tal razón, lo determinante no es la entidad numérica de un grupo —más o menos identificable—, sino su disposición en la dialéctica del poder y los códigos dominantes; si reproduce el statu quo o despliega una línea de fuga. En este sentido, el mandato que insta a las izquierdas a abandonar las «cuestiones minoritarias» para priorizar «los problemas de la mayoría» constituye un artificio falaz y peligroso: un atajo hacia la capitulación que ha servido, a lo largo de la historia, para normalizar y administrar fenómenos como la esclavitud, el supremacismo o la subordinación de las mujeres.
Debemos, por supuesto, construir mayorías; pero no mimetizando el orden social, sino partiendo de las excepciones que evidencian las injusticias globales. Las conquistas que hoy articulan nuestro sentido común —la igualdad salarial, la jornada laboral reducida, la protección de los ecosistemas o el antifascismo— no nacieron de un consenso inicialmente mayoritario, sino del impulso de cooperativas obreras, sindicatos de clase, asociaciones vecinales, movimientos ecologistas o antirracistas empeñados en que la diversidad resonara en la unidad de acción. La transformación social no implica restaurar una comunidad perdida, sino fundar un nuevo socius: una subjetividad inédita que impugne lo intolerable del presente —la explotación económica, el fetiche de la meritocracia, la cultura del casino o del supermercado, el mito tenebroso de los cuerpos perfectos, la depredación ecológica o la lógica del sacrificio- para movilizar el deseo hacia un mundo común en el que nadie sea más que nadie. Sí, contenemos multitudes.
