Esteban Beltrán (Madrid, 1962) dirige Amnistía Internacional España desde 1997 y es una de las voces más reconocibles del activismo por los derechos humanos en el país. Esta semana ha estado en Asturias, donde participó en Gijón en la charla “Crisis ¿qué crisis?”, organizada por Amnistía Internacional, sobre las amenazas actuales al orden internacional y el papel de la ciudadanía.
En su perfil en X escribe: “me voy acercando a la muerte y me deseo más vivo que nunca”. Desde esa mezcla de urgencia y resistencia analiza en esta conversación la guerra contra Irán, la crisis del orden internacional, la situación de los derechos humanos en España y los riesgos de la inteligencia artificial.
La guerra iniciada contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel ha intensificado la sensación de una escalada global. ¿Qué lectura hace Amnistía Internacional del momento actual desde el prisma de los derechos humanos?
Bueno, esta guerra tiene sobre todo dos puntos muy, muy preocupantes. El primero es que una buena parte de las víctimas son civiles. Estamos hablando de que al menos 1.250 personas han muerto en Irán desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques; 17 personas han muerto en el Golfo, varias de ellas civiles; y en el Líbano —donde la situación es especialmente preocupante— hablamos de casi 700 personas, entre ellas casi 300 niños, asesinadas durante la guerra. Además, en el Líbano hay un desplazamiento de más de 800.000 personas de sus lugares de origen. Por lo tanto, el primer elemento esencial es la protección de los civiles, que no se está garantizando: a pesar de que en Irán se afirma que se bombardean objetivos militares, en realidad se están bombardeando también infraestructuras civiles. Hay además un elemento adicional, que es el bombardeo de infraestructuras energéticas, que podría constituir crímenes de guerra y que puede tener a largo plazo efectos graves en la salud —cánceres, toxicidad— para parte de la población de los países del Golfo o de Irán.
¿Qué otros elementos le preocupan especialmente en este conflicto?
El segundo punto importante es que esta guerra se desarrolla sin siquiera buscar una apariencia de legalidad o de convencimiento de la opinión pública, y se está haciendo fundamentalmente por motivos económicos. Es decir, los actos de agresión que ha habido hasta ahora por parte de Estados Unidos se han dado en gran medida por razones económicas.
¿Y qué impacto está teniendo en el interior del propio Irán?
Y hay un tercer elemento: también hemos detectado un aumento de la represión por parte de las autoridades iraníes contra disidentes políticos o minorías religiosas. Pensemos en un país donde el año pasado hubo más de mil personas ejecutadas mediante la pena de muerte y donde en enero hubo miles de manifestantes pacíficos asesinados. El impacto brutal, directo o indirecto, de la guerra sobre la población civil es devastador.
“la democracia ha vuelto a niveles de los años ochenta y el 72% de la población mundial vive en contextos de autocracia o prácticas autoritarias graves.”
Escalada global y erosión del orden internacional
¿Cree que estamos ante un cambio de paradigma en el respeto al derecho internacional humanitario y, casi diría, en los derechos humanos en general?
Estamos en un cambio de paradigma, aunque eso suene sofisticado. Lo que está pasando es que el orden internacional basado en normas se está haciendo añicos y puede arrastrar consigo toda la arquitectura en la que se han apoyado los derechos humanos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Son 80 años de derechos humanos en los que, por supuesto, ha habido violaciones, pero cuya arquitectura se basaba en un concepto fundamental: la igualdad de los seres humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esa fue la piedra angular tras el Holocausto y el régimen nazi.
¿Qué está cambiando exactamente en ese marco internacional?
Pues que ahora todo eso está en cuestionamiento. Se deshumanizan partes enteras de la población, como ocurrió en la República de Weimar y durante el nazismo. Los inmigrantes, por ejemplo, son tratados como colectivos deshumanizados; los palestinos, en el caso de Gaza, también lo son. Esa deshumanización facilita violaciones todavía más graves de los derechos humanos.
¿Estamos entonces ante una regresión democrática a escala global?
Si lo miramos en perspectiva, hubo una ola democrática que comenzó hace más de 50 años y se consolidó tras la caída del Muro de Berlín, con la creación de nuevas instituciones como la Corte Penal Internacional. Esa etapa duró hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la respuesta estadounidense. Ahora vivimos lo que llamaríamos una recesión democrática: según los datos, la democracia ha vuelto a niveles de los años ochenta y el 72% de la población mundial vive en contextos de autocracia o prácticas autoritarias graves. Por tanto, estamos ante una situación muy grave para los derechos humanos. Creo que se puede resistir, que hay posibilidades, pero es una situación realmente preocupante.
Ante este escenario, ¿qué responsabilidad tienen los países que continúan exportando armas a zonas de conflicto?
Hay actualmente 56 conflictos armados en el mundo. El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas prohíbe exportar armamento a lugares donde exista riesgo de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad —lo que se conoce como la “regla de oro”— y además hay legislaciones nacionales que también lo prohíben. Sin embargo, el negocio de las armas sigue siendo muy boyante, especialmente en contextos de guerra. En el caso de Gaza, por ejemplo, algunos países han dejado de exportar armas —como España, Finlandia o Noruega—, pero otros las han mantenido pese a las acusaciones de genocidio, como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. Esos Estados pueden ser acusados de complicidad en crímenes internacionales. Lo mismo ocurre ahora con el uso de armamento contra población civil: es algo que debe investigarse; por ejemplo, quién bombardeó la escuela en Irán que causó la muerte de más de un centenar de personas, incluidas niñas. Los responsables deben comparecer ante los tribunales. Pero lo cierto es que la exportación de armas sigue siendo un negocio muy rentable en tiempos de guerra.
Derechos humanos en España
En España, algunos discursos sostienen que el país avanza hacia una dictadura, si no lo estamos ya. ¿Detecta Amnistía un retroceso en derechos humanos en nuestro país?
No podemos afirmar eso en el caso de España. Basta compararlo con otros países europeos como el Reino Unido, donde el año pasado se detuvo a más de 1.500 personas acusadas de terrorismo por manifestarse contra el genocidio en Palestina.
¿Qué problemas identifica hoy Amnistía en materia de derechos humanos en España?
No hay un retroceso, pero sí hay problemas importantes de derechos humanos en España. Uno es la vivienda. Es un problema serio y grave que arrastramos desde hace mucho tiempo. El año pasado, pese al escudo social, hubo en España más de 19.000 desahucios, en su mayoría por impago del alquiler. El parque de vivienda social apenas alcanza el 3,4% del total, frente al 8% de media europea y muy lejos de países como Francia, Austria o los nórdicos, donde ronda el 20%. Esto obliga a muchas familias a recurrir al mercado privado, con rentas muy altas: el 37% de quienes viven de alquiler destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda y desde 2016 el alquiler ha duplicado su precio.
¿Y en el terreno de las libertades civiles?
El segundo problema es que el sistema legal no protege el derecho a la protesta, sino que lo castiga. La ley mordaza cumple diez años y se han impuesto más de 429.000 sanciones relacionadas con la seguridad ciudadana, muchas por infracciones menores como desobediencia o negativa a identificarse. Tanto la Comisaria de Derechos Humanos como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa han criticado estos artículos por su impacto en la protesta. También hay problemas en fronteras como Ceuta y Melilla, donde la imposibilidad de solicitar asilo empuja a las personas a rutas mortales. Pero de ahí a hablar de una deriva autoritaria generalizada hay un largo trecho.
“Lo urgente ahora es el futuro del escudo social. Si no se aprueba definitivamente, hasta 70.000 procesos de desahucio podrían verse afectados.”
En relación con la ley mordaza, el debate sobre su reforma se ha prolongado durante años. ¿Cree que falta voluntad política real para modificarla y qué cambios considera imprescindibles?
Llevamos diez años con una ley que ha cumplido un papel muy triste. Desde su aprobación han disminuido notablemente las manifestaciones públicas, en gran parte por la amenaza de multa y la arbitrariedad. Necesita cambios profundos: eliminar el rechazo automático en frontera, garantizar asistencia letrada a quienes solicitan asilo, modificar o suprimir los artículos sobre obediencia y falta de respeto a la autoridad y revisar la amplia discrecionalidad policial. Es un ejemplo de cómo aumenta el poder de la policía en manifestaciones pacíficas y disminuye el control judicial. Además, mantiene la presunción de veracidad del funcionario público frente al manifestante, limita la documentación de abusos al sancionar la grabación de intervenciones policiales y persisten problemas de transparencia, como la negativa del Ministerio del Interior a facilitar protocolos antidisturbios. Es un problema grave que no se haya reformado aún en esta legislatura.
En el ámbito de la vivienda, ¿cómo evalúa la situación actual y cómo se relaciona con el debate sobre la ocupación que tantos titulares, programas y tertulias lidera?
La ocupación es un fenómeno ínfimo, menos del 0,5%, y la mayoría afecta a viviendas de grandes tenedores, no a particulares. Amnistía no la apoya porque es ilegal, pero muchas veces se produce en contextos de vulnerabilidad, y en esos casos el desalojo sin alternativa habitacional puede constituir una violación de derechos humanos. Lo urgente ahora es el futuro del escudo social. Si no se aprueba definitivamente, hasta 70.000 procesos de desahucio podrían verse afectados. A medio plazo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado suspender los desalojos de familias con menores sin alternativa. La ley de vivienda de 2022, aplicada en zonas tensionadas, demuestra que regular el alquiler funciona: allí apenas suben los precios, mientras que en otras zonas han aumentado desde 2016. Pero sin aumentar el parque social, garantizar alternativas habitacionales y regular precios, el problema no se resolverá en España.
Tecnología, vigilancia y derechos
La guerra contemporánea también es tecnológica. ¿Qué riesgos plantea la inteligencia artificial para los derechos humanos?
Enormes. La inteligencia artificial, como toda tecnología, es a la vez ventaja e inconveniente. Existe una coalición entre gobiernos autoritarios y empresas tecnológicas: esos gobiernos las favorecen y les piden desregulación, mientras plataformas como Meta, Instagram, TikTok o X han debilitado sus controles frente al discurso de odio o la manipulación electoral. Además, la IA se utiliza cada vez más en conflictos armados, incluso en sistemas de armas autónomos, lo que aleja la responsabilidad humana. Y hay un debate crucial en la UE sobre si se refuerzan o se debilitan las regulaciones tecnológicas: está en juego la transparencia, la lucha contra la discriminación y la protección frente al odio en línea.
¿Se está utilizando ya con fines de vigilancia y control social?
Sí. Los Estados ya la usan en vigilancia predictiva y prácticas discriminatorias. Amnistía ha documentado casos en India, Myanmar o Estados Unidos. En el fondo, la tecnología reproduce viejos métodos de represión de la disidencia, la protesta y la libertad de expresión.
En ese contexto, y parafraseando a Edward O. Wilson —“tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología de dioses”—, ¿es optimista sobre el futuro inmediato de los derechos humanos?
Vivimos un momento clave para los derechos humanos. Es un momento de resistencia: necesitamos una coalición entre sociedad civil y gobiernos comprometidos para enfrentar la oleada autoritaria y evitar que el mundo se desmorone.
