La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha autorizado de nuevo el proyecto de transformación de la antigua central térmica de La Pereda, en Mieres, para la valorización de biomasa y combustible sólido recuperado (CSR), una decisión que ha reavivado la oposición social y política y que augura un nuevo frente judicial.
Según ha informado este viernes el Gobierno del Principado, la empresa pública Hunosa ha recibido la autorización administrativa previa y la de construcción, si bien la resolución condiciona el avance del proyecto a la presentación, en un plazo máximo de dos meses, de un nuevo estudio de impacto ambiental.
Este informe deberá ajustarse a la sentencia dictada el pasado mes de enero por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que anuló la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permitían la reconversión de la planta.
El alto tribunal concluyó entonces que el proyecto no constituía una “modificación sustancial” de la actividad existente, sino una nueva actividad de coincineración de residuos, lo que implica un marco legal más exigente conforme al Reglamento de Emisiones Industriales y la normativa europea.
La resolución autonómica exige ahora que el nuevo estudio incorpore las aclaraciones señaladas por el TSJA para que puedan ser adecuadamente evaluadas durante la tramitación en curso.
IU muestra su discrepancia con la quema de CSR
Desde Izquierda Unida socio de gobierno del PSOE en el Gobierno asturiano han reiterado su apoyo a una reconversión industrial de las comarcas mineras, pero ha marcado distancias con el uso de residuos. “La posición de IU es clara, pública y conocida: apostar por biomasa real, sin residuos más allá de los forestales, ni improvisaciones. Esta es la posición también del ayuntamiento de Mieres” señalan desde la formación.
Asimismo, su responsable de ecosocialismo, el Director de Agenda 2030, Juan Ponte, ha abogado por una estrategia energética más amplia para HUNOSA, que no dependa de un único proyecto, y por su transformación en una empresa energética pública estatal capaz de liderar la transición ecosocial: “Es imprescindible una estrategia energética ambiciosa, diversificada y coherente, basada en múltiples proyectos de transición que garanticen empleo, actividad industrial y arraigo territorial”.
Rechazo vecinal y anuncio de movilizaciones
Por su parte, el Conceyu contra la Incineración, que agrupa a vecinos y ecologistas, ha criticado duramente la decisión del Principado y ha anunciado que dará la batalla para impedir que la central queme residuos.
El colectivo ha cuestionado tanto el contenido como las formas de la autorización, comunicada —según denuncian— un viernes a primera hora de la tarde, y considera que la Administración está restando importancia al procedimiento ambiental y a la participación pública.
A su juicio, la nueva autorización no corrige los defectos señalados por el TSJA, entre ellos la consideración de la coincineración como una actividad distinta, la falta de definición de elementos clave del proyecto —como la caldera o las características del CSR— o la ausencia de un plan claro para la gestión de escorias y cenizas, cuyo volumen aumentaría significativamente.
También han criticado que no se hayan evaluado los efectos acumulativos con infraestructuras existentes, como la escombrera de Pumardongo, ni se haya garantizado un proceso adecuado de información pública.
El colectivo ha reafirmado su oposición a la incineración de residuos en Asturies y ha instado al Gobierno autonómico a impulsar alternativas “modernas y sostenibles” para la gestión de residuos, denunciando que se pretenda “tapar las vergüenzas” del sistema actual a costa de la salud pública y el medio ambiente.
La decisión del Principado reabre así un conflicto que combina incertidumbre jurídica, debate político y contestación social, con el futuro de la central de La Pereda aún pendiente de resolución definitiva.
