La parte socialista del Gobierno asturiano considera que no hay una relación causa-efecto entre la actividad administrativa del Principado y el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu y que, por lo tanto, “no proceden los señalamientos personales y técnicos” que recoge el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria que lo investiga.
El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, se pronunciaba así poco después de que la diputada de Somos Asturies en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, hiciese público el borrador del dictamen que ha elaborado como presidenta de la comisión parlamentaria que desde hace meses investiga este accidente.
Este dictamen provisional, que aún deberá ser objeto de negociación entre los distintos grupos parlamentarios y que no se elevará a definitivo hasta dentro de un mes, considera que tres exconsejeros del Principado, un exviceconsejero y tres altos funcionarios deben ser reprobados por sus responsabilidades personales y políticas en dicho accidente.
Entre los que considera responsables políticos se encuentran los tres exconsejeros que tuvieron responsabilidades en materia de minería durante la etapa de Gobierno de Adrián Barbón: Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Rorqueñí, ahora presidenta de la Autoridad Portuaria de Xixón, y Berlarmina Fernández, quien dimitió de su cargo tras el accidente de 2025.
También apunta a Isaac Pola, que además de haber sido consejero durante la etapa de gobierno de Javier Fernández, fue viceconsejero de Industria con Adrián Barbón, así como director general de Minas.
Los socialistas se oponen a “señalamientos personales”
“Para la parte mayoritaria del Gobierno, con los hechos conocidos, tanto lo que pone de manifiesto el informe de la Inspección General de los Servicios, como lo que pone de manifiesto el borrador del dictamen de la Comisión, no procede a hacer señalamientos personales ni técnicos”, ha señalado Peláez en declaraciones a los medios.
En su opinión, ninguno de esos dos documentos establece una relación causa-efecto entre la actividad administrativa, entre los procedimientos y la estructura administrativa del Principado con la explosión de grisú que costó la vida a cinco trabajadores el 31 de marzo del pasado año.
Peláez ha reiterado el compromiso del Gobierno del Principado “con el esclarecimiento de los hechos, con que se conozca la verdad y que se haga justicia” tras insistir en que el “responsable directo del accidente y de los fallecidos es la empresa Blue Solving, que estaba llevando a cabo una actividad extractiva de carbón ilegal clandestina y en unas condiciones de trabajo deplorables”.
Ha añadido que la actividad de esa empresa “no estaba amparada en ninguna resolución administrativa” y que, por lo tanto, estaba llevando a cabo una “actividad ilegal y clandestina”.
El portavoz del Gobierno ha recordado que la responsabilidad penal se está depurando en el Tribunal de Instancia de Cangas del Narcea y que con ese fin el Gobierno del Principado reforzó ese juzgado con más personal.
La derecha se posiciona dividida
El diputado del PP Rafael Alonso ha considerado este martes que “parece evidente” la responsabilidad política de los exconsejeros de Industria por el accidente de la mina de Cerredo en el que fallecieron cinco trabajadores a causa de una explosión el 31 de marzo del pasado año.
En un comunicado, Alonso ha apuntado que el borrador del dictamen propuesto por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación, Covadonga Tomé, requerirá una “lectura y una valoración sosegada”.
En cualquier caso, ha avanzado que “parece evidente la responsabilidad política de los exconsejeros y altos cargos, que lo eran mientras todo ocurría”, así como la existencia de un mecanismo que “permitió a la empresa” extraer carbón ilegalmente.
Tras recordar que Tomé se opuso a la petición del PP de abrir un nuevo plazo de comparecencias tras el “demoledor” informe de la Inspección General de Servicios, Alonso ha incidido en que la fijación de responsabilidades políticas es “una de las conclusiones lógicas de una comisión de investigación”. A juicio del parlamentario popular, “parece evidente que, cargos que son responsables políticos por hechos tan graves, no puedan seguir ocupando cargos públicos de responsabilidad”.
Por su parte, el secretario general de Foro, Adrián Pumares, considera que el borrador se ha quedado corto al no incluir al presidente del Principado, Adrián Barbón, “como responsable del desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera”.
No obstante, y a pesar de que se haya omitido incluirle en la exigencia de responsabilidades, Pumares ha señalado que este dictamen inicial “deja al presidente asturiano en una situación insostenible” ante una decisión que calificó de “inexplicable e injustificable” y que solo obedeció a razones económicas.
El diputado de Vox en la Junta General Gonzalo Centeno ha pedido la dimisión del presidente del Principado, Adrián Barbón. “Cuando fallan órganos completos de la Administración, la responsabilidad es de quien los dirige, en este caso el presidente del Principado, quien debe dimitir”, ha dicho a través de un comunicado.
