En Asturias hay playas donde el mar sigue entrando igual que hace siglos: sin megafonía, sin duchas, sin pasarelas y sin más ruido que el viento del Cantábrico golpeando la roca. Este verano tampoco tendrán bandera azul. Y probablemente nadie convocará una rueda de prensa para celebrarlo.
A pocos kilómetros, otras playas exhibirán uno de los símbolos turísticos más reconocibles del litoral europeo. Asturias sumó este año 16 banderas azules (dos más que en 2025, con la incorporación de Porcía y Navia) dentro de un nuevo récord estatal: 677 playas galardonadas en toda España. Como cada mayo, el anuncio llegó acompañado del vocabulario habitual de la excelencia, la sostenibilidad y la calidad ambiental.
La bandera azul lleva décadas instalada en el imaginario colectivo como una especie de certificado automático de playa ejemplar
La bandera azul, que ahora también se extiende a puertos deportivos, lleva décadas instalada en el imaginario colectivo como una especie de certificado automático de playa ejemplar. Pero detrás del distintivo hay una realidad bastante más compleja de lo que sugiere la fotografía institucional.
El programa no lo concede la Unión Europea ni evalúa únicamente el estado ecológico de las playas. Lo gestiona en España la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), integrada en la Foundation for Environmental Education (FEE), la red internacional que coordina el sistema en decenas de países. Y aunque el sello conserva un enorme prestigio público, alrededor de él conviven desde hace años dos relatos muy distintos: el de quienes lo consideran una herramienta útil para mejorar la gestión del litoral y el de quienes creen que hoy funciona sobre todo como una poderosa marca turística.
Mucho más que agua limpia
La historia de la bandera azul ayuda a entender por qué ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El programa nació en Francia en los años ochenta, cuando buena parte del litoral europeo sufría problemas graves de saneamiento, vertidos y contaminación costera. En aquel contexto, el distintivo sí actuó como incentivo para mejorar infraestructuras básicas y controlar la calidad sanitaria de las aguas de baño. La entonces Comunidad Europea respaldó la iniciativa desde 1987, aunque dejó de financiarla a finales de los noventa.
Incluso algunos de sus críticos reconocen que el programa contribuyó durante años a modernizar servicios e impulsar mejoras ambientales en muchos municipios costeros. Pero casi cuarenta años después el contexto ha cambiado profundamente.
La calidad sanitaria del agua ya no depende de obtener una bandera azul, sino del cumplimiento obligatorio de la normativa europea y española. La Directiva 2006/7/CE y el Real Decreto 1341/2007 obligan a controlar periódicamente parámetros microbiológicos como Escherichia coli y enterococos intestinales en todas las zonas de baño, tengan o no distintivo.
Entonces, ¿qué certifica exactamente la bandera?
La propia documentación de ADEAC ofrece la pista. Además de la calidad del agua, el programa exige servicios de socorrismo, accesibilidad, limpieza, baños públicos, gestión de residuos, seguridad, paneles informativos y actividades de educación ambiental. El distintivo no mide únicamente conservación ecológica; evalúa también un determinado modelo de gestión del litoral donde conviven objetivos ambientales, turísticos y de uso público.
Parte de esas infraestructuras responde, además, a necesidades evidentes de seguridad, accesibilidad o gestión de playas muy concurridas. Pero varios investigadores especializados en gestión litoral consideran que el sistema acaba favoreciendo sobre todo playas intensamente equipadas y preparadas para soportar un elevado uso turístico.
Y ahí Asturias se convierte en un caso especialmente interesante porque buena parte de la identidad turística asturiana se apoya precisamente en la idea de costa relativamente salvaje, poco urbanizada y todavía alejada de algunos de los excesos asociados al turismo masivo de otras zonas del litoral español. Sin embargo, muchas de las playas con más opciones de obtener bandera azul son justamente aquellas mejor equipadas, más accesibles y más adaptadas al uso intensivo.
Ecologistas en Acción, que desde hace años otorga los anti-premios “Banderas Negras”, ha definido el galardón como “insolvente” y “fraudulento”: “los premios Bandera Azules solo indican la existencia de servicios para los bañistas, pero no reconocen una verdadera gestión ambiental y conservación de estos frágiles sistemas costeros”. Parecida opinión sostiene Greenpeace, para la que bandera azul es “una auditoría privada cuyo potencial es turístico”.
Municipios que se bajan del sistema
Las dudas sobre el modelo no proceden únicamente del ecologismo o del ámbito científico. En los últimos años varios municipios turísticos españoles han dejado de solicitar la bandera azul. Formentera renunció hace décadas. También lo hicieron localidades gallegas como O Grove o Nigrán. En Euskadi, las banderas azules han quedado reducidas a una presencia casi testimonial en playas marítimas. Y en Asturias, Llanes abandonó el sistema hace no mucho tras cuestionar públicamente la utilidad y el rigor de algunos criterios.
En los últimos años varios municipios turísticos españoles han dejado de solicitar la bandera
ADEAC rechaza estas críticas y defiende que la bandera azul sigue siendo uno de los estándares ambientales más exigentes del mundo. La organización insiste además en que el programa implica inspecciones, controles periódicos y revisiones continuas de las candidaturas. Cada año, recuerdan desde la asociación, algunas playas pierden el distintivo por incumplimientos relacionados con la calidad del agua o los servicios exigidos.
El dinero detrás del símbolo
Alrededor del sistema existe también una dimensión económica poco visible para el gran público. Las candidaturas tienen coste para los municipios y el programa se financia además mediante aportaciones institucionales y subvenciones públicas. Las memorias de ADEAC reflejan ayudas procedentes de comunidades autónomas y de la Secretaría de Estado de Turismo. En la memoria económica correspondiente a 2024, por ejemplo, la asociación detallaba aportaciones autonómicas de distintos territorios turísticos y financiación estatal vinculada a promoción y sostenibilidad.
Eso no significa que las banderas “se compren”. Pero sí dibuja un sistema donde administraciones públicas, promoción turística y certificación ambiental conviven en una relación mucho más estrecha de lo que habitualmente se percibe.
Resulta llamativo, además, que varias de las comunidades con mayor peso financiero dentro del programa, según las memorias de ADEAC, figuren también entre las que más banderas acumulan cada verano, aunque esa coincidencia no permita por sí sola establecer una relación causal.
El debate de fondo, en realidad, va mucho más allá de un distintivo concreto. Tiene que ver con qué entendemos hoy por sostenibilidad en un litoral sometido a una presión turística creciente y con la manera en que administraciones y organismos turísticos convierten determinados símbolos ambientales en herramientas de promoción territorial.
Asturias volverá a exhibir este verano sus 16 banderas azules como prueba de calidad costera. Mientras tanto, muchas playas del litoral cantábrico seguirán fuera del ranking. Algunas quizá por falta de servicios. Otras, simplemente, porque responden a una idea distinta de lo que debe ser una playa.
