El director general de Alcaldía de Xixón, Jaime Fernández-Paíno, ha subrayado este viernes que el Ayuntamiento “no va a permitir” que otra administración como el Gobierno del Principado “usurpe sus competencias” en lo que respecta al derribo del monumento de los militares golpistas del cuartel de Simancas, ubicado en el colegio de La Inmaculada, “protegido en el catálogo municipal”.
Asimismo, ha acusado al consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, Ovidio Zapico, de vehicular “una orden de derribo” del mencionado monumento, “como si fuera suyo”.
Fernández-Paíno, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa sobre los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ha considerado “sorprendente” que Zapico “venga a dar lecciones de prevaricación” al consistorio gijonés, y le ha recordado que “las normas que ordenan el territorio son de obligado cumplimiento”, tanto para la administración local como para la autonómica.
Ha insistido en que el Ayuntamiento “no va a permitir” que otra administración “usurpe sus competencias” ya que, “de momento”, la potestad para aprobar el catálogo municipal y dar licencias de obra es del consistorio.
También ha apuntado que son las “mismas normas urbanísticas” que permiten la construcción de 2.000 viviendas en Jove y que Zapico “seguramente por razones ideológicas no quiere desarrollar”.
El director general de Alcaldía ha indicado que el Ayuntamiento tiene “todo el derecho del mundo” a, con su normativa urbanística, tomar las decisiones que “legalmente procedan” y ha advertido que una obra, en cualquier Ayuntamiento, requiere de una licencia y ésta “requiere el cumplimiento del plan general”.
El Ministerio de Política Territorial respalda al Principado
La pieza que faltaba para seguir adelante con la retirada podría haber llegado ya. Se trata del acuerdo del El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para incluir el monumento franquista en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, al considerar que supone una exaltación de la sublevación militar de 1936 y del franquismo.
El departamento sostiene que el monumento encaja en los supuestos previstos por la Ley de Memoria Democrática al tratarse de un elemento erigido por el franquismo para honrar a militares sublevados contra el Gobierno de la II República y carecer de “contextualización crítica y pedagógica”.
El informe también señala que asociaciones memorialistas como FAMYR habían denunciado la permanencia de este símbolo en un espacio educativo y añade que se han documentado concentraciones de grupos ideológicos ante el monumento, lo que, según el texto, refuerza su carácter de espacio de exaltación franquista.
Tras la incoación del expediente, la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática remitirá la documentación a la Comisión Técnica sobre Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, que dispondrá de un mes para emitir un informe sobre si el conjunto debe ser incluido en el catálogo y sobre la posible concurrencia de razones artísticas o arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento
