Uruguay tiene tres millones y medio de habitantes, de los cuales 25.000, un 3% de la población, vive en cooperativas. En este pequeño país del Cono Sur, miles de familias viven en casas que no compran ni alquilan, sino que construyen y gestionan colectivamente. No son propietarias individuales, sino socias de un proyecto común. Y, contra todo pronóstico, el modelo no solo ha resistido crisis económicas, dictaduras y cambios de gobierno, sino que se ha consolidado como una de las políticas de vivienda más estables y exitosas de América Latina.
Este fin de semana dos representantes del movimiento cooperativista uruguayo, Alicia Maneiro y Beatriz Bellenda, estuvieron en Asturies para hablar del modelo uruguayo en el Foro Internacional de Vivienda Colaborativa impulsado por la Dirección General de Agenda 2030, de la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, y la cooperativa Axuntase.
Los orígenes del cooperativismo uruguayo arrancan a finales de los años sesenta, en plena efervescencia social y política del país
Los orígenes del cooperativismo uruguayo arrancan a finales de los años sesenta, en plena efervescencia social y política del país. Inspiradas por el cooperativismo europeo, en concreto de Suecia, y por las luchas sindicales, las primeras cooperativas surgieron como respuesta a la escasez de vivienda asequible y al encarecimiento del suelo urbano en Montevideo. En 1968, la aprobación de la Ley Nacional de Vivienda reconoció legalmente la figura de la “cooperativa de ayuda mutua”, que combinaba autogestión, trabajo colectivo y financiación pública. A partir de entonces, cientos de familias empezaron a levantar sus propios edificios, ladrillo a ladrillo, bajo el principio de que la vivienda es un derecho y no una mercancía.
La dictadura cívico-militar de 1973 “hostigó y debilitó todo lo que pudo a las cooperativas, pero no pudo acabar con ellas”, explica Alicia Maneiro, secretaria de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por la Ayuda Mutua, una entidad que hoy agrupa a unas 730 cooperativas y representa a más de 35.000 familias. La Federación, que fue parte activa en las movilizaciones que pusieron fin en 1985 a la dictadura, lucha porque el modelo siga siendo accesible para las clases populares, y no solo para los sectores de clase media, con más capacidad de inversión.
Para eso es fundamental, explica Maneiro, el compromiso del Estado, que hoy día aporta el 85% de la financiación de las cooperativas, y en ocasiones también el suelo. De este modo, con créditos blandos, eliminando intermediarios y a veces con el propio trabajo de los socios y socias, “construimos mucho más barato que el sector privado”.
“Las casas son muy reconocibles por el ladrillo rojo y están extendidas por todo el país, pero sobre todo en las periferias urbanas” explica Maneiro que destaca que el cooperativismo no solo permite abaratar la vivienda sino también profundizar en la democratización de la vida cotidiana y en la autoorganización de los sectores populares.
El cooperativismo no es la única política de vivienda que despliega el Estado urguayo en uno de los países más caros para vivir de América Latina, pero sí una de las más importantes. La mitad del presupuesto de vivienda se destina a fomentar el cooperativismo: “Sin el apoyo público la clase trabajadora no podría formar cooperativas”.
Un lugar para envejecer en común
Beatriz Bellenda, impulsora del co-housing Carpe Diem, expuso la experiencia de esta cooperativa, en fase de construcción, a las afueras de Montevideo. Estará compuesta de 30 alojamientos de 40,5 metros cuadrados, y otros ocho de 50, con zonas comunes como jardín, huerta, biblioteca o salón de actos.
Bellenda expuso que el modelo cooperativo permite ahorrar costes, pero también la economía de escala del proyecto.
Desde Carpe Diem, que ya logró un apoyo del gobierno regional, esperan ahora lograr otra ayuda de la República, para hacer así más accesible el proyecto a personas con menos ingresos que el grupo promotor.
