Las recientes declaraciones del director ejecutivo del Hospital de Torrejón, perteneciente al grupo Ribera Salud, han reavivado un debate que lleva años latente: ¿puede la salud gestionarse bajo criterios empresariales sin comprometer la atención a los pacientes?
El economista Kenneth Arrow, Premio Nobel y considerado el fundador de la economía de la salud, advirtió hace décadas sobre la incompatibilidad entre la lógica del mercado y la atención sanitaria, porque ésta debe responder a criterios de equidad y necesidad. Entre los fallos estructurales que señalaba se encuentra la selección adversa: la tendencia a priorizar pacientes “rentables” y a relegar o rechazar aquellos casos complejos que generan pérdidas.
La tendencia es a priorizar pacientes “rentables” y a relegar o rechazar aquellos casos complejos que generan pérdidas
Las prácticas del responsable del Hospital de Torrejón no son hipótesis teóricas, sino estrategias reales. Trabajadores del centro aseguran que la clasificación económica de pacientes forma parte del funcionamiento interno, junto a otras prácticas polémicas e inaceptables como la reutilización de material sanitario de un solo uso o el engorde deliberado de listas de espera de casos no rentables.
Ribera Salud, ahora integrada en el grupo francés Vivanto Santé, tiene presencia en Asturias después de la compra del Hospital de Covadonga, en Gijón, al que el sistema público de salud (SESPA) está derivando pacientes.
En paralelo, Quirón Salud —propiedad de la multinacional alemana Fresenius— prepara su desembarco en la ciudad tras la cesión, cuestionada por las irregularidades en la concesión de los terrenos municipales para construir el nuevo complejo sanitario. Ambas compañías operan en el sector con objetivos de rentabilidad, una realidad que para muchos expertos choca con la naturaleza de un servicio esencial como la atención sanitaria.
El crecimiento de estas empresas se apoya en el marco de colaboración público-privada y de la Ley 15/1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar. En la práctica, la administración aporta el presupuesto y los pacientes, mientras que las empresas privadas gestionan centros y obtienen beneficios. Una forma de parasitación del sistema público que cuenta con el entusiasta respaldo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que cerró filas con Ribera Salud pese al revuelo generado por las declaraciones de su directivo.
En Asturias, plataformas ciudadanas y sindicatos del sector le hemos exigido al SESPA que suspenda de inmediato la derivación de pacientes y abra una investigación pública sobre el funcionamiento del Hospital de Covadonga. Una empresa que reconoce priorizar la rentabilidad no debería recibir derivaciones del sistema público ni gestionar servicios esenciales. En este mismo orden de cosas se reivindica al Ministerio de Sanidad la derogación de la Ley 15/1997, el principal instrumento que facilita la privatización progresiva del sistema sanitario.
La salud, ¿derecho o negocio? En una economía de mercado no puede prohibirse el ánimo de lucro, pero es evidente su incompatibilidad con la atención sanitaria pública y universal, un derecho fundamental de la ciudadanía y una responsabilidad ineludible del Estado
