El anteproyecto de ley de Participación Ciudadana, que ha iniciado este viernes, su periodo de exposición pública, contempla la posibilidad de convocar consultas ciudadanas no referendarias para recabar la opinión de un determinado sector o colectivo de la población sobre asuntos de interés que sean competencia del Principado por iniciativa del presidente o a petición de seis mil personas.
La futura normativa, que reconoce el derecho a la participación de todas las personas mayores de 16 años que residan en Asturies con independencia de su lugar de nacimiento, contempla que en esas consultas puedan participar quienes formen parte del sector o colectivo de la población convocado a expresar su opinión por estar relacionado con la materia objeto de consulta.
El resultado de la consulta no sería jurídicamente vinculante, pero quien tenga competencia sobre la materia objeto del proceso deberá hacer públicos los motivos por los que, en su caso, decide apartarse del parecer social emitido en la consulta convocada.
En lo relativo al sistema de votación de estas consultas se prevé que sea desarrollado vía reglamento garantizando que el voto sea personal, libre, igual, directo y secreto y establece además que no se podrán promover, cualquiera que sea su ámbito, sobre un asunto ya consultado, en la misma legislatura.
También las ayuntamientos podrán promover consultas dentro de sus ámbitos de competencia, según refleja el anteproyecto, elaborado por un equipo liderado por el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno Linera, y que podrá ser aprobado por el Consejo de Gobierno en unos dos meses, una vez finalizado el periodo de información pública y analizadas las alegaciones, antes de ser remitido a la Junta General para su tramitación.
Según ha señalado en rueda de prensa el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la normativa elaborada por su departamento es la primera en Asturias sobre este ámbito y ha incidido en su importancia en un contexto en el que “la democracia plural y participativa se enfrenta al avance de modelos autoritarios”.
Para Zapico, vivir en democracia “es mucho más que votar o manifestarse” por lo que ha incidido en la importancia de que la ciudadanía pueda participar en los procesos públicos desde su origen y ha enmarcado esta iniciativa en el impulso legislativo de la segunda mitad del mandato autonómico que ha llevado a su departamento a estar trabajando en seis proyectos de ley.
El anteproyecto incorpora nuevos mecanismos como los presupuestos participativos, los foros de debate sobre políticas públicas y los jurados ciudadanos para la evaluación de políticas e inversiones públicas y, según la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, contribuirá a reforzar un movimiento asociativo que fue fue clave en la consolidación del sistema democrático en España.
“Fortalecer el movimiento asociativo es fortalecer los pilares de la democracia”, ha apuntado tras recordar que en el proceso de elaboración del texto se han implicado casi setecientas personas de cuatrocientas asociaciones.
