“Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, públicas y privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad”. Así exponía Pedro Sánchez el pasado año el Decreto del Gobierno para endurecer las condiciones en la creación de universidades. Una norma destinada a terminar con los llamados “chiringuitos universitarios” y garantizar la calidad de las universidades privadas.
Hoy, un año después de que la normativa entrara en vigor, el discurso hegemónico que se ha instalado en el campo progresista es ese: que el principal problema de la educación superior está en la calidad, y no en la propiedad. Da igual que las universidades sean públicas o privadas, mientras investiguen y no sean simples fábricas expendedoras de títulos.
Sin embargo, la universidad privada, en cualquiera de sus versiones, es un factor de desigualdad y segregación, y eso es lo que realmente nos debería preocupar en la izquierda. Genera un espacio separado para las clases medias y altas, debilitando así a la universidad pública como lugar de convivencia y cohesión social, y consolida la idea de que con dinero todo se puede conseguir.
En el medio plazo la proliferación de universidades privadas conlleva además una dinámica perversa. Para que la privada tenga clientes hace falta recortar, o cuando menos, congelar, la oferta de titulaciones y plazas en la universidad pública. La Comunidad de Madrid es la máxima expresión de algo que también puede terminar pasando en Asturies. ¿Cuánto va a crecer la facultad de enfermería de la Universidad de Oviedo/Uviéu si permitimos a otras tres universidades privadas ofertar la misma carrera? ¿Alguien se imagina a la universidad pública implantando grados como arquitectura o nutrición, si antes la Universidad Europea logra ponerlos en marcha?
Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades el licenciado de la pública puede al menos contar con la ventaja del prestigio de la pública. Frente al titulado de la privada “de calidad”, el licenciado de la pública ni siquiera cuenta con eso.
La izquierda no puede prohibir las universidades privadas, pero sí al menos dificultar su crecimiento. ¿Cómo? A través de reformas estratégicas que les obliguen a competir en igualdad de oportunidades. Por ejemplo en la admisión del alumnado. ¿Por qué no la obligación de una nota de acceso similar a la de la pública en las facultades privadas? El debate sobre la futura ley asturiana de universidades abre una magnífica oportunidad para poner verdaderas medidas de calado sobre la mesa.
