Pertenezco a una generación en la que la palabra Asturies y la palabra industria estaban íntimamente ligadas. La inmensa mayoría de los padres de mis compañeros de colegio trabajaban en Ensidesa. El mío también. Y lo mismo ocurría en otras zonas con Hunosa. La imagen de las fundas azules colgadas de los tendales en las barriadas obreras, con los logos a la espalda de ambas empresas públicas, forman parte del paisaje emocional de nuestra infancia.
La cultura asturiana, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia y nuestra identidad como pueblo no se entenderían hoy sin la importancia que ha tenido la industria del acero y del carbón en la segunda mitad del siglo XX. Y a pesar de una reconversión industrial enormemente dolorosa, la supervivencia económica de Asturies en las primeras décadas del siglo XXI ha descansado en unas prejubilaciones generosas que han permitido que exista una solidaridad intergeneracional sin parangón en el Estado. El empleo industrial, lo sabemos, es en términos generales empleo de calidad, al menos si atendemos a la comparación con otros sectores económicos mucho más precarios, más estacionales y con sueldos sustancialmente más bajos. Y es justo reconocer que se lo debemos al movimiento obrero y a un sindicalismo que ha sido particularmente combativo en el ámbito industrial.
En las últimas semanas, la amenaza de que Arcelor Mittal no cumpla con las inversiones a las que se había comprometido en el plan de descarbonización ha levantado un manto de duda e incertidumbre en la sociedad asturiana. Máxime cuando vemos que la misma empresa ejecuta algunas de esas inversiones en Francia, mientras que mantiene a la sociedad asturiana en vilo. No es necesario insistir en la importancia que tiene Arcelor para el futuro de Asturies. Todos somos conscientes de que su cierre sería catastrófico. Y precisamente por eso, desde los poderes públicos tanto autonómicos como estatales, no vamos a dejar que ocurra. Seamos claros: el cierre de la acería asturiana no es una opción. El mantenimiento de nuestra siderúrgica no tiene discusión posible, con o sin Lakshmi Mittal al frente. Es un caso evidente de Too Big To Fail.

Y es que la primera de las exigencias debemos hacérsela a la propia Mittal, que tiene que pronunciarse lo antes posible sobre el futuro de la siderúrgica asturiana, cuyo carácter estratégico está fuera de toda duda. El millón de asturianas y asturianos no podemos estar sometidos a un chantaje permanente. Alimentar, aunque sea mediante el silencio, el fantasma del cierre de Arcelor con el fin de lograr más y mejores prebendas públicas no responde al modelo empresarial socialmente responsable que un país desarrollado debe incentivar. Máxime cuando las ayudas a la descarbonización que Arcelor tiene otorgadas son más que generosas, con 450 millones de euros concedidos a la empresa procedentes del bolsillo de todos los ciudadanos europeos para la producción de “acero verde” mediante la utilización de hidrógeno producido por energías renovables.
Tanto Adrián Barbón como Pedro Sánchez deben ponerse las pilas y tomar buena nota de las medidas que ha tomado Emmanuel Macron
En segundo lugar, tanto Adrián Barbón como Pedro Sánchez deben ponerse las pilas y tomar buena nota de las medidas que ha tomado Emmanuel Macron para garantizar las inversiones de Mittal en Dunkerque. El meollo de la cuestión está en el precio en el que Francia puede ofrecer la energía a la industria electrointensiva gracias a que dispone de una empresa energética pública, sorteando los precios de mercado para poner en práctica un proteccionismo estratégico.

El proceso de liberalización de la industria energética española, culminado a finales de los noventa por José María Aznar, nos impide disponer de herramientas públicas que nos permitan tener una industria electrointensiva más competitiva. El colmo de los colmos fue el caso de Endesa, empresa pública que, 25 años después de su privatización, está en manos del Estado italiano.
España debe plantearse urgentemente la necesidad de disponer de herramientas que permitan la competitividad de su industria en el tablero europeo. No podemos jugar el partido con nuestros países vecinos con una mano atada a la espalda. Y para ello es imprescindible que el Estado disponga de una empresa pública capaz de proporcionar energía a precios competitivos para la industria electrointensiva por su carácter estratégico.

En esa hoja de ruta, Asturies podría situarse a la vanguardia si contase con una empresa energética propia, de carácter público y capaz de impulsar el desarrollo de las energías renovables desde criterios de defensa del bien común. Tal vez Hunosa podría jugar ese papel, liderando el tramo final de un proceso de descarbonización que indudablemente es un imperativo ético, político y medioambiental . Pero para ello hace falta voluntad política y audacia.
La actitud del Estado francés y de su presidente en lo que se refiere a las inversiones de Mittal en territorio galo han supuesto la firma definitiva del certificado de defunción de las políticas neoliberales en materia industrial. Toda vez que está demostrado que ni los costes salariales (más altos que en España) ni la intervención pública son tabú, cabe hacer un llamamiento a la derecha democrática asturiana para que reme a favor y podamos construir un frente común, político, sindical y social, en defensa de la industria asturiana. Pero para ello deben renunciar al dogma neoliberal, mil veces desmentido, de que el mercado se autorregula. Cuando hablamos, como en el caso de Arcelor Mittal, del futuro de una comunidad autónoma con más de un millón de seres humanos, los poderes públicos no pueden desentenderse de la solución. Deben ser parte de ella, ya sea poniendo todas las herramientas a su alcance para garantizar las inversiones comprometidas o bien asumiendo el control de una empresa que jamás debió dejarse en manos exclusivamente privadas.
































