Más de 30 organizaciones de todo el país han lanzado la campaña “Enciende la energía comunitaria” para pedir el apoyo de la ciudadanía y presionar al gobierno con el fin de avanzar hacia una transición energética en manos de las personas. Para los impulsores de la campaña, “las comunidades energéticas son una pieza clave para acelerar la descarbonización de la sociedad y la economía y avanzar hacia un modelo energético justo basado en fuentes de energía renovable”.
El objetivo de la campaña es concienciar a la ciudadanía sobre la urgencia de multiplicar las comunidades energéticas por toda la geografía española. Para este fin están recabando firmas para exigir al Gobierno un mayor apoyo para la creación de estas comunidades, tanto en su financiación como en el asesoramiento necesario para que la ciudadanía las impulse. Asimismo, proponen eliminar las barreras en la distribución y los trámites burocráticos que, de facto, impiden el avance necesario de las comunidades energéticas.
Ángel Pérez, presidente de la comunidad energética Asoleyar, ubicada en el barrio gijonés de Santa Bárbara, es bien consciente de todas estas dificultades. “La comunidad surgió en 2021”, explica Pérez, “con el proyecto de crear un barrio solar. Somos un barrio obrero de casas bajas y tenemos edificios públicos en el centro del barrio cuyos tejados pueden ser usados para paneles”. Pese a la implicación de varias decenas de vecinos, “la cosa va lenta” debido a los obstáculos burocráticos y financieros. De momento no han podido instalar ni un solo panel, pero tienen previsto tener entre 150 y 160 instalados para marzo de 2025.
“Las comunidades energéticas son una nueva forma de obtener energía en la que se necesita que haya un grupo de personas que apoyen este nuevo sistema, que vivan en radios de dos kilómetros del centro de producción de la energía y que esta se haga en espacios de carácter comunitario o público”, explica Pérez. Los primeros movimientos de Asoleyar fueron dirigidos a lograr que el ayuntamiento de Gijón les ceda los tejados de varios edificios públicos para instalar los paneles, una cesión que esperan que próximamente se formalice de manera oficial.
Los beneficios de constituir una comunidad energética en el barrio son numerosos. Pérez estima que la factura anual de los socios en energía podría reducirse entre un 20 y un 30%. “Pero supone también un beneficio social”, continúa, “porque hacemos una base social en el barrio preocupada por temas energéticas”. Además, el objetivo de Asoleyar es destinar parte de la energía producida a familias en situación de pobreza energética. Todo eso sin contar los beneficios medioambientales de utilizar una energía renovable que se produce y se consume en un radio de 2 kilómetros.
Ahora mismo Asoleyar cuenta con 32 socios: 30 familias, la asociación de vecinos del barrio de Santa Bárbara y el ayuntamiento de Gijón. Pérez destaca que el espíritu de las comunidades energéticas es democrático y asambleario, “puesto que el ciudadano tiene que estar en el centro y no ser un simple consumidor, sino tener capacidad para gestionar la energía que se produce”. Para ser una verdadera comunidad energética, “el 51% de los socios tienen que ser ciudadanos y tener un voto. No puede haber una institución o una empresa que tenga mayoría y lo decida todo”.
El presidente de Asoleyar piensa que lo más urgente es que las instituciones españolas definan con precisión qué es y qué no una comunidad energética. En 2018 la Unión Europea publicó unas directivas al respecto, que luego los Estados miembros deben desarrollar. En España aún no se ha hecho esa labor, lo que genera una confusión a la hora de establecer qué es una comunidad energética. Esto ocasiona problemas, como que aparezcan “supuestas comunidades energéticas que en realidad no lo son, porque no tienen una mayoría ciudadana, sino de grandes empresas que aprovechan el modelo de la comunidad para hacer negocio y buscar subvenciones, teniendo ya mucha financiación y capacidad técnica”. Eso, asegura, “nos perjudica a los que intentamos hacerlo desde abajo, por lo que pedimos un marco legislativo y normativo para impulsar las verdaderas comunidades energéticas”.
