Este aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco ha sido también un recordatorio incómodo para todos los españoles, su herencia permanece viva, incrustada en las instituciones, en las calles y en las conciencias de un país que nunca rompió de verdad con su pasado. Porque, aunque el dictador murió en la cama, su régimen sigue paseándose con traje “democrático” por demasiados rincones de Asturias y de España. Cincuenta años después de la muerte del dictador, el franquismo sigue vivo en las instituciones, en la impunidad y en una monarquía que es heredera directa del régimen.
Hace más de seis años que el Principado aprobó la Ley de Memoria Democrática de Asturias (2019), una norma pensada para cerrar heridas, rescatar la verdad y reparar a las víctimas del fascismo. Sin embargo, seis años más tarde seguimos sin ver su aplicación efectiva. Las obligaciones que recoge, desde la retirada de símbolos franquistas hasta la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, son papel mojado. En decenas de concejos aún encontramos calles, placas y monumentos que honran a verdugos, mientras los nombres de las víctimas permanecen en el olvido o relegados a homenajes voluntaristas. Y aunque se abren fosas, se hace de una forma que refuerza el modelo español de impunidad, en lugar de romperlo. Las exhumaciones en Asturias y en todo el Estado se realizan mediante procedimientos administrativos, sin jueces, sin investigación penal y sin enjuiciamiento de los responsables franquistas. Se abren tumbas y se trasladan restos, pero sin declaración pública de los crímenes, sin reconocimiento jurídico, sin culpables. Este es el modelo español de impunidad: la memoria se tramita, la justicia se aplaza y la reparación se convierte en un expediente más.
Este es el modelo español de impunidad: la memoria se tramita, la justicia se aplaza y la reparación se convierte en un expediente más
Asimismo, la ausencia por falta de voluntad política de un currículo escolar obligatorio que explique el franquismo, sus crímenes y las luchas de sus víctimas, perpetúa la continuidad ideológica del régimen. Generaciones enteras crecen sin conocer la represión, sin saber que el franquismo fue un proyecto de clase, sostenido por las mismas élites económicas que hoy controlan los resortes del poder. Las mismas que se beneficiaron del trabajo esclavo en fábrica y minas, muchas de ellas presentes hoy en el IBEX 35, incluidas empresas asturianas que aún ni han pedido perdón ni han reparado a las víctimas, como sí se ha hecho en Alemania.
La monarquía: herencia del 18 de julio
El franquismo no solo dejó víctimas, sino también herederos, no solo políticos, sino dinásticos. Las recientes memorias del rey emérito Juan Carlos I, publicadas este otoño, son una confesión de esa continuidad. En ellas, el monarca recuerda con naturalidad que fue designado personalmente por el dictador: “Si pude ser Rey, fue gracias a él”, escribe. También admite haber recibido “donaciones” de origen extranjero, como los 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí, que nunca declaró a Hacienda. Un “regalo que no supe rechazar”, confiesa.
No es un accidente biográfico, sino un síntoma estructural, la monarquía fue y es un pilar del régimen del 78, una institución impuesta por Franco para garantizar la continuidad del poder económico y político tras su muerte. La inviolabilidad del rey, la opacidad de la Casa Real y la impunidad judicial que rodea sus actos son parte del mismo engranaje que impide juzgar los crímenes del franquismo. La monarquía es, literalmente, su herencia institucional.
Por eso cuando hablamos de memoria, hablamos también de responsabilidad política, judicial y económica. Y cuando hablamos de democracia, hablamos de quién tiene realmente el poder, qué élites lo gestionan y qué vínculos impunes siguen vigentes medio siglo después. Desde las asociaciones de memoria histórica combativas, venimos denunciando desde hace décadas que no habrá hay democracia mientras haya impunidad. Porque en España esta impunidad no depende del partido de turno gobernante. La política de estado respecto a las víctimas del franquismo siempre ha sido la misma, sostener la impunidad. Gobierne quien gobierne, el Estado español sigue protegiendo a los verdugos y olvidando a las víctimas.
La izquierda institucional, tímida y timorata, mantiene las mismas leyes que impiden juzgar los crímenes del franquismo. Se proclaman políticas de memoria, pero se practica una política de olvido. Se honra a unas víctimas y se entierra dos veces a otras. Y todo ello en nombre de una “reconciliación” que solo sirve para perpetuar la estructura del régimen bajo otro nombre.
Desde Asturias, desde la memoria viva de las fosas y las luchas obreras, decimos basta. No queremos una memoria simbólica, queremos justicia, verdad y reparación. Queremos un Estado que deje de mirar hacia otro lado, que reconozca los crímenes del franquismo como lo que fueron: crímenes contra la humanidad. Y queremos una democracia construida sobre la dignidad del pueblo, no sobre los privilegios de una dinastía heredada de la dictadura.
Por eso, este aniversario no debe ser una fecha de lamento, sino de exigencia: exigir la aplicación inmediata de la Ley de Memoria en Asturias, limpiar de símbolos franquistas nuestras calles, que la verdad llegue a las aulas y que las fosas se abran con justicia y tribunales, no solo con pala y permiso administrativo. Y, sobre todo, exigir que se reconozca por fin que la monarquía es la última herencia viva del dictador.
Solo entonces podremos decir, con verdad, que Franco ha muerto.
