Las movilizaciones del sector agrario contra los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) han reabierto un debate que, en España, no es en absoluto nuevo. Hace casi un siglo, durante la Segunda República, el Gobierno de republicanos y socialistas se enfrentó en 1933 a una contestación similar al impulsar la importación de carne congelada y enlatada procedente de Uruguay, uno de los mayores productores mundiales, dotado no solo de una potente cabaña ganadera, sino también de una moderna industria de transformación. Aquella decisión, tomada en pleno contexto de crisis económica internacional, puso en pie de guerra a los ganaderos del norte peninsular, Cantabria, Asturies, y muy especialmente Galicia, principal productor de vacuno de España.
Los políticos republicanos defendían el tratado comercial con Uruguay como una medida necesaria para abaratar el coste de la vida en las grandes ciudades, sobre todo de las clases trabajadoras, mayoritariamente inclinadas hacia republicanos y socialistas. Madrid y Barcelona, principales centros de consumo, reclamaban alimentos más baratos en un contexto marcado por la Gran Depresión, explica el historiador gallego Miguel Cabo, especialista en historia agraria. La importación de carne congelada —de peor calidad que la producción local, según denunciaban los ganaderos— se presentó como una solución para garantizar el suministro urbano y contener los precios. Sin embargo, el acuerdo comercial con Uruguay también tenía otros grandes beneficiados, y no estaban precisamente entre la clase obrera: eran los productores de vino, aceite y conservas de pescado, que veían en el país latinoamericano un interesante mercado para la expansión de sus productos.
El tratado con Uruguay no fue un hecho aislado. Se inscribía en una política comercial más amplia, que incluyó acuerdos con otros países, todos ellos orientados a reducir aranceles y facilitar intercambios en un momento de contracción económica global. España se comprometía así a comprar a Uruguay 12.000 toneladas anuales de carne a cambio de poder exportar sus productos con menos aranceles.
La política comercial del Gobierno sería percibida en el campo norteño como un “doble prejuicio”. Mientras se abría la puerta a la carne extranjera, perjudicando a los productores locales, se mantenían aranceles elevados a la importación de maíz, una decisión motivada por la presión de los productores de cereales, que temían una importación masiva de grano extranjero. Estas barreras comerciales impedían a los ganaderos acceder a pienso barato del exterior, encareciendo los costes de producción al tiempo que se les obligaba a competir con carne importada a bajo precio.
La contradicción era evidente: protección para los cereales españoles, pero liberalización para la carne
La contradicción era evidente. Los ganaderos del norte y el noroeste denunciaron un agravio comparativo. En Galicia las movilizaciones tendrían una gran fuerza, impulsadas por las organizaciones agrarias, las cooperativas católicas, los republicanos gallegos, liderados por Casares Quiroga, y el incipiente Partido Galeguista, de origen intelectual y pequeñoburgués, pero que también comenzaba a crecer y arraigar en el mundo rural.
Cabo, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, señala que Partido Galleguista utilizó el conflicto como argumento a favor de la autonomía. Para el galleguismo, el problema no era solo económico, sino también político: un Estado centralista que tomaba decisiones desde Madrid sin tener en cuenta la realidad productiva del país. La defensa del sector ganadero se vinculó así a la reivindicación de autogobierno para Galicia.
El historiador también apunta que las importaciones de carne influirían en acelerar una tendencia que ya se estaba dando entre los ganaderos del norte peninsular: la especialización láctea como alternativa a la competencia de las carnes refrigeradas y enlatadas procedentes del Cono Sur latinoamericano.
El conflicto en torno a las importaciones cárnicas se mantendría durante toda la Segunda República, hasta el estallido de la Guerra Civil. La historia sin embargo no acaba aquí, durante la contienda los republicanos españoles de Uruguay enviarían al bando antifascista 3.000 kg de carne salmuerizada enlatada. Un gesto solidario que sería solo el anticipo de las masivas exportaciones de carne enlatada uruguaya, corned beef, a los frentes de guerra. Un poderoso arma que ayudarían los Aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial.
