Durante semanas, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur ha sido presentado en Europa como una amenaza directa para el campo. Tractoradas, cortes de carretera y comunicados de organizaciones agrarias han situado el debate en términos de competencia desleal, estándares ambientales y supervivencia del modelo familiar. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, la escena es muy distinta.
Renzo Pisciottano es ingeniero agrónomo uruguayo y desde hace años trabaja codo con codo con pequeños productores lecheros del centro del país. Productores familiares, aclara, que viven en el propio predio, que dependen exclusivamente de lo que producen y que remiten su leche a Conaprole, la mayor cooperativa láctea de Uruguay. “El contacto es prácticamente diario. Llega un punto en el que uno pasa a ser parte de la familia y ellos de la tuya. Disfrutás los éxitos y sufrís los golpes como propios”, resume.
Desde ese lugar, Pisciottano observa el acuerdo UE Mercosur con una mezcla de distancia y escepticismo. “Aquí no se está viviendo. La efervescencia que tiene en Europa no llega ni al uno por ciento”, afirma. No hay tractoradas, ni protestas, pero tampoco celebraciones. El tratado aparece en las noticias, se comenta de pasada, y vuelve a desaparecer. “Estamos a la expectativa. No sabemos realmente quiénes se van a beneficiar y quiénes se van a perjudicar”.
Un debate lejano y muchas incógnitas aún
La sensación de lejanía tiene varias razones. Una es temporal: el acuerdo lleva más de veinticinco años negociándose. “Hay gente que empezó a discutir esto y ya se murió. Mi hija nació, fue a la escuela, terminó la universidad, y el acuerdo todavía no salió”, ironiza. Otra es material: para muchos productores uruguayos, los problemas urgentes están en otro lado. “Si mañana baja el precio de la leche, ahí sí salimos a pelear, porque lo siento a fin de mes. Esto es algo que se percibe como lejano”.
Eso no significa que no existan preocupaciones. En el sector lechero, explica, algunos estudios oficiales anticipan que la producción de quesos podría verse perjudicada. En Argentina, señala, los productores de aceituna alertan de riesgos similares. “Seguro que hay sectores que ganan y otros que pierden, también del lado de Mercosur. El problema es que no tenemos la información completa”.
En la Unión Europea, la agricultura y la ganadería siguen estando dominadas por explotaciones gestionadas por familias: más del 90 % de las casi 9,1 millones de explotaciones agrícolas de la UE en 2020 eran explotaciones familiares, que representan también la mayoría de la mano de obra y la producción de ganadería y cultivos. Estos modelos, basados en el trabajo del propio núcleo familiar, son habituales en regiones como Asturias, donde la ganadería tradicional —con pequeñas explotaciones bovinas, ovinas y caprinas— aún constituye un elemento central de la economía rural y del paisaje.
“Competencia desleal”: una discusión incompleta
Para Pisciottano, uno de los nudos del debate europeo es el uso reiterado del concepto de “competencia desleal”. “Cuando desde Europa se habla de competencia desleal por laxitud ambiental o laboral, se está mirando solo media película”, sostiene. No niega que existan diferencias regulatorias, pero subraya que Mercosur no es homogéneo. “Las normas ambientales o sanitarias no son las mismas en Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay. En Uruguay, por ejemplo, en muchos aspectos trabajamos directamente con estándares de la Unión Europea”.
En el caso de la leche, la explicación es sencilla: Uruguay exporta alrededor del 70 % de su producción láctea. “Quien pone las normas es el comprador. Y cuando leemos los documentos, muchas veces dicen directamente ‘norma UE’. Eso es lo que tenemos que cumplir”. Lo mismo ocurre, relata, en otras producciones. Él mismo cultiva colza destinada a exportación y recuerda la sorpresa al leer un contrato lleno de exigencias ambientales europeas para un producto que ni siquiera iba a consumo humano, sino a biocombustible.
El otro factor de la competencia: los subsidios
Por eso, insiste, el debate no puede centrarse solo en las regulaciones. “Si vamos a hablar de competencia desleal, pongamos todas las cartas arriba de la mesa”. Y ahí aparece uno de los elementos menos presentes en el debate europeo en esta cuestión: los subsidios.
La Política Agraria Común (PAC) ha sido, desde los orígenes de la Unión Europea, una de las principales herramientas de intervención pública en el sector agrario. En el actual marco financiero 2021-2027 cuenta con una dotación aproximada de 386.600 millones de euros, cerca de un tercio del presupuesto comunitario, y durante décadas llegó a concentrar hasta el 60 % del gasto total de la UE. Hoy, alrededor del 70 % de esos fondos se destinan a ayudas directas a agricultores y ganaderos.
Pisciottano no cuestiona ese modelo. Al contrario. “Ojalá todos los gobiernos del mundo pudieran subsidiar a sus productores para que vivan bien en el campo. Aplaudo que Europa lo haya hecho”. Pero introduce un matiz clave: esas ayudas también condicionan la competencia internacional. “Hacen que producciones que no serían competitivas en el mercado internacional sí lo sean”.
Del otro lado del Atlántico, el escenario es muy distinto. Uruguay tiene un mercado interno reducido y una fuerte dependencia del exterior. En el sector lácteo, cerca del 70 % de la producción se destina a la exportación, con envíos a más de 60 países y un peso destacado de la leche en polvo entera. Ese perfil exportador explica, según Pisciottano, la vulnerabilidad del productor. “Acá el productor no sabe lo que es un subsidio. Si el precio internacional baja, baja el ingreso y punto. Y si no es rentable, se va del campo”. La variación del mercado global se traslada de forma casi inmediata a la renta de las explotaciones, sin amortiguadores públicos comparables a los europeos.
Un mismo modelo familiar a ambos lados del océano
Más allá de las cifras, Pisciottano encuentra un terreno común claro entre productores de uno y otro lado del océano. Ha conocido explotaciones familiares en Europa, Australia o Nueva Zelanda y el patrón se repite. “El paradigma no cambia: producir porque te gusta, porque lo heredaste, porque querés vivir bien, educar a tus hijos y que ellos elijan su camino. Si eso funciona, nadie quiere irse a una ciudad a vivir encerrado en un departamento”.
Por eso, le preocupa el uso ligero de determinados términos. “Cuando se usan conceptos inexactos, la gente termina sufriendo sin saber muy bien por qué”. Y lanza un mensaje directo al agricultor europeo que ve Mercosur como una amenaza: “Sentémonos a conversar con todas las cartas sobre la mesa. Escuchémonos. Lo que venga va a venir para los dos lados”.
El debate se produce, además, en un momento de incertidumbre institucional. Esta semana, el Parlamento Europeo ha acordado paralizar la tramitación del acuerdo UE-Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los Tratados comunitarios. La decisión, adoptada por una mayoría ajustada,ha dejado en suspenso el calendario del tratado y ha evidenciado la profunda división existente dentro de la propia Unión Europea sobre su alcance económico, ambiental y político.
Un acuerdo lejano, complejo y difícil de aterrizar
Pisciottano no idealiza el acuerdo ni lo presenta como una panacea. De hecho, introduce un matiz que suele quedar fuera del debate más inmediato: los grandes procesos de integración económica nunca son neutros para todos los actores.
Recuerda que la propia construcción de la Unión Europea implicó decisiones difíciles y perdedores claros. «Cuando se formó la Unión Europea hubo sectores y productores que salieron perjudicados. A algunos países se les dijo que dejaran de producir determinadas cosas porque las iba a producir otro», explica. España, Francia u otros países del sur vivieron reconversiones profundas en sectores agrarios y productivos.
Sin embargo, añade, el balance global terminó siendo positivo. «La Unión Europea funciona», sostiene, apoyándose en su experiencia personal tras haber viajado y trabajado en distintos países europeos. «Se ve que, en promedio, la gente vive bien, que hay estabilidad y que las cosas funcionan».
Ese razonamiento, aclara, no equivale a una defensa acrítica del acuerdo UE-Mercosur, pero sí sirve para introducir una perspectiva más amplia. «Incluso dentro de un país se toman decisiones por el bien común sabiendo que no benefician a todo el mundo por igual. Si eso se extrapola a un acuerdo entre bloques tan grandes, es evidente que no todos van a ganar lo mismo», reflexiona. Cree que probablemente se firme, aunque no tenga claro cuándo ni cómo se implementará. Y admite que no depende de los productores, ni de una tractorada más o menos. “Confiemos en que las autoridades están buscando el bien común. El mundo está cada vez más duro y hay bloques muy poderosos empujando en otra dirección. Si tenemos la oportunidad de subirnos a un tren que nos permita estar un escalón arriba, habrá que pensarlo con cabeza fría”.
Su propuesta final es tan sencilla como elocuente: menos consignas, más conversación. “Discutamos todo, no solo una parte de la película. Y hagámoslo alrededor de un buen jamón español y un buen vino uruguayo. Seguro que así salen mejores conclusiones”.
