Cuando las huelgas se alargan, lo que suele agotarse primero no es la razón, sino el bolsillo. En la Comunidad de Madrid, los bomberos forestales llevan ya tres meses de huelga indefinida frente a la administración autonómica y la empresa pública Tragsa. Desde el inicio del paro, una caja de resistencia ha permitido a los trabajadores sostener una huelga larga, dura y con escasa visibilidad mediática. A través de aportaciones de los propios bomberos, pero también de trabajadores de otros servicios públicos y empresas, ayuda de los sindicatos y una exitosa campaña de microdonaciones a través de Goteo, la red de apoyo ha ido creciendo hasta convertirse en un auténtico salvavidas colectivo.
“Ha sido la hostia”, resume Javier Villanueva, uno de los bomberos forestales en huelga, sobre gestos como una donación económica por parte de trabajadores de varias fábricas de Valladolid. “Nos ha dado mucha fuerza, ha sido increíble”. No se trata solo del apoyo económico, sino también moral, a unos trabajadores que en algunos casos están cobrando salarios no muy por encima del SMI.
La caja de resistencia forma parte de la historia del movimiento obrero desde sus inicios. En países como Francia o Bélgica, con un estilo sindical muy propenso a la conflictividad, una parte de las cuotas mensuales de los afiliados al sindicato se destina siempre a un fondo común de solidaridad. En caso de conflictos de larga duración el sindicato puede tirar de esa hucha para pagar a los huelguistas y ayudarles a resistir.
En España el caso más significativo de caja de resistencia es el de ELA. Con la cuota de afiliación más alta del país, y una apuesta muy nítida por la huelga como herramienta de lucha, el sindicato nacionalista vasco destinó en 2022 más de cinco millones de euros a financiar su caja de resistencia. Un fondo que permite pagar hasta 1.200 euros al mes a los afiliados y afiliadas inmersos en conflictos largos. No es la única organización que recurre a una práctica así. LAB y ESK en el País Vasco y Navarra, la Intersindical Catalana, la CIG gallega, CNT o USO también cuentan con sus propias cajas de resistencia, de carácter estable y permanente. En otros sindicatos como UGT, CSI, o CGT se han hecho cajas de resistencia, pero siempre en conflictos puntuales, o en algunas federaciones. CCOO ha anunciado su intención de crear en 2026 una caja de resistencia estable.
Un conflicto estructural
Las reivindicaciones de los forestales madrileños, que este sábado hablarán en El Manglar de Oviedo/Uviéu invitados por el PCTE, son un nuevo convenio colectivo, el vigente es de 2008, el fin de la temporalidad, y medidas de protección frente a los agentes cancerígenos a los que están expuestos de forma continuada.
Con un 50% de superficie forestal en el conjunto de la comunidad, los bomberos desempeñan un trabajo esencial en un contexto de emergencia climática. Pese a ello denuncian condiciones laborales propias de un sector desatendido y externalizado.
El comité de huelga, formado por la CGT y la UGT, y el sindicato FIRET, señala directamente a la Comunidad de Madrid, responsable última del servicio, y a Tragsa, la empresa pública que gestiona a buena parte de la plantilla. Tres meses después, la falta de avances sustanciales evidencia una estrategia de desgaste por parte de la administración, confiada en que el paso del tiempo doblegue a los trabajadores.
Frente a esa estrategia, la caja de resistencia se ha convertido en un elemento político central. Lejos de ser una reliquia del pasado obrero, este mecanismo ha reaparecido adaptado a los tiempos: transferencias pequeñas pero constantes, campañas de recaudación en redes, apoyos cruzados entre sectores laborales y un fortalecimiento del sentido de pertenencia a una misma clase.
