El Principado creará un observatorio para detectar y combatir los discursos de odio

La iniciativa de Somos Asturies sale adelante con los votos de PSOE e IU-Convocatoria, y la oposición de PP, Vox y Foro.

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

El pleno de la Junta General del Principado ha reclamado este miércoles que el Gobierno asturiano impulse un observatorio contra el discurso de odio, en un marco de colaboración con la Universidad de Oviedo/Uviéu, entidades educativas y asociaciones profesionales y sociales.

La proposición no de ley, promovida por la diputada Covadonga Tomé (Somos Asturies), ha contado con el respaldo del PSOE e IU, mientras que PP, Vox y el representante de Foro, Adrián Pumares, la han rechazado.

El objetivo de la iniciativa es “monitorizar y analizar la propaganda y mensajes que promueven y refuerzan estereotipos basados en la clase social”, a través de informes públicos periódicos que “identifiquen narrativas, canales de financiación y mecanismos de manipulación” y formulen recomendaciones de política pública.

La proposición plantea que este observatorio realice una memoria anual en la que se reflejen casos analizados, informes publicados, participación en talleres, impacto de campañas de memoria democrática y recomendaciones implementadas.

Además, defiende “promocionar y reforzar espacios colectivos de alfabetización crítica digital” con iniciativas en Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, que “enseñen a analizar y distinguir datos reales de datos falsos”.

También apuesta por desplegar iniciativas “de refuerzo de la memoria histórica” destinadas a la juventud que utilicen formatos digitales y redes sociales para “conectar con los valores democráticos”.

Al mismo tiempo, propone realizar un protocolo de prevención y actuación frente a los discursos de odio en entornos juveniles desde el Instituto Asturiano de la Juventud e insta al Gobierno central.

“El odio político y los mensajes incívicos dominan el 70 por ciento de los comentarios de los medios digitales y las redes sociales en España”, ha puesto de manifiesto Tomé en la defensa de la iniciativa.

PSOE e IU apoyan la propuesta

El PSOE ha alertado de que los discursos de odio no son “algo espontáneo”, sino una “herramienta de manipulación diseñada por ideología fascista, supremacista y clasista” que trata de emitir “miedo” y “bloquear el pensamiento crítico”.

Todo ello se amplifica a través de las redes sociales que, a juicio del diputado José Ramón García, son un “cubo de mierda y basura”, contra el que los demócratas tiene que “dar la batalla”.

IU también ha respaldado la iniciativa para combatir ese “odio” de las redes “diseñado al milímetro por auténticos profesionales” tras indicar que resulta “doloroso” ver como el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, cuelga su “sotana de pastor para ponerse el traje de influencer de la ultraderecha”.

En este sentido, ha rechazado que sea “altavoz del odio” y que “escupa bilis desde el púlpito”, algo que, incluso, “dicen lo propios cristianos de base de Asturias”.

Críticas de PP, Vox y Foro

El PP ha expresado su “rotundo no” a la iniciativa de Tomé al considerar que plantea convertir al Principado en una “especie de fiscal ideológico permanente de lo que se dice y se publica”, a su juicio, un “adoctrinamiento puro y duro”.

Tras recalcar la necesidad de perseguir los delitos de odio “pero respetando siempre la libertad de expresión”, ha criticado que el diseño de la iniciativa “apunta a un aparato de control cultural”.

El grupo Vox también ha mostrado su rechazo al considerar que se pretenden “crear chiringuitos para seguir nutriendo a los suyos e imponer la censura”.

El diputado Javier Jové se ha preguntado “qué haría la izquierda sin el odio, sin despertar lo peor de los sentimientos, sin la confrontación y la división” tras asegurar que para muestra de “odio” su propia cuenta en X, donde los “haters” le insultan y le “amenazan de muerte”.

Por su parte, Pumares ha dicho que comparte la “preocupación” sobre este tema, si bien la iniciativa le genera dudas por la dificultad de monitorizar este problema desde una comunidad y porque se corre “cierto riesgo de atacar la libertad de expresión”. 

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