En plena campaña gubernamental para regularizar a las personas extranjeras que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025, el Centro de Menores Extranjeros No Acompañados Loriana en San Claudio (Oviedo) deja de amparar a tres residentes por considerarlos mayores de edad a pesar de haber portado documentación legal que decretaba que tienen menos de 18 años.
Uno de los menores, M.B.T , que se negó a trasladarse a un centro de mayores, quedó en la calle el 3 de febrero, y los otros dos esperan en Loriana a integrarse en recursos para personas extranjeras adultas.
Con este caso las contradicciones burocráticas y la vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados quedan latentes. Por un lado, a M.B.T. no se le permite continuar en un centro de menores al alegar que es mayor de edad, pero tampoco se le da la oportunidad de regularizar su situación porque en el pasaporte consta que tienen menos de 18 años y por lo tanto tiene que acudir a la Administración con un adulto responsable.
Realmente, el Centro de Menores Loriana ya los había intentado expulsar en el mes de diciembre. En ese momento no lo consiguió debido a la movilización de los colectivos que han seguido el caso desde diferentes partes de España, entre ellos la Plataforma de Apoyo a Personas Migrantes en Extremadura, Asturias Acoge y activistas del Principado, Cataluña y Canarias. Estas ONGS activaron los recursos legales y consiguieron parar la expulsión hace dos meses, que definitivamente se ha hecho efectiva este martes 3 de febrero, aunque solamente uno queda en situación de máxima vulnerabilidad.
Así denuncian en un comunicado que “la expulsión del centro ovetense vulnera el marco jurídico”. Precisan que “han sido víctimas de una cadena de errores y omisiones burocráticas que contravienen de forma flagrante la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la propia Constitución Española”.
Entre estas vulneraciones fueron sometidos a pruebas para determinar su edad, prohibidas a las personas portadoras de documentos que atestigüen esa información, como es el caso de M.B.T. De esta manera la actuación del centro de menores y de la entidad pública contravino el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el artículo 190 del Reglamento de Extranjería.
La ley estable que las pruebas de determinación de edad solo pueden realizarse ante la falta de documentación. Por lo tanto, “al portar pasaportes legales y no impugnados, la realización de dichas pruebas constituye una injerencia ilegal en la integridad del menor”, denuncia el colectivo de activistas.
Hay que tener en cuenta que “el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya ha condenado a España por no dar validez a documentos oficiales y realizar pruebas intrusivas e imprecisas”, inciden las ONG. De hecho, en febrero de 2024, la ONU solicitó medidas provisionales urgentes en casos idénticos al de estos menores, advirtiendo del daño irreparable que sufren.
“Es una forma de actuar, la de presuponer que los documentos de personas migrantes son falsos y las pruebas físicas que se realizan tienen unos estándares europeos que no son comparables a la anatomía de personas de otros países, como en este caso Senegal”, denuncia Asturias Acoge.
La Consejería asegura que no son menores
Concretamente, M.B.T. ha sido expulsado del Centro de Menores Loriana por no querer trasladarse a un centro para adultos. Fuentes de Asturias Acoge explican a NORTES que le habían fijado una cita en ACCEM en el mes de enero, a la que no asistió. Sin embargo, M.B.T ha explicado a la ONG que “se la cancelaron sin darle más información”.
Este miércoles disponía de otra cita a la que tenía que acudir acompañado de personal del centro de menores. Según su testimonio, estuvo esperando en el cuarto a que alguien le indicara cuándo ir de manera conjunta.
Mientras que la Asociación Centro Trama, que gestiona este centro de menores, ha alegado que el joven no se presentó. “Han intentado cambiarlo de recurso para evitar el procedimiento habitual que es el decreto de determinación de la protección”, explica a este medio una defensora de los derechos humanos conocedora del asunto.
Por su parte, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado emitió un documento decretando el cese de la protección de la guarda provisional, que le entregaron al chico para que lo firmara y posteriormente lo expulsaron de manera inmediata.
En todo caso, el joven está en proceso legal de recurrir la decisión y por lo tanto no se le puede expulsar. La cuestión es que en este nuevo documento no consta que se pueda interponer recurso. Por ello, “la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias ignora la jurisprudencia del Supremo y los tratados internacionales al tomar esta decisión totalmente ilegal”, denuncia el colectivo de ONG.
Al conocerse la denuncia de Asturias Acoge, la Consejería aseguró en la RTPA que “cumple escrupulosamente la ley y los protocolos y que nunca expulsaría a un menor de un centro”. Desde Derechos Sociales recuerdan que quien determinó la mayoría o minoría de edad de uno de los tres chicos, M.B.T., fue la Fiscalía de Menores y que desde entonces se negó a cambiarse a un recurso de adultos. Los otros dos chavales permanecen en el centro a la espera de su traslado a recursos de Transición a la Vida Adulta de la Consejería.
Dos años de vulneraciones
M.B.T. llegó a la isla de El Hierro el 12 de septiembre de 2023. A pesar de manifestar desde el primer momento ser menor de edad, no fue derivado a ningún recurso de protección de menores, permaneciendo fuera del sistema de tutela.
El 4 de enero de 2024 fue trasladado al centro de personas migrantes de Mérida, gestionado por ACCEM, donde nuevamente no se activaron los mecanismos de protección infantil. En marzo de 2024 fue indebidamente expulsado del recurso, quedando en situación de extrema vulnerabilidad y sobreviviendo en un centro de personas sin hogar en Mérida (Padre Cristóbal).
Tras el cierre de dicho centro, se desplazó a Cataluña. Allí, el 23 de mayo de 2024, reiteró ante la Policía Nacional su condición de menor, siendo finalmente trasladado a un centro de protección.
No obstante, el 26 de febrero de 2025 fue sometido a una prueba de determinación de la edad que concluyó erróneamente que era mayor de edad, lo que motivó su expulsión del recurso. Sin conocimiento de los derechos que le asistían, el menor se desplazó a Oviedo, donde ya en posesión de su pasaporte pudo acceder al centro de menores de Loriana.
Actualmente, al destapar estos primeros casos, se han detectado más en idénticas condiciones en otras comunidades autónomas. Por ello, multitud de activistas y varias plataformas de apoyo a las personas migrantes exigen a las autoridades competentes en Asturias que “paralicen de inmediato cualquier orden de expulsión o salida del Centro de Loriana”, que “se reconozca la minoría de edad basada en los documentos oficiales de los menores”, que “se tramiten de manera urgente las autorizaciones de residencia y trabajo, garantizando su derecho a la estabilidad y a un proyecto de vida digno” y que “cesen las pruebas de edad invasivas e imprecisas que contravienen el beneficio de la duda y la validez de la documentación soberana de otros Estados”.
