El Conceyu pola Transición Xusta ha presentado sus aportaciones al proceso de revisión de la Estrategia de Transición Justa 2026-2030, cuyo plazo de consulta pública, convocado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, finalizó el pasado 1 de febrero. El colectivo reclama un cambio profundo en la aplicación de los convenios para garantizar que la transición hacia una economía baja en emisiones sea equitativa y solidaria en los valles del Nalón y del Caudal.
La revisión de la estrategia se produce, según el Conceyu, en un contexto de continuidad del declive demográfico, mayores tasas de paro en Langreo y Mieres —entre cuatro y seis puntos superiores a las de Oviedo, Siero, Gijón y Avilés— y una evolución muy negativa de las rentas municipales. Entre 2020 y 2023, ambos concejos descendieron siete puestos en el ranking de renta municipal elaborado por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, situándose Langreo en el puesto 28 y Mieres en el 24.
Desde el Conceyu pola Transición Xusta se muestra decepción por el hecho de que ninguna actuación del Ministerio ni del Instituto para la Transición Justa se haya orientado a incentivar la creación de empleo en sectores estratégicos definidos ya en el diagnóstico participativo de 2020, como las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el valle del Nalón, la industria metal-mecánica en el Caudal o la regeneración urbana y ambiental de los suelos industriales abandonados en ambas comarcas.
El colectivo considera que la nueva Estrategia de Transición Justa debe suponer un cambio en la implementación de los convenios, retomando el diagnóstico participativo para analizar por qué está fracasando la transición justa y desarrollando planes territoriales que definan el horizonte de futuro de los territorios afectados por la descarbonización.
Ocho propuestas para relanzar los valles mineros
Entre las medidas que el Conceyu considera imprescindibles figuran la firma efectiva de los Convenios de Transición Justa con los ayuntamientos de las quince zonas afectadas por el cierre de explotaciones mineras y centrales térmicas, la apertura de procesos de información pública previos, un nuevo diagnóstico participativo de la eficacia de las ayudas concedidas y un sistema de subvenciones que priorice los sectores estratégicos y la regeneración urbana y ambiental.
También propone ayudas específicas a los ayuntamientos para crear Consejos Municipales de Transición Justa y contratar asesoramiento especializado, la elaboración participada de planes territoriales, el objetivo de crear dos empleos por cada uno destruido por el cierre de minas y térmicas y la exigencia de compromisos de permanencia mínima de diez años para los proyectos empresariales que reciban ayudas superiores a 100.000 euros.
