La plataforma Salvemos la Vega ha solicitado la intervención de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias en el recinto de la Fábrica de Armas de La Vega y la paralización del convenio urbanístico previsto hasta la realización de estudios arqueológicos exhaustivos.
Según el comunicado, la Consejería “tiene la obligación de proteger el patrimonio asturiano ante cualquier entidad que atente contra su integridad”. El colectivo pide que el departamento autonómico competente en patrimonio se persone en el recinto, requiera al Ayuntamiento de Oviedo los informes “ocultados hasta la fecha por el alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal de Infraestructuras y Planeamiento, Ignacio Cuesta”, y detenga el convenio hasta contar con investigaciones arqueológicas rigurosas.
La plataforma reclama además la supresión del vial proyectado y recuerda que estudios más exhaustivos ya habían sido planteados anteriormente por el grupo del catedrático de la Universidad de Oviedo José Avelino Gutiérrez, pero fueron descartados por el consistorio. Posteriormente, la arqueóloga Esperanza Martín, responsable de la valoración más reciente mediante georradar, también ha solicitado excavaciones manuales para determinar la antigüedad y naturaleza de los restos detectados.
“La plataforma advierte de que, si la Consejería de Cultura ‘decide ignorar las evidencias’, incurriría en una omisión de funciones in vigilando.”
Posible localización del palacio de Alfonso II
El colectivo señala que la ubicación de los restos coincide con las estimaciones de expertos sobre la localización del palacio perdido del rey Alfonso II de Asturias, así como la profundidad y orientación de las estructuras, diferenciables de las construcciones modernas del complejo industrial.
Ese punto es, según la nota, el mismo por el que el convenio prevé el paso de un vial de alta capacidad actualmente situado en el Bulevar de Santuyano, algo que consideran incompatible con la preservación de posibles hallazgos arqueológicos. Aun así, añaden que el Ayuntamiento no contempla retrasos en el cronograma ni la reformulación del plan, lo que, indican, pone en peligro la integridad del conjunto histórico.
La plataforma advierte de que, si la Consejería de Cultura “decide ignorar las evidencias”, incurriría en una omisión de funciones in vigilando, “siendo cómplice de estos mismos delitos y causando un perjuicio inestimable en el desarrollo de los estudios históricos y culturales de la ciudad”.
