Ecoloxistes n’Aición d’Asturies ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la resolución del Gobierno del Principado de Asturias que autoriza la transformación de la central térmica de La Pereda para la valorización de biomasa y combustible sólido recuperado (CSR).
En el recurso, dirigido contra la resolución del pasado 27 de marzo, el colectivo ecologista sostiene que la autorización “carece de base legal y material suficiente” y constituye “un intento de mantener artificialmente un proyecto inviable”, al entender que ignora tanto resoluciones judiciales previas como las limitaciones técnicas existentes.
La organización recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto, al detectar deficiencias esenciales en su definición y evaluación. “Estamos ante un proyecto que los tribunales han considerado mal evaluado en aspectos clave, y aun así la Administración decide seguir adelante”, denuncian.
Uno de los principales argumentos del recurso es la falta de una solución para la gestión de residuos. Según el colectivo, el vertedero de la instalación está colmatado, la alternativa empleada en Lada ha sido anulada judicialmente y cualquier posible uso futuro depende de lo que resuelva el Tribunal Supremo. “Hoy no existe una solución disponible para las cenizas y escorias”, advierten, lo que a su juicio hace que el proyecto sea “técnicamente inviable”.
Asimismo, critican el procedimiento seguido por la Administración autonómica, al considerar que se han concedido autorizaciones antes de completar una evaluación ambiental válida. “No se puede evaluar después de autorizar. Es un principio básico del derecho europeo y estatal”, subrayan.
El colectivo también alerta de la presión de los plazos regulatorios que afectan al proyecto. Por un lado, el régimen económico de energías renovables exige que la planta esté operativa antes de abril de 2027. Por otro, la concesión de un nudo de transición justa de 50 megavatios impone hitos estrictos de ejecución y puesta en servicio, bajo riesgo de pérdida de capacidad y garantías económicas.
Además, señalan que este marco limita el uso de CSR, al exigir un predominio de biomasa, lo que, en su opinión, incrementa la incoherencia del proyecto en su configuración actual.
“Se está intentando ganar tiempo, pero el margen ya no existe”, afirman desde la organización, que considera que la iniciativa se encuentra “en una situación límite” por la combinación de incertidumbre judicial, exigencias regulatorias y necesidad de rehacer la evaluación ambiental.
Finalmente, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies defiende que la transición energética debe basarse en criterios de “rigor, transparencia y seguridad jurídica” y no en “atajos administrativos”.
El recurso solicita la nulidad de la resolución, la suspensión de sus efectos y la retroacción del procedimiento para que se tramite conforme a la normativa ambiental vigente.
