Pese a las reiteradas afirmaciones del Ejecutivo sobre un embargo total de armas a Israelí, la opacidad documental y el flujo continuo de material bélico sugieren una realidad bien distinta orquestada por el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Estado de Comercio.
Tras presentar una solicitud de acceso a la información pública para conocer el estado de las importaciones de componentes israelíes destinados a la fabricación de vehículos de combate en la Fábrica de Armas de Trubia, Ecoloxistes n´Aición d´Asturies recibía este mes de marzo como respuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa una negativa tajante a ofrecer la información solicitada.
El Gobierno se escudaba en que las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) son materia clasificada como secreto desde 1987. Esta protección se extiende no solo a las actas, sino a los informes técnicos y a las propias licencias de exportación e importación, al considerar que su revelación perjudicaría la seguridad nacional y la defensa.
La solicitud de los ecologistas ponía el foco en proveedores israelíes como Elbit Systems, Plasan y Rafael Advanced Defense Systems, que suministran tecnología crítica para el vehículo de combate Dragón y el blindado ASCOD. Especialmente polémico es el caso del ASCOD fabricado en Trubia para Letonia, que incorpora torres y cañones de Elbit Systems; o el de los vehículos blindados 8×8 Dragón, también fabricados en Trubia y que incluyen distintos componentes de fabricación o patente israelí como el blindaje o el sistema de radio. Pese a ello, en ningún momento ha quedado claro si el VCR Dragón 8×8 está incluido en el Plan de desconexión de tecnología israelí.
Las prisas del Ministerio por ver realizado un encargo que acumula años de retrasos, parece jugar en contra del cumplimiento del embargo de armas a Israel. Recientemente, durante una visita al Acuartelamiento ‘Cabo Noval’, Margarita Robles, apremiaba a los socios que conforman el consorcio Tess Defensa -Indra, Santa Bárbara, Escribano y SAPA- para que cumpliesen “en tiempo y forma” el contrato de los 8×8 Dragón. El contrato para la fabricación de los 8×8 Dragón, que asciende a 2.100 millones de euros, contempla la fabricación de 348 vehículos de combate cuya entrega debería llevarse a cabo de forma progresiva hasta 2027.
A pesar de que el Real Decreto-ley 10/2025 prohíbe explícitamente las importaciones de material de defensa desde Israel, el Ministerio ha rechazado aclarar si estas operaciones han sido autorizadas o si se han valorado los componentes israelíes en los procesos de exportación a terceros países. Este bloqueo informativo impide verificar si España está cumpliendo con su propia legislación de “medidas urgentes contra el genocidio en Gaza”.
Trubia no es un caso aislado
Informes recientes de organizaciones como el Centre Delàs de Estudis per la Pau -“Opacidad y desinformación en las relaciones armamentistas entre España e Israel”- denuncian que España no ha suspendido realmente sus relaciones armamentísticas con el estado israelí. Según estos análisis, se han seguido ejecutando exportaciones e importaciones bajo licencias aprobadas antes del 7 de octubre, una “letra pequeña” que el Gobierno ha omitido en sus declaraciones públicas. “El Gobierno mantiene una política de opacidad sobre el Plan de desconexión de la tecnología militar israelí. Aunque suele ser mencionado por cargos del Ministerio de Defensa, no se ha hecho público ningún documento que recoja su contenido. Tampoco se han señalado los efectos concretos que ha tenido dicho plan”, se lee en el documento.
Al calificar cualquier detalle sobre estas operaciones como secreto de Estado, el Ejecutivo impide comprobar si componentes israelíes “probados en combate” en Gaza siguen integrándose en la cadena de suministro de la industria de defensa española. Siguiendo el informe del Cnetre Delás, “el Gobierno no ha hecho público ningún listado de los contratos administrativos adjudicados a empresas israelíes de seguridad y defensa, a sus filiales en España o a uniones temporales de empresas en las que participan empresas israelíes o sus filiales en España. El Ministerio de Defensa tampoco ha hecho público el contenido del plan de desconexión de la tecnología militar israelí (…) En cuanto a la desinformación, el Ministerio de Defensa ha incluido información engañosa en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La anulación de los anuncios de adjudicación o de los anuncios de formalización de los contratos no implica la anulación de la adjudicación de los contratos”.
El núcleo del problema reside en la JIMDDU, el organismo encargado de informar preceptivamente sobre cada licencia. Sus decisiones son vinculantes para la Secretaría de Estado de Comercio. La resolución denegatoria recibida por los colectivos asturianos recurre incluso a jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar que no se puede acceder a las autorizaciones porque estas están “inescindiblemente vinculadas” al parecer secreto de la Junta.
