El próximo 25 de abril, la Ley General de Sanidad cumple 40 años. Aprobada en 1986, por un gobierno de Felipe González, supuso una transformación radical de la sanidad española: De una atención sanitaria débil y fragmentada, vinculada a la cotización a la Seguridad Social, a la construcción de un verdadero Sistema Nacional de Salud (SNS), definido por su universalidad (un derecho para toda la población), solidaridad (financiado por impuestos), de titularidad y gestión pública de los servicios , vertebrado por la Atención Primaria, y gobernado de forma descentralizada, con la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas.
En cumplimiento de la Ley, se puso en marcha una potente red pública de hospitales y centros de salud, con prestaciones gratuitas en el punto de uso y un enorme impacto en la equidad, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. La joya de la corona del Estado de Bienestar, con una importante contribución a unos favorables indicadores de salud y una alta esperanza de vida. Un sistema que ha merecido un amplio reconocimiento internacional y de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, no ha sido un camino fácil. La Ley nació presionada por la amenaza de una huelga reaccionaria de los Colegios de Médicos, por aquel entonces presididos por Ramiro Rivera. Más tarde, año 1991, el denominado “Informe Abril” fue el primer intento de contrarreforma, seguido con posterioridad y hasta nuestros días, por sinfín de políticas socio- liberales o abiertamente neoliberales, con el propósito de introducir el mercado y convertir la sanidad en un nicho de negocio. Así, desde la década de los 90, las privatizaciones han sido una constante en infraestructuras, hospitales, convenios…, apoyadas por una legislación ad hoc como la Ley 15/1997 o el decreto 16/2012.
Es cierto que no todo en la Ley ha sido positivo. Por ejemplo, bajo su amparo se ha permitido una gobernanza excluyente de la participación de los profesionales y la ciudadanía, o que las tecnologías y medicamentos hayan permanecido al servicio de los intereses y el monopolio de las multinacionales del sector… Y entre los problemas, cabe incluir una descentralización, mal diseñada y en la práctica mal resuelta, promotora de importantes desajustes y desigualdades entre territorios.
En paralelo, el sistema ha sido incapaz de adaptarse a los grandes cambios demográficos y culturales habidos en la sociedad española. Un sistema pensado para procesos agudos se enfrenta ahora a la cronicidad y la comorbilidad de una sociedad envejecida, sin coordinación con los servicios sociales ni estrategias consistentes de salud pública y salud comunitaria. Se ha deteriorado y devaluado la Atención Primaria, mientras unas listas de espera infinitas empujan -a los que pueden pagar- a la medicina y los seguros privados.
El espíritu de la Ley sigue vigente, en correspondencia con sus principios básicos, pero nuestra Sanidad Pública tiene evidentes problemas estructurales, derivados de la presión política neoliberal. Unos son consecuencia de la tendencia privatizadora de los recursos y otros de un modelo, con problemas estructurales que, aun manteniendo su condición de servicio público, se muestra incapaz de cumplir la función para lo que está destinado.
En nuestra opinión, es tiempo de revisar la ley para garantizar cuestiones como la condición publica de los servicios, el control de las tecnologías, la participación de la ciudadanía, la equidad en los territorios o la necesidad de poner en primer término la Atención Primaria y las políticas de Salud Pública. De ello depende el futuro de la Sanidad Pública.
