El plazo para reclamar por el cártel de los coches entra en su recta final. Tras años de litigios, los juzgados empiezan a reconocer indemnizaciones a consumidores que compraron vehículos durante el periodo en que varios fabricantes intercambiaron información comercial y coordinaron políticas de precios. En Asturias se calcula que más de 140.000 personas pudieron verse afectadas, aunque solo una pequeña parte ha iniciado reclamaciones. En las últimas semanas se han conocido nuevas sentencias contra distintas marcas mientras se acerca el límite para iniciar el proceso. El abogado José Antonio Ballesteros, que dirige las demandas impulsadas por la Unión de Consumidores de Asturias, explica cómo están evolucionando los procedimientos y qué deben hacer los afectados que quieran reclamar.
Desde enero han seguido llegando sentencias favorables a los consumidores. ¿Qué balance hace de cómo están evolucionando los procedimientos contra el cártel de los coches?
Las demandas que estamos presentando nosotros se están ganando todas hasta ahora. Sí sabemos que hay algunos casos de otros abogados que se han perdido, normalmente porque se han presentado sin informe pericial o con informes muy pobres. Los tribunales están exigiendo que se pruebe el daño con una pericial suficientemente elaborada y, aunque después los propios jueces suelen decir que esos informes no acreditan exactamente el perjuicio que calculan —que normalmente se sitúa por encima del 10 %—, consideran que existe un esfuerzo probatorio suficiente y realizan una valoración judicial del daño. En la práctica, lo que están reconociendo es una indemnización equivalente aproximadamente al 5 % del precio de compra del vehículo.
En las últimas semanas ha habido condenas contra Renault y BMW. ¿Cree que estas resoluciones confirman que la jurisprudencia ya está consolidada?
En general sí. Creemos que ya existe un criterio bastante extendido de que efectivamente hubo un daño causado por la mayoría de las compañías que participaron en el cártel. Las indemnizaciones que se están reconociendo se calculan sobre el 5 % del precio de compra, incluyendo impuestos, matriculación y también los gastos de financiación, es decir, intereses y comisiones. Puede haber algún gasto concreto que se excluya, como el transporte o algunas gestiones administrativas, pero en general el resto de conceptos sí se están teniendo en cuenta.
Para quien no haya oído hablar nunca del caso: ¿qué fue exactamente el cártel de los coches y cómo perjudicó a los consumidores?
El cártel consistió en una serie de reuniones y comunicaciones entre la gran mayoría de fabricantes de automóviles en España entre 2006 y 2013. No participaron todas las marcas, pero sí la mayoría del mercado. Durante esos años intercambiaron información sobre política comercial, servicios de posventa, periodos de garantía, ofertas, sistemas de financiación o estrategias de precios. Ese intercambio de información redujo la competencia entre compañías y acabó repercutiendo en el precio final de los vehículos. El caso salió a la luz cuando el grupo Volkswagen denunció estas prácticas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que abrió un expediente y sancionó a las empresas implicadas, lo que constituye una base probatoria de que pudo producirse un incremento indebido de los precios.
Se calcula que en Asturias hubo más de 140.000 personas afectadas, pero solo alrededor del 2 % ha reclamado. ¿Por qué cree que hay tan pocas reclamaciones?
Esto ocurre en casi todos los casos de abusos masivos. Incluso en asuntos que se han ganado de forma generalizada, como los gastos de constitución de hipotecas, las cláusulas suelo o determinadas tarjetas de crédito, el número de reclamaciones siempre es relativamente bajo respecto al total de afectados. Hay personas que no se enteran, otras que no quieren tomarse la molestia de buscar documentación o que ya no la conservan, gente que desconfía de los tribunales o que piensa que las grandes compañías tienen demasiada ventaja, y también hay quien no quiere pasar años pendiente de un procedimiento judicial. Todo eso hace que una parte importante de los afectados nunca llegue a reclamar.
El plazo para reclamar está a punto de terminar. ¿Qué significa exactamente esa fecha desde el punto de vista legal?
El plazo depende de cada compañía, porque se cuentan cinco años desde la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la sanción de la CNMC para cada fabricante. En la Unión de Consumidores solemos fijar una fecha límite algo anterior para que dé tiempo a presentar la reclamación dentro de plazo. Ese plazo de cinco años puede interrumpirse si se presenta una reclamación extrajudicial ante la compañía, que además es un requisito previo antes de poder acudir a los tribunales, por lo que es importante iniciar el proceso con tiempo suficiente.
Para alguien que compró un coche entre 2006 y 2013 y quiere reclamar ahora, ¿qué pasos debe dar y qué documentación necesita?
Lo fundamental es acreditar la compra y el precio del vehículo. Lo habitual es disponer del permiso de circulación y del contrato o la factura de compra, aunque también puede servir el contrato de financiación si se pagó el coche mediante crédito. En algunos casos, si no se conserva la documentación, es posible solicitar a la Agencia Tributaria un duplicado del documento de liquidación del impuesto de matriculación, donde también figura el precio del vehículo. Con esa documentación se puede justificar la adquisición, remitir los datos al perito para elaborar el informe y presentar la reclamación extrajudicial previa.
Asturias acaba de aprobar una nueva ley de protección de las personas consumidoras. ¿Qué valoración hace de esta nueva normativa?
Es una ley en buena medida continuista con la anterior, aunque introduce algunos aspectos positivos. Desde la Unión de Consumidores insistimos durante la tramitación en la necesidad de ampliar el plazo de prescripción de las infracciones, porque hasta ahora era bastante breve. También planteamos que la infracción por cláusulas abusivas no se limitara solo a su inclusión en el contrato, sino también a su uso posterior, algo que tiene que ver con experiencias anteriores como el caso de las cláusulas suelo de las hipotecas, donde muchas sanciones terminaron anulándose porque los tribunales entendieron que la infracción se producía únicamente en el momento de firmar el contrato y no cuando la cláusula se aplicaba años después. Por eso defendíamos que también se considerara infracción la utilización de esas cláusulas abusivas y que los plazos fueran más amplios.
