El sector audiovisual en España atraviesa una fase de expansión histórica, consolidándose cada vez más como un motor estratégico de la economía: el 0,65 % del PIB a nivel nacional, el 3% si descendemos al PIB autonómico catalán, el 2,6% si ponemos el foco en el PIB madrileño. Son datos del Ministerio de Cultura en 2024.
Las películas y series españolas cada vez se ven más en todo el mundo, y eso es también empleo. El número de profesionales afiliados a la Seguridad Social creció un 16,09% entre 2020 y 2023, y podría rondar los 130.000 trabajadores de una industria que cada vez está más descentralizada, y en la que todas las comunidades quieren posicionarse, algunas con proyectos tan ambiciosos como la Ciudad del Cine de Zaragoza.
Asturies no es ajena a esta tendencia. La industria audiovisual autonómica emplea ya a casi 1.000 trabajadores, y el Gobierno asturiano quiere apostar porque siga creciendo. Si en junio de 2025 el Principado anunciaba el proyecto de poner en marcha una Escuela de Cine, platós de producción y rodaje y un estudio de postproducción, esta semana la Consejería de Cultura ha anunciado una nueva convocatoria de ayuda a las industrias culturales, dotada con 1,24 millones de euros, que mantiene al audiovisual como principal destinatario de fondos públicos.
La industria audiovisual autonómica emplea ya a casi 1.000 trabajadores, y el Gobierno asturiano quiere apostar porque siga creciendo
En comparación con los 500.000 euros para cine y audiovisual, el Gobierno autonómico destina 204.000 euros a música, 170.000 a artes escénicas, 135.000 a artes visuales, 110.000 al sector del libro y 90.000 al ámbito del videojuego. Otros 40.000 euros se reservan para formación y profesionalización de distintos sectores culturales.
Aunque la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte defiende que estas subvenciones buscan reforzar el tejido creativo y empresarial de Asturias, la asociación Lluces, que agrupa los profesionales del sector, considera que el modelo actual continúa “agotado” y sin capacidad para consolidar una industria audiovisual estable.
Rodajes en Asturies y rodajes asturianos
Cuando hablamos de la industria audiovisual asturiana, tenemos que pensar tanto en el cine asturiano, que en los últimos años ha logrado algunos hitos, con películas de cierta proyección nacional e internacional, como en las producciones españolas o extranjeras que se vienen a rodar a esta comunidad.
El Principado cuenta desde hace una década con la Asturias Paraíso Natural Film Commission, un organismo público que ofrece un servicio integral y gratuito de atención a productoras interesadas en rodar en el territorio. Esta oficina actúa como punto de enlace para facilitar permisos, búsqueda de localizaciones, contacto con proveedores locales o apoyo logístico.
Según los datos del Principado, sin contar los numeros rodajes de producciones nacionales, sólo en 2024 se habrían logrado atraer más de tres millones de euros de inversiones extranjeras. A las buenas cifras de hace dos años se suma el impacto de producciones internacionales en 2025 tan importantes como “Los juegos del hambre” en Somiedo.
El objetivo ahora, según la Consejería de Cultura, es que Asturies, además de un entorno natural para el rodaje, sea también un territorio capaz de acoger toda la cadena de valor del audiovisual: desde la formación y producción hasta la edición final y la exhibición. Y aquí empiezan las diferencias con los trabajadores del audiovisual asturiano, que consideran que el fomento del cine “made in Asturies” requiere algo más que ayudas públicas.
Un sector “estratégico” sin estructura estable
La Asociación de Creador@s Audiovisuales Independientes d’Asturies (Lluces) sostiene que existe una “profunda contradicción” entre el discurso político del Ejecutivo autonómico y la realidad administrativa que afrontan las productoras y profesionales del sector.
El colectivo recuerda que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha situado recientemente el audiovisual entre los sectores estratégicos para el futuro económico de Asturias y que esta industria ya forma parte de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) del Gobierno autonómico.
Sin embargo, la asociación considera que ese reconocimiento institucional “no se traduce en una estructura administrativa adaptada a la realidad”. Según denuncia, las convocatorias siguen funcionando sin calendarios previsibles ni marcos estables de ejecución, algo que dificulta la planificación de proyectos cinematográficos y televisivos.
“La incertidumbre administrativa impide planificar rodajes, cerrar coproducciones, captar financiación complementaria y consolidar equipos técnicos y creativos en condiciones competitivas”, señala la organización.
Críticas a la falta de diálogo político
Lluces, que agrupa a más de 75 profesionales y empresas audiovisuales asturianas, asegura haber trasladado durante los últimos tres años diferentes propuestas técnicas para modernizar las políticas audiovisuales autonómicas.
Entre las demandas del colectivo figuran la actualización del sistema de ayudas, la estabilidad de los calendarios y la creación de espacios permanentes de interlocución con el sector. La asociación afirma además que lleva más de 18 meses solicitando reuniones formales con la Consejería de Cultura sin que se hayan producido cambios sustanciales. “La cuestión no es presupuestaria. El problema es político y estructural”, sostiene el colectivo.
La presidenta de la asociación, Marta F. Crestelo, critica además la fragmentación de las competencias audiovisuales entre distintos organismos públicos como la propia Consejería, la RTPA, la Asturias Film Commission o el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). “Resulta imposible construir una política audiovisual contemporánea sin liderazgo político, estabilidad administrativa y diálogo permanente con quienes sostienen el sector desde hace décadas”, afirma.
Riesgo de fuga de talento
La asociación audiovisual advierte además del impacto que esta situación tiene sobre el tejido creativo asturiano. Según denuncia, muchos jóvenes profesionales continúan abandonando Asturias ante la falta de perspectivas laborales estables, mientras pequeñas empresas y autónomos afrontan tensiones financieras derivadas de retrasos administrativos y dificultades para acceder a financiación anticipada.
En ese contexto, Lluces compara la situación asturiana con la de otras comunidades homologables a Asturies, como Navarra, Canarias, Murcia o Extremadura, donde —asegura— se han desarrollado políticas audiovisuales más coordinadas y especializadas para atraer inversión y retener talento en plena expansión del sector audiovisual español.
