Hay quien pueda extrañarle que un sector como la Abogacía, conocedor de las leyes y especializado en defender derechos e intereses ajenos, pueda tener que recurrir a la movilización ciudadana para defender su derecho a unas pensiones dignas. Hay quien pueda seguir pensando que una profesión de las que supuestamente generaba un “status” social privilegiado ahora pueda afirmar sentirse victima de un engaño de un sistema de pensiones que paso de ser una mutualidad, solidaria y de reparto, a convertirse en algo muy cercano a una estafa piramidal, como el que se intenta explicar en este articulo. Pero la verdad es que en una profesión, que por su carácter liberal, ha sido siempre muy individualista, de unos años acá venimos sufriendo un expolio de nuestras cotizaciones, que hace que cuando llegamos a la jubilación no tengamos garantizadas unas pensiones dignas, y temamos por una quiebra de nuestro sistema de protección social. Pero, como no hay mal que por bien no venga, en los últimos meses ha venido surgiendo una marea de las togas, llamado “MOVIMIENTO J2”, que esta poniendo el dedo en la llaga sobre un perverso sistema, que el que suscribe, se atreve calificar como muy parecido a la estafa de las preferentes.
Desde el año 1948 hasta 1995 la abogacía tenía que estar obligatoriamente adscrito al sistema de protección social de la Mutualidad de la Abogacía, que contemplaba básicamente jubilación, y que, por ejemplo, no garantizaba asistencia sanitaria, lo cual solo se logro a partir de 2012. En 1995 se nos permite poder seguir, o iniciarse, en la Mutualidad, o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Desde entonces la Mutualidad, con el beneplácito de los diversos gobiernos, permitió mantener dicho sistema como alternativo o poder acceder al RETA, manteniendo el sistema de la Mutualidad como meramente complementario. Desde las estructuras colegiales, corresponsables de la gestión de nuestra Mutualidad, supuestamente destinadas a la protección de nuestros derechos, se articulo una batería de acciones, que hoy pueden calificarse de publicadidad engañosa, para que siguiéramos apostando por la Mutualidad, dándonos datos que aparentemente avalaban que las pensiones en la misma iban a ser incluso mejores que las de la Seguridad Social. Es más, miles de abogados y abogadas ya no tenían alternativa a pasarse al RETA, dados los años cotizados, o teniéndola, veían como lo cotizado a la Mutualidad se iba perdiendo, por descapitalización a través de comisiones y gastos que se nos iban a ir cargando.
Pero en 2005 se produce el gran expolio, en la medida que sin información suficiente ,y de soslayo, se nos pasa de un sistema de capitalización colectiva, de reparto y solidaridad intergeneracional, a un sistema de capitalización individual como si un plan de pensiones privado se tratará, y la Mutualidad paso a convertirse en una aseguradora privada, eso si, para lo que le convenía. En ese momento muchas personas por desconocimiento, y otras por estar atrapadas, no pudiendo ya lograr tener acceso a acumular años cotizados suficientes en el RETA para tener derecho al 100% de una pensión minima, decidieron aceptar resignadamente continuar en lo que hoy se ha demostrado un plan poco inteligente. Somos esas personas las que hoy estamos más cercanas a la jubilación, y las que más necesitamos de la solidaridad de la ciudadanía para revertir esta situación.
A partir de 2005, a través de diversas reformas, para las que no se nos pidió consentimiento a “los asegurados y aseguradas”, se nos obliga a mantener un seguro de vida altísimo hasta momento de jubilación, no pudiendo reducir nuestras aportaciones al mismo, para destinarlas a jubilación, no se nos permite rescatar lo cotizado durante años para poder irnos al RETA, pero sin embargo cuando se aumento la edad de jubilación, a 67 años, se nos impidió poder jubilarnos antes o se nos impide pasar a cobrar la renta vitalicia antes de esa edad y seguir cotizando al RETA, para quienes mantienen el sistema original como meramente complementario. Todo a cambio de pensiones sin pagas extras y sin cláusulas de actualización anual. Situaciones que llevan a que un “privilegiado” como yo, que cotiza 650 euros al mes, se me informe que con 67 podré recibir, si no se va todo al garete, una pensión estimada de 1075 euros, sin cambio alguno, sea la inflación la que sea, por cada mes que me queda de vida. Y eso si no quiebra, pues el hecho es que cada vez son menos los profesionales que, con buen criterio, optan por la Mutualidad como sistema alternativo, y por ende la garantía de que nuestras pensiones se puedan pagar en el futuro empieza a estar en entredicho. Si esto no es un corralito financiero o a una estafa piramidal, se le parece bastante.
Dado que este sistema no es solo injusto a todas luces, sino insostenible en el tiempo, es por lo que miles de abogados y abogadas de toda España nos estamos poniendo en pie, para reclamar fundamentalmente lo que llamamos la “pasarela al RETA”. O lo que es lo mismo, reclamamos que se nos permita, a quien así lo queramos recuperar nuestras cotizaciones a la Mutualidad, para ingresárselas al INSS, con todo nuestro capital acumulado, a cambio de que se nos computen como cotizados nuestros años de trabajo, en mi caso 31 años, con 54, de edad, y una vez ponderadas nuestras aportaciones como cotizaciones, en función de lo que cada cual hubiera aportado, poder seguir cotizando al RETA. En mi caso concreto, por poner un ejemplo, ello me permitiría cotizar aun 13 años a la Seguridad Social, y jubilarme en su día con 44 años trabajados, que ya esta bien, y tener una pensión que me permita vivir, y que por lo menos se seguiría actualizando año a año.
Quizás alguien dirá que fuimos pardillos/as, y no le faltara razón, pero no lo fuimos menos que quienes han venido sufriendo situaciones así y que han logrado formas de respaldo de unos poderes públicos, que han venido tolerando y auspiciando un sistema perverso, que debería ir desapareciendo progresivamente, pero garantizando el derecho a nuestras pensiones. Es mas, la abogacía va verse sometida, sino lo esta siendo ya, a un proceso de reconversión, vía la inteligencia artificial y de la tecnologización, en sus diversas formas, que ponen en peligro la supervivencia del tradicional abogado/a particular o del pequeño despacho, a favor de macrodespachos, despersonalizados, donde miles de licenciados/as en derecho serán asalariados/as, a cambio de remuneraciones, cercanas al salario mínimo, donde la relación profesional-cliente será la fría relación de una persona con una maquina. Si otros sectores en reconversión también contaron con cobertura , la abogacía no deberíamos ser ajenas a soluciones imaginativas y solidarias, no para conseguir privilegios, sino para garantizarnos derechos, uno de ellos vivir dignamente, de forme acorde con lo que hemos aportado a la sociedad, incluso en nuestra función de “ recaudadores” de impuestos, y no morir en la indigencia.
Quienes hemos decidido levantar la voz y ponernos en marcha, tenemos el cabreo suficiente para continuar este camino, la ilusión que nos da empezar a notar un compañerismo entre nosotros y nosotras que, aunque se nos presuponía, hasta ahora no habíamos notado. Ahora solo pedimos comprensión y solidaridad ciudadana para forzar a las instituciones a que nos den una solución justa, y que de momento no tiene otro nombre que ¡PASARELA AL RETA, YA¡.
