Podemos Asturies ha presentado alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Ordenación Integral del Territorio (LOITA), cuyo plazo finalizó este viernes, en las que muestra su preocupación por los cambios planteados en el modelo urbanístico del Principado y advierte de posibles riesgos de “mercantilización” del suelo público.
El coordinador autonómico de la formación, Diego Ruiz de la Peña, ha señalado que “nos preocupa la mercantilización del suelo público que propone la nueva Ley de Ordenación del Territorio”, en referencia a algunas de las modificaciones incluidas en el texto.
Entre las principales críticas, Podemos Asturies cuestiona la sustitución de los actuales Planes Generales de Ordenación (PGO) por las denominadas Estrategias de Ordenación del Concejo (EOC). A su juicio, este cambio podría suponer “una dejación de funciones del Principado” al reducir los mecanismos de supervisión en concejos sometidos a mayor presión urbanística.
Según la formación, la desaparición del filtro de legalidad y oportunidad ejercido por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) incrementaría “el riesgo de arbitrariedad, opacidad y la preeminencia de intereses económicos” sobre la regulación pública.
Podemos también muestra especial preocupación por el tratamiento del suelo público recogido en el artículo 220 del anteproyecto. En concreto, critica que se permita destinar el Patrimonio Público de Suelo a “actividades económicas”, lo que, a su entender, rompe con el principio de que este debe orientarse prioritariamente a fines sociales como la vivienda protegida, los equipamientos o las zonas verdes.
En materia de vivienda, la formación considera insuficiente que la reserva mínima del 40 % de edificabilidad para vivienda protegida no se aplique en núcleos rurales. Esta exclusión, sostienen, supone “una discriminación injustificada” que limita las oportunidades de acceso a vivienda asequible en el medio rural.
Otro de los aspectos que califican de “especial gravedad” es el cambio en la clasificación del suelo no urbanizable y de los núcleos rurales. Según explican, el anteproyecto elimina el tratamiento que Asturias venía aplicando desde 1984, integrando estos núcleos como una categoría propia susceptible de transformación urbanística.
Para Ruiz de la Peña, esta modificación implica “una ruptura del modelo asturiano de protección del medio rural” y abre la puerta a procesos especulativos. “Nuestros pueblos se exponen a una renovación completa de su urbanismo con una densificación impropia, lo que conllevará la pérdida de identidad cultural y la desnaturalización del paisaje tradicional”, ha advertido.
En términos generales, Podemos Asturies considera que la nueva ley supondría “un cambio estructural profundo” del modelo urbanístico autonómico, con menos participación y menos herramientas de control frente a dinámicas especulativas que, a su juicio, beneficiarían principalmente a promotores privados.
Por todo ello, la formación ha solicitado la “revisión integral” del anteproyecto, con el objetivo de mantener los elementos positivos del modelo vigente y abordar las reformas necesarias de forma “más meditada, participada y garantista”.
