A mediados de los años setenta España vivía su particular fiebre nuclear. En plena crisis del petróleo y con el discurso del “progreso” como bandera, el Estado franquista y las eléctricas planificaban decenas de reactores con tecnología norteamericana a lo largo del país. Zorita, Guadalajara, (1965), Garoña, Burgos (1971) y Vandellós, Tarragona (1972), fueron las tres primeras centrales de un ambicioso mapa nuclear diseñado por la dictadura y las empresas energéticas, y que quedaría inconcluso por la fuerte oposición popular desplegada durante la Transición democrática por el incipiente movimiento ecologista. Una oposición que alcanzaría su clímax en Lemoiz, Bizkaia, donde llegaría a paralizarse en el último momento la construcción de esta central, ubicada a escasos kilómetros de Bilbao, cuando ya estaba a punto de introducirse el reactor nuclear.
La resistencia social, política y armada, con varios atentados y asesinatos de ETA, frustró en 1982 el que debía ser uno más de los reactores que Estado y empresas pretendían colocar a lo largo de la costa cantábrica, en una de las áreas más urbanizadas e industrializadas de España.
Entre aquellos proyectos que nunca llegaron a materializarse estuvieron otros que hoy quizá no sean tan recordados como la fallida central vasca. Hablamos de la central nuclear asturiana de Cuideiru/Cudillero, en la Concha de Artedo, la cántabra de Santillán, en San Vicente de la Barquera, y la gallega de Regodola, en Xove, Lugo.
La apuesta atómica del norte: historia de tres fracasos en Asturies, Cantabria y Galicia
El plan era ambicioso. Se trataba de aprovechar la proximidad al mar Cantábrico para refrigerar los reactores y ubicar las centrales en zonas con espacio disponible y buena conexión eléctrica con las ciudades y las industrias. Los proyectos prometían empleo y desarrollo, pero también traían consigo el miedo a un impacto paisajístico y ambiental irreversible. Hablamos de una época en la que la conciencia ecológica era aún incipiente, pero donde el apego al territorio y al mar pesaban más que cualquier promesa industrial. En los sectores políticamente más concienciados existía además el rechazo a una tecnología muy vinculada a la dictadura franquista, EEUU y la carrera armamentística de la Guerra Fría.
Cuideiru en los años 70.
En Cuideiru, la reacción fue inmediata. La simple posibilidad de que se levantara una central nuclear junto a la playa generó en 1974 una oposición unánime entre vecinos, pescadores e incluso autoridades locales franquistas. Las preocupaciones iban desde el daño a la pesca hasta el riesgo para la salud y la pérdida del atractivo turístico. En pocos meses, el proyecto de Hidroeléctrica del Cantábrico se había desvanecido, frenado por la resistencia unánime del concejo. La oposición a la central nuclear generaría una amplia coalición que iría desde sectores del régimen y la burguesía local hasta militantes comunistas como José Manuel Nebot, fundador de Amigos de la Naturaleza Asturiana, organización pionera en el ecologismo asturiano.
En Cantabria la compañía Electra de Viesgo adquirió terrenos en los acantilados de Santillán, entre San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente, con la intención de levantar una central de varias unidades. Corría el año 1977 y el país estaba en pleno proceso democratizador. Mal momento para impulsar un proyecto controvertido, que despertó una fuerte oposición social en Cantabria, pero también en Asturies, ya que la central se situaba a escasos kilómetros del limítrofe concejo asturiano de Ribadedeva.
El clima político jugó en contra de los planes de la eléctrica. Solo habían transcurrido tres años desde el fallido proyecto en la costa asturiana, pero en ese tiempo la dictadura se había desmoronado dando paso a un escenario convulso, de alta inestabilidad política. La oposición, ya sin el temor a la represión franquista, pudo manifestarse de manera abierta a través de manifestaciones, carteles, recogidas de firmas y actos públicos.
El 24 de abril de 1977, convocadas por la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, unas 2.000 personas se manifestaron en el lugar en el que se pretendía construir la central.
El 21 de agosto una nueva manifestación, esta vez promovida por la Asociación de Afectados por la Central Nuclear de Santillán, recorría con 5.000 personas el trayecto desde San Vicente de la Barquera hasta los acantilados de Santillán.
En la marcha, que contó con una importante delegación de manifestantes asturianos, participaron no solo los partidos de izquierdas, sindicatos y asociaciones ecologistas y regionalistas, sino también formaciones de extrema derecha como Fuerza Nueva y Falange. Sólo Unión de Centro Democrático y Alianza Popular se descolgaron de la convocatoria. Asimismo, doce alcaldes de la zona, cántabros y asturianos, todavía franquistas, mostraron su oposición a la central nuclear, dejando a los futuros ayuntamientos democráticos la papeleta de decidir la conveniencia o no del proyecto.
En Galicia las cosas no fueron distintas. En noviembre de 1973 se hizo público que las empresas Unión Fenosa, Electra del Viesgo e Hidroeléctrica del Cantábrico pretendían levantar una central nuclear en la parroquia de Regodola, en el municipio de Xove. La licencia de instalación fue concedida en 1976, un año después de la muerte de Franco, y el plan contemplaba una potencia de unos 1.000 megavatios. El emplazamiento elegido estaba junto al mar, en una zona de extraordinaria riqueza natural, a pocos kilómetros de Viveiro y del cabo Morás. Durante un tiempo, el proyecto fue presentado como una oportunidad de modernización y empleo para la comarca de A Mariña, aunque muy pronto comenzaron a surgir las dudas y las resistencias.
La central nunca llegó a construirse. Varios factores confluyeron para frenar su desarrollo. En primer lugar, Galicia ya contaba con un excedente de producción eléctrica, lo que hacía innecesaria una instalación de ese tamaño. Además, estudios geológicos señalaron la existencia de una falla tectónica en la zona, lo que incrementó las preocupaciones sobre los riesgos sísmicos y la seguridad de una planta nuclear en la costa lucense. Pero el factor decisivo fue la oposición social: desde las primeras noticias del proyecto, vecinos, sindicatos agrarios, organizaciones ecologistas y colectivos vecinales comenzaron a organizarse para impedirlo.
El momento álgido de aquella movilización se produjo el 10 de abril de 1977, cuando unas ocho mil personas recorrieron los trece kilómetros que separan Viveiro de Xove en una marcha multitudinaria contra la central nuclear
El momento álgido de aquella movilización se produjo el 10 de abril de 1977, cuando unas ocho mil personas recorrieron los trece kilómetros que separan Viveiro de Xove en una marcha multitudinaria contra la central nuclear. Fue una de las mayores manifestaciones rurales de la Galicia de la época, todavía bajo el eco de la dictadura y en pleno proceso de apertura democrática.
Aunque en la oposición al proyecto confluyeron diferentes actores sociales y políticos, el nacionalismo gallego sería quien lograría capitalizar el movimiento anti-nuclear, superando con mucho en sus convocatorias a las del PSOE, PCE, CCOO y UGT. En mayo de 1979 más de 8.000 personas marchaban de nuevo contra la central nuclear desde Viveiro hasta Xove, convocadas por la Asamblea Nacional Popular Galega, antecedente del BNG, en una movilización que sería apoyada con manifestantes llegados desde Asturies, el País Vasco, León y Madrid.
El final de los proyectos nucleares
Los accidentes nucleares de Harrisburg, Pensilviania, en marzo de 1979, y de Chernóbil, Ucrania, en abril de 1986, así como el recrudecimiento de la carrera armamentística entre los EEUU y la URSS, provocarían un fuerte desprestigio de la energía atómica, percibida como una tecnología peligrosa y asociada al riesgo de una guerra con armas destrucción masiva.
En este contexto el movimiento ecopacifista ganaría apoyos en todo el mundo y en países como Italia llegaría incluso a prohibirse la energía nuclear en un referéndum celebrado en 1987.
Tras la victoria del PSOE en octubre de 1982 el Gobierno de Felipe González tendría que cumplir su promesa electoral de una moratoria nuclear que paralizase al menos los proyectos en marcha. No le resultaría del todo difícil, ya que la energía nuclear no vívia su mejor momento, y las eléctricas parecían en muchos casos más interesadas en pactar indemnizaciones que en arriesgarse a inaugurar nuevos reactores.
En 1984 el Gobierno revisaba el Plan Eléctrico Nacional y limitaba la construcción de nuevas centrales a cuatro, paralizando otras cinco, entre ellas las de Cantabria y Galicia. Los costes de la moratoria, eso sí, no correrían a cargo de las eléctricas, sino que serían traspasados al erario público, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y a los consumidores en el recibo de la luz hasta el año 2015.
