Hace unos días, el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos en el Gobierno del Principado de Asturias, Ovidio Zapico (IU), escribía un artículo de opinión en el marco de la actual negociación presupuestaria que titulaba Presupuestos y acuerdo progresista. Llama poderosamente la atención que de lo que menos habla en su análisis sea precisamente de las cuentas autonómicas, optando por desplazar el marco a una negociación de bloques parlamentarios, izquierda frente a derecha, como base de todo lo demás. Ese bloque, en su peculiar concepción del término “izquierda”, incluye al Partido Socialista, a su propia marca (IU-Convocatoria por Asturies) y a una diputada no adscrita a ninguna formación política.
Esto no es nuevo. En un clima de ciclo electoral continuo, algunas formaciones políticas apelan nerviosa, y un tanto cansinamente, a la unidad de la izquierda. No en vano, el propio consejero asturiano lanzó el pasado verano un llamamiento a la unidad de la izquierda en forma de “frente popular”, que fue recibido de forma dispar entre los supuestos protagonistas. El propio presidente del Principado (sí, ese frente popular incluiría al PSOE) centraba la cuestión en el momento presente e instaba a su consejero a trabajar para frenar a la derecha. Desde Podemos le recordamos al consejero su capacidad para hacer política desde el gobierno y, por tanto, de legislar en favor de la mayoría social empezando por uno de los problemas más graves que tenemos en este momento en Asturies: la vivienda.
No sorprende, entonces, que Zapico desplace la conversación a la política de bloques cuando se trata de abordar la negociación de presupuestos, ya desde la primera línea de su artículo, que señala: “La extrema derecha es una amenaza para la democracia y para el autogobierno asturiano”. Y no cabe duda de que la amenaza de la extrema derecha es ya una realidad que, paso a paso, está revirtiendo algunas de las políticas y consensos más avanzados en materia de feminismo, racismo, memoria democrática o lucha contra el cambio climático, pero no es menos cierto que, como dijo la exministra Irene Montero, al fascismo se le para con más derechos. Y es aquí donde reside la clave de la cuestión y donde debemos ponernos serios. No parece responsable apelar de manera reiterada a esa futura unidad cuando se tiene la capacidad de gobernar, de ejecutar y, por tanto, de transformar. No parece estratégico apelar a “frentes populares” cuando se tiene en las manos sobradas herramientas para hacer políticas que no solo mejoren el día a día de la gente, sino que den la batalla ideológica a la extrema derecha.
Resulta difícil entender cómo en el contexto asturiano de crisis habitacional, las políticas de la Consejería que preside Ovidio Zapico, con sus poderosas Direcciones Generales de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, no solo brillan por su ausencia, sino que van, incomprensiblemente, en la línea opuesta a facilitar el acceso a una vivienda en nuestra comunidad, asunto este central en la vida de las personas y sobre el que, lisa y llanamente, no se está actuando de forma contundente. Desde Podemos Asturies llevamos más de un año denunciando la falta de aplicación de la Ley de Vivienda en una de sus herramientas más directas y efectivas: la declaración de zonas tensionadas que, dos años y medio desde el inicio de la legislatura, no existen en Asturies. Se han hecho anuncios, correcciones y reanuncios, pero no se ha tocado el mercado del alquiler.
Por el contrario, el intento naif por parte del Director General de Vivienda de extrapolar modelos de colaboración público-privada que funcionan en otras comunidades, como Navarra, se dan de bruces con la inexistencia de un ecosistema y una dinámica propias que faciliten dichas colaboraciones entre la Administración y el sector privado, dando resultados rocambolescos en algunos concejos asturianos, como la edificación de vivienda protegida con un precio por metro cuadrado (1.885€) por encima de la disponible en el mercado libre (1.505€). Por su parte, la medida estrella de IU para lograr vivienda accesible, el plan “Alquilámoste”, acaba de ser anunciado con alborozo y pretende movilizar vivienda desocupada ofreciéndola en el mercado a precios asequibles.
Por desgracia, nos tememos que la euforia del candidato Maíllo al hacerse eco del anuncio (seguramente ávido de poder contar alguna medida de su consejero asturiano) no se va a corresponder con la realidad y no será motivo de satisfacción para “la clase trabajadora”. Ya se ha advertido la primera contradicción en las anunciadas bases, que dejan fuera de este plan a quienes perciben el SMI. De manera tan incomprensible como paradójica, este plan estrella cifra los ingresos mínimos para posibles beneficiarios en rentas desde los 16.800€ anuales, cuando quien percibe el Salario Mínimo Interprofesional ingresa 16.576€ al año. Pareciera, como critican algunos expertos, que la medida se ha diseñado para la exclusión de las personas más precarias. Es llamativo, sin duda, en la Izquierda Unida que antaño trajo a Asturies el Salario Social Básico y hoy restringe el acceso al alquiler barato a quienes están en mayor riesgo de pobreza. Por no hablar de que la mayoría de las personas perceptoras del SMI son mujeres y jóvenes.
Cabe señalar, pues los datos son recientes, que Asturies es la comunidad autónoma donde más sube el precio de la vivienda en el norte de España: el Barómetro Inmobiliario Español Q3-2025 revela que los pisos han aumentado de precio un 16,3% en el último año y un 35,4% en los últimos tres años, mientras que las casas han registrado un incremento anual del 13%, con máximos históricos en Oviedo (17,4%) y Gijón (17,7%). Además, la compra de vivienda por parte de extranjeros se ha disparado, situando a Asturias a la cabeza de todo el Estado. Compras que, en su mayoría, se hacen a tocateja. Con este panorama, resulta chocante que el consejero esté más preocupado de pergeñar un bloque “de la izquierda” para la negociación presupuestaria y en un sentido amplio, para 2027, que de abordar el preocupante marco estructural que envuelve hoy a Asturies.
Detengámonos un momento en él. Desde Podemos Asturies llevamos tiempo diciendo que el PSOE asturiano tiene un problema con los servicios públicos. En esta legislatura hemos asistido a movilizaciones históricas en la enseñanza pública, en todos sus ciclos, desde el conflicto que estos días tiene lugar con las educadoras de 0 a 3 en huelga, hasta las huelgas generales en Primaria y Secundaria de la pasada primavera que se consiguieron tumbar a la consejera del ramo. En esta legislatura han salido a la calle a las trabajadoras de los Servicios Sociales, así como usuarios y usuarias de centros de salud de numerosas localidades que claman por la falta de recursos en la atención primaria, produciéndose incluso una nutrida manifestación por la sanidad pública el pasado 9 de noviembre en Gijón.
Al mismo tiempo que en ámbitos esenciales para la defensa de lo público como la Sanidad, la Educación o los Cuidados hay grandes movilizaciones, asistimos con asombro al desembarco de la sanidad privada, con el tristemente famoso grupo Quirón; pero también de las mal llamadas “universidades” privadas, con centros previstos en Oviedo, Gijón y Avilés, enfocados (de nuevo la paradoja) a los estudios sociosanitaros. Tal es el descaro del gobierno con este asunto que se ha agilizado la burocracia para la instalación de estos centros privados antes de la aprobación de la regulación estatal que iba a poner coto a los chiringuitos empresariales educativos. Del mismo modo que la conocida Ley PIER, de Proyectos de Interés Estratégico, reduce al mínimo los controles para poner el territorio al servicio de las multinacionales, sean de comercio, sean de la energía, el consejero Borja Sánchez alfombra el camino de la educación universitaria privada. Nuestro diagnóstico es, a este respecto, claro: estamos ante el inicio del fin del modelo de bienestar social asturiano en lo que supone una suerte de traición romana a la labor histórica del propio Partido Socialista en Asturies, que fue su artífice. IU, por su parte, acompaña desde el gobierno la privatización encubierta de lo más esencial que tenemos para protegernos de la desigualdad y de esas extremas derechas que tanto temen.
Expuesto el marco, volvamos a la negociación presupuestaria. ¿De qué habla ese “bloque de la izquierda” cuando se refiere a las cuentas públicas? Hasta el momento, de fiscalidad. Fue, de hecho, la condición fundamental que exigió la diputada no adscrita para que ese “bloque” pudiera actuar como tal. Conseguida una subida impositiva anecdótica en los casos de adquisición de vivienda por parte de grandes tenedores, el voto favorable de quien ocupa un escaño que pertenece a Podemos y a las más de veinte mil asturianas y asturianos que nos votaron en 2023 ya está garantizado. ¿De qué hablaríamos si dispusiésemos de nuestro legítimo voto en la Xunta Xeneral? No se estaría hablando de bloques, ni se estaría agitando el fantasma de la ultraderecha con la visión cortoplacista de las elecciones de 2027. Exigiríamos al Gobierno de Adrián Barbón y Ovidio Zapico medidas contundentes para proteger y fortalecer nuestros servicios públicos, garantía de nuestro estado de bienestar. Pediríamos como condición obligada para la aprobación de cualquier cuenta pública que no se permitiese la llegada de las universidades privadas a Asturies ni mucho menos que sus estudiantes hagan las prácticas en el sistema sanitario público. Exigiríamos que se cortara el grifo al célebre Grupo Quirón, emprendiendo medidas reales de fortalecimiento de nuestra Sanidad, garantizando económicamente plantillas completas y estables en toda la arquitectura sanitaria.
Además de estas cuestiones claras, concretas, de defensa serena de lo público, exigiríamos medidas también tangibles en esa dimensión que algunas personas juzgan simbólica, pero es tan material como la dignidad propia. IU ostenta las competencias de memoria democrática en Asturies y hace escasas semanas diecisiete colectivos memorialistas denunciaron su inacción en esta materia. Sí, están produciéndose necesarias exhumaciones, pero el espacio público sigue tomado por símbolos fascistas, que en dos años y medio de este gobierno siguen donde están; y cuestiones tan básicas para una administración como promover convocatorias económicas que ayuden a esta encomiable labor de la sociedad civil memorialista no se están realizando. Cabría malpensar que se quiere silenciar y retirar recursos a quienes llevan cincuenta años peleando los principios de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la guerra y la dictadura franquista. Por supuesto, también pondríamos el foco en algo que nos obliga a recordar de nuevo la valentía de la ministra Irene Montero al frente de la cartera de Igualdad: Asturies no tiene una ley propia que proteja los derechos de la comunidad LGTBI, y solo por la acción de la norma estatal aprobada por Montero goza de mayor protección.
Los presupuestos son una herramienta política fundamental. La única, de hecho, que tenemos desde la izquierda cuando estamos gobernando para garantizar la libertad, la dignidad y los derechos, la alegría, en suma, de la mayoría social. Que en plena discusión de las cuentas asturianas de 2026 el señor Zapico esté agitando el miedo a la ultraderecha y pensando en casuísticas electorales es irresponsable. Sobre todo, porque los reaccionarios no están por venir, ya conviven con nosotros: agitan, por ejemplo, desde hace ya varias noches, el odio a las personas pobres y en situación de vulnerabilidad en el barrio gijonés del Natahoyo. Llegará el momento de hablar de la unidad y no será Podemos quien rehúya esa conversación, pues fue la formación política que propició el primer gobierno de coalición progresista desde la Segunda República. Pero tenemos claro que solo una izquierda valiente, con voluntad real de transformación y que no eluda la confrontación con el PSOE en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, del territorio, de lo público y de los valores feministas democráticos es la que podrá llevar a cabo esa unidad.
