WWF acusa a Asturias y otras tres comunidades de intentar reabrir la caza del lobo “ignorando la ciencia”

La organización ecologista respalda el informe del Ministerio y critica el documento impulsado por Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León.

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

WWF España ha denunciado el intento de Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria de promover un cambio en el estatus de protección del lobo ibérico para permitir su caza mediante un informe alternativo al del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que, a su juicio, “ignora la evidencia científica disponible”.

La organización ecologista ha advertido de que este movimiento se produce en vísperas de que España remita a la Comisión Europea el informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de conservación de especies y hábitats incluidos en la Directiva Hábitats.

Según WWF, el documento elaborado por el MITECO concluye que el lobo presenta un estado de conservación “desfavorable” tanto en la región atlántica como en la mediterránea, debido a problemas como la baja diversidad genética, la endogamia, la escasa conectividad entre poblaciones y la elevada mortalidad causada por la actividad humana.

La ONG respalda el informe ministerial al considerar que incorpora criterios científicos y genéticos “esenciales” y aplica correctamente las directrices europeas.

Por el contrario, critica que el documento impulsado por la Xunta de Galicia y respaldado por Asturias, Cantabria y Castilla y León se basa en datos “fragmentados e incompletos” y minimiza las amenazas que afectan a la especie.

A juicio de la organización, detrás de esta iniciativa existe un “objetivo político” orientado a facilitar la reanudación de la caza del lobo y satisfacer intereses sectoriales.

Además, WWF considera “especialmente grave” que las cuatro comunidades intenten que su informe sea el remitido finalmente a Bruselas en lugar del elaborado por el ministerio.

La organización ha reclamado que España envíe a la Comisión Europea una evaluación basada en criterios científicos rigurosos y ha insistido en que el estado actual del lobo no justifica una reducción de su nivel de protección.

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